Si no se soluciona el problema de gestión de los servicios de Salud y Educación, las nuevas estructuras del Poder Judicial están sentenciadas a abarrotarse más tarde que temprano

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Gobernar sin exclusión

El informe de la Comisión de Notables conformado por la Presidenta de la República es un esfuerzo intelectual de un grupo de habitantes destacados en diferentes áreas.
Sin embargo, cuando revisamos las reacciones de los y las costarricenses, expresadas por diferentes medios, especialmente en redes sociales, debemos meditar sobre el grado de deterioro que presenta nuestro sistema en materia de credibilidad.
El informe es una herramienta para el debate con toma de decisiones, y en este sentido hay que centrar su atención en la identificación de los problemas y el abordaje de soluciones.
En esa dirección no podemos entrar en el error de confundir las causas con las consecuencias, aspecto que es esencial a efecto de identificar la prioridad en las respuestas.
Por ejemplo, cuando se habla de reformas urgentes a la Sala Constitucional una de la justificaciones es la cantidad de casos a conocer; no obstante sabemos que unos de los temas de análisis más reiterados en el órgano constitucional lo son la salud y la educación, entonces podemos afirmar que la urgencia está en resolver el origen de las quejas y no quien las juzga.
Si no se soluciona el problema de gestión de los servicios de Salud y Educación, las nuevas estructuras del Poder Judicial están sentenciadas a abarrotarse más tarde que temprano.
Las propuestas planteadas no deben considerarse verdades absolutas, son tan solo eso… propuestas que podemos apoyar, criticar y quizás lo más importante, intentar mejorar.
A partir de este informe las y los costarricenses nos enfrentamos ante una expectativa más de las muchas creadas y está en manos de los actores políticos aprovechar la oportunidad para hacer un esfuerzo diferente o mantener la dinámica de convertir ideas sistematizadas en un documento más que los habitantes suman a su lista de desencantos.
Es por eso que resulta imprescindible identificar los actores políticos en cuya competencia se encuentra la toma de decisiones, luego definir el procedimiento para la discusión de la propuesta y aquí se vuelve obligatorio decidir cómo incorporar a la sociedad civil y cuánto será el plazo para tener por concluido el debate y la decisión final.
Todo lo anterior no debería evitar que aquellas ideas que dependen del Ejecutivo y en las que existan consenso, puedan implementarse con el fin de ir generando en las personas un ambiente de confianza.
También debe avanzarse en la idea de cómo lograr que el gobierno que iniciará funciones en 2014 pueda dar seguimiento a la solución al problema de la gobernabilidad o de gestión administrativa del país.
Costa Rica está frente a una oportunidad: de dar muestras claras de cambiar una realidad que nos ahoga como país; pero también depende de que las y los costarricenses tomemos un riesgo más, el riesgo de confiar nuevamente y a partir de acciones concretas, apoyar las reformas.
Costa Rica necesita esa oportunidad y debemos aprovecharla, pero volver atrás aniquilaría nuestro sistema democrático.

Luis Gerardo Fallas Acosta

Defensor Adjunto de los Habitantes