En una democracia las investigaciones judiciales se llevan a cabo en estricto apego al debido proceso, y no “a punta de garrote”

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El OIJ y el garrote

Mucho se ha comentado en los medios de comunicación sobre la investigación que se sigue en contra de la jueza coordinadora del Tribunal Penal de Limón Rosa Elena Gamboa, a quien se le atribuye el haber recibido pagos a cambio de dejar en libertad a imputados en causas de narcotráfico.
Sin embargo, más allá de los hechos en investigación, lo que estas noticias no han mencionado es que en el allanamiento los agentes del Organismo de Investigación Judicial ingresaron violentamente al domicilio de la jueza arrancando el portón de la entrada para arrestarla en un operativo absolutamente desproporcionado, en medio de un caso que no reunía ninguna condición de peligrosidad que ameritara ese excesivo uso de fuerza.
La juzgadora era perfectamente ubicable en los Tribunales de Limón en cualquier momento del día y podía ser citada de forma civilizada en su despacho para presentarse inmediatamente a la fiscalía y ser detenida en el mismo edificio.
No se trataba aquí del ingreso a la casa de una banda armada o del rescate de un secuestrado, sino de una jueza plenamente conocida por las autoridades. ¿Entonces, cuál presunción de fuga existía, o cuál era el inminente peligro que ameritaba este estrambótico despliegue de violencia y destrucción de propiedad privada por parte de decenas de agentes del OIJ?
¿Era esa actuación indispensable para asegurar la detención de la sospechosa, o fue nada más un circo montado para construir el prejuicio en su contra y mostrar el poderío del Ministerio Público y sus órganos auxiliares?
Hoy en día son comunes estas desmedidas actuaciones en “casos sonados”, ordenadas por el Ministerio Público con el único afán de crear un “show” que incida en la psiquis de los jueces para asegurar que acojan sus peticiones de prisión preventiva sin mayor dificultad.
Y como si esto fuera poco, la Inspección Judicial se presenta como el eterno aliado del órgano acusador, sancionando automáticamente a cualquier juez que deje en libertad a un imputado en un caso mediático, pese a que extrañamente nunca se ha escuchado que se sancione a un juzgador por dejar a alguien preso erróneamente. ¿Será que los errores judiciales se cometen solo para un lado?
Esos actos desde el OIJ y la fiscalía no solo son abiertamente abusivos, sino que además les envían a los jueces un preocupante mensaje cada vez menos sutil: "si no nos resuelve como lo pedimos, le botamos la casa, destruimos su imagen"... A los que pongan en duda que esa sea la intención de estos actos, los insto a que se hagan la siguiente pregunta: ¿Si la jueza de este caso fuera sospechosa de aceptar dinero pero para dejar a los imputados presos en vez de liberarlos, se hubiera ingresado a su casa con esa misma violencia?
Harían bien los órganos encargados de la persecución penal en recordar que en una democracia las investigaciones judiciales se llevan a cabo en estricto apego al debido proceso, y no “a punta de garrote”.

Gerardo Huertas Angulo

Abogado penalista
ghuertas@lexpenal.cr