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Dos mil proyectos solidarios rechazados, por no ser rentables
Apertura deshumanizó al ICE

Sin telefonía e Internet, comunidades rurales esperan recursos de la competencia

Mayorga es una región de ventosas y soleadas fincas, con vistas típicas de la altura guanacasteca. A diferencia de Liberia su centro político y comercial, aquí los servicios públicos se limitan a electricidad y agua, pues el teléfono e Internet son lujos que se quedan en la zona turística de la provincia.
Estas disparidades las viven en carne propia los habitantes de Nueva Zelandia, un pequeño y rural poblado de Mayorga, que ya ha reclamado ambos servicios al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Antes, dar la respuesta correspondía al ICE, y hoy le corresponde a Fonatel, que es la entidad que recibió el dinero pagado por Movistar y Claro para competir en el mercado de telefonía celular.
Además, ese fondo recibe un porcentaje de los impuestos que todas las telecom deben cancelar, y es Fonatel la responsable de pagar y financiar la universalidad de estos servicios.
Por ello, ahora este tipo de proyectos son declarados de inmediato como no rentables por el Instituto, el cual pasa la responsabilidad de su construcción a la Sutel.
De hecho, existe una lista con más de 2 mil solicitudes para dotar de servicios de telefonía e Internet a localidades desprovistas de ellos, considerados como proyectos solidarios; no obstante, todos han sido rechazados por el ICE.
Aquí entran solicitudes de poblados en La Roxana de Pococí, Sixaola en Talamanca, Coquital de Los Chiles, Guápiles en Pococí, entre muchos otros.
De hecho, desde la apertura es el Estado el que tomó la responsabilidad de universalizar los servicios en Costa Rica, y el dinero está en Fonatel, el cual está a cargo de Sutel, puntualizó Juan Manuel Campos, analista de Ciber Regulación.
Ahora, esta responsabilidad cambió, y ha sido motivo hasta de recursos de amparo ante la Sala Constitucional.
Los vecinos de Cultivez, una localidad caribeña de Pacuarito —seis kilómetros después de Guápiles— acudieron en diciembre ante los magistrados a reclamar su derecho a telefonía fija, tras más de diez años de esperar el servicio por parte del ICE.
La Sala falló en contra del Instituto, pero en lugar de ordenarle hacer el proyecto para llevar el servicio a los más de mil habitantes de la localidad, le exigió plantear el proyecto con cargo a Fonatel para que este “valore” su instalación.
Esto implica que los residentes de esta comunidad, al igual que en las restantes, tendrán que seguir esperando por los dineros de Fonatel.
Se trata de casi $200 millones compuestos por el fondo de $170 millones pagado por Movistar y Claro para tomar parte en la competencia, y los impuestos que las empresas que utilizan el espectro radioeléctrico pagan por operar.
Los recursos se encuentran actualmente en un fideicomiso, mientras se trabaja en la contratación de la Unidad de Gestión que se encargará de su administración, así como en la especificación de los proyectos, de acuerdo con Maryleana Méndez, representante de la Superintendencia.
Si los concursos comienzan a realizarse para octubre, esto implica que los primeros proyectos sociales no comenzarían a abordarse hasta el próximo año.
“Todos hubiéramos querido que Fonatel se ejecutara más temprano, pero había formalidades y requerimientos que completar”, dice Alexander Mora, presidente de Camtic.
Dependerá de la nueva Unidad Gestora si los habitantes de Nueva Zelandia de Mayorga tendrán acceso a Internet, o si los de Cultivez podrán comunicarse vía telefónica con el resto del país.
También dependerá de la Unidad Gestora, si quien construye esos proyectos es una empresa privada, o el ICE.
Luis Valverde
[email protected]


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