Pedro Oller

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Martes 5 Febrero, 2013

El TSE y/o el Ministerio Público abrieron procesos de investigación y/o acusaciones penales a diez partidos políticos. ¿De qué se trata? De revisar el relajo en que se ha convertido la deuda política en este país


En deuda

El 2013 nos ha recibido con una buena nueva: La Sala Constitucional ha acogido para estudio una acción de inconstitucionalidad presentada por Gabriel Bonilla, Rodrigo Alberto Carazo y Federico Malavassi, contra los artículos 115 al 119 del Código Electoral que rige desde el 2009.
¿De qué se trata? De revisar el relajo en que se ha convertido la deuda política en este país. Una acción bien pensada y fundamentada en la jurisprudencia que la misma Sala ha fijado respecto al tema.
Es un primer paso en la dirección correcta para devolver la dignidad y la esperanza a quienes con nuestro aporte, contribuimos necesariamente y sin consulta a la política costarricense.
Repasemos: El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y/o el Ministerio Público han abierto procesos de investigación y/o acusaciones penales a diez partidos políticos. De nuevo el número, porque escribo y no me lo creo, diez partidos políticos.
Se escapan pocos, ya que los indagados son Liberación Nación Nacional, el Movimiento Libertario, el PIN, el Partido Unidad Social Cristiana, el PAC, Renovación Costarricense, Accesibilidad sin Exclusión (PASE), Alianza Patriótica, Partido del Sol y Coalición Unidos por San Carlos.
Todos identificados por un endémico común denominador: Defraudar de forma planificada, organizada, consciente y culpable al Estado costarricense mediante cobros falsos, indebidos o inexactos.
La acción acogida para estudio por la Sala se fundamenta en la sentencia de esta que se remonta a 1991 y que estableció la ilegalidad del pago adelantado así como que la base de los resultados de las anteriores elecciones fuese criterio para su liquidación.
Por tanto,
- ¿Cómo es que la banca estatal se dedica a financiar amañadas campañas políticas sujetas al análisis posterior que hará el TSE de la liquidación de gastos y que, frente a la realidad que estamos viendo en torno a diez partidos, será de difícil o imposible recuperación?
- ¿Qué dirá la Sala para la cual el resultado de las anteriores elecciones era un criterio discriminatorio, enfrentada a la especulativa apuesta de fondos públicos basados en encuestas?
- Peligrosos e igualmente discriminatorios criterios contrarios a lo establecido por los artículos 95 y 96 de la Constitución.
Esto no se trata de motores de plasma ni de algo que requiera complejas consideraciones. Escribía el Dr. Gerardo Trejos (QdDG) en su calidad de presidente de la Comisión Legislativa encargada de estudiar las irregularidades en torno al cierre del Banco Anglo en lo que respecta a las Recomendaciones: “4. Que el Ministerio Público analice si los créditos concedidos a los “políticos empresarios” y a los empresarios ligados a los políticos fueron otorgados dentro del marco de la legalidad y si los dineros provenientes de esos créditos fueron o no desviados para otros fines.”

Pedro Oller