En la actualidad se encuentran vigentes 340 leyes aprobadas desde 1950, que contemplan algún tipo de incentivo fiscal

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Alto a las exoneraciones

Sin importar quién gane la Presidencia de la República dentro de un mes, el próximo gobernante deberá ocupar una buena parte de su tiempo y esfuerzo, en la aprobación de una nueva reforma fiscal, pues de lo contrario, el país podría enrumbarse hacia el despeñadero.
Sin embargo, la solución al déficit que ya asciende al 6% de la producción, no pasa únicamente por colocar nuevas cargas impositivas sobre los trabajadores y las empresas, por el contrario, la respuesta debe verse desde una perspectiva más amplia.
Bajo esa premisa, el accionar del nuevo Gobierno debe estar enfocado en primera instancia en darles mayores dientes a la policía fiscal, para evitar que los evasores se salgan con la suya, en cuenta los miles de profesionales liberales que viven en casas de lujo y conducen autos caros y no pagan impuesto de renta por sus ingresos. Un estudio de Hacienda calculó que siete de cada diez profesionales liberales no tributan.
Por otra parte, es importante hacer un análisis de las exoneraciones existentes, pues en determinado momento el asunto se nos fue de las manos.
En la actualidad se encuentran vigentes 340 leyes aprobadas desde 1950 que contemplan algún tipo de incentivo fiscal.
Esto significa que una de cada 25 leyes promulgadas desde esa fecha hasta abril del año en curso, han sido creadas para favorecer a algún sector, sin importar el perjuicio que conlleve para el aparato estatal, de acuerdo con el último informe Estado de la Nación.
Lo peor de la situación es que la mitad de esas normativas no contienen ningún tipo de control, regulación o seguimiento, es decir, que solo se limitan a indicar que se exonera a ciertos grupos o actividades, sin concretar de forma explícita el plazo de vigencia del incentivo.
Esto se podría estar traduciendo en la praxis en la promoción de ayudas injustificadas, que ya no son de recibo por la coyuntura actual.
El accionar de los diputados y el Gobierno de aprobar nuevas exoneraciones de forma regular es tan perniciosa, como la creación de nuevos programas e instituciones que no tienen contenido económico, pues eso genera una mayor presión sobre el presupuesto de la República.
En ese sentido, el Ministerio de Hacienda debe ser un actor importante para evitar que a los diputados se les vaya la mano, pues estos, responden a otro tipo de intereses mucho más cercanos a sus comunidades que a los asuntos nacionales.
Por su parte, el nuevo gobernante debe ser lo suficientemente sabio, para reconocer que los ricos deben pagar como ricos y que las grandes empresas, deben contribuir aún más al desarrollo nacional, pues ese cuento de la generación de empleos no es suficiente, cuando se ofrece una mano de obra calificada y un país conectado con todo el mundo a través del libre comercio.
Después de cumplir con todas esas tareas, el nuevo Gobierno podría pedirles a los costarricenses que se metan la mano en la bolsa para contribuir más, pues de lo contrario, sería un abuso injustificado para quienes apenas puedan pagar sus gastos en estos momentos.