Agresiones denuncian indígenas de Térraba
Luis Valverde lvalverde@larepublica.net | Viernes 25 mayo, 2012
Opositores a planta Diquís dicen ser víctimas de golpizas
Agresiones denuncian indígenas de Térraba
Enfrentamientos se habrían producido con líderes comunales de la zona
Una serie de agresiones fueron denunciadas por indígenas de la zona de Térraba, opuestos a la construcción de una represa hidroeléctrica en la región sur del país sin que se les reconozcan sus derechos sobre las tierras.
La primera de ellas habría ocurrido el 14 de mayo en contra de Pablo Sibar, líder indígena de la región, cuando fue enfrentado por varios sujetos en la zona de El Brujo de Buenos Aires.
Debido a los golpes fue necesario su traslado a la Clínica de Buenos Aires de Osa. El ataque supuestamente fue perpetrado por algunos líderes comunales de la región.
El 18 de mayo Sibar habría sido nuevamente atacado luego de ser perseguido por un vehículo. A raíz de esto se detuvo a una persona de apellido Fonseca, por presunto ataque con un cuchillo.
Como consecuencia de ello, varias comunidades indígenas de la zona se reunieron y firmaron un manifiesto para pedir protección a las autoridades policiales, pues temen que su posición respecto a la construcción de la represa Diquís y en defensa de sus tierras, les genere más enfrentamientos.
“Exigimos a las autoridades actuar de forma rápida, atrapar y mantener en la cárcel a los autores de ambos atentados. Deben investigarse las amenazas de muerte a otros líderes indígenas en Térraba”, dice la petición de protección ante las autoridades.
Los habitantes de la región consideran que en los últimos años ha venido acrecentándose una situación de racismo, que los ha llevado a tener varios choques.
En ese sentido recordaron la muerte de un indígena cabécar en 1997 por negarse a permitir la cacería en su finca; más recientemente, el incendio de la vivienda de Ramona Ortiz para obligarla a salir de sus tierras, entre otros.
El territorio indígena de Térraba enfrenta actualmente diversas luchas que han generado fuertes encontronazos.
La comunidad libra una batalla de poder entre distintos gremios y representaciones sociales, entre ellos los representantes indígenas, líderes comunales, y de asociaciones de desarrollo.
Asimismo, una de las principales fuentes de discordia ha sido la construcción en la zona de la represa hidroeléctrica Diquís, con un costo cercano a $2 mil millones y con la cual se pretende satisfacer la demanda de alrededor de un millón de abonados.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) había tomado la decisión de seguir en marcha con el proyecto, pese a que no había efectuado previamente una consulta a los pueblos indígenas.
El problema es que parte del proyecto toca las tierras de estos habitantes y de acuerdo con la legislación, no se podría efectuar sin su permiso.
Para llenar la represa se construirá un lago artificial, como el del Arenal, que abarcará 55 kilómetros cuadrados. Esto implica remover unas diez comunidades.
Pese a estos inconvenientes, algunas etapas del proyecto han seguido su curso, como por ejemplo los estudios de impacto ambiental, adjudicados por el Banco Interamericano de Desarrollo al consorcio estadounidense-canadiense Louis Berger Group & Klohn Crippen Berger, por un $1 millón.
Luis Valverde
lvalverde@larepublica.net
Agresiones denuncian indígenas de Térraba
Enfrentamientos se habrían producido con líderes comunales de la zona
Una serie de agresiones fueron denunciadas por indígenas de la zona de Térraba, opuestos a la construcción de una represa hidroeléctrica en la región sur del país sin que se les reconozcan sus derechos sobre las tierras.La primera de ellas habría ocurrido el 14 de mayo en contra de Pablo Sibar, líder indígena de la región, cuando fue enfrentado por varios sujetos en la zona de El Brujo de Buenos Aires.
Debido a los golpes fue necesario su traslado a la Clínica de Buenos Aires de Osa. El ataque supuestamente fue perpetrado por algunos líderes comunales de la región.
El 18 de mayo Sibar habría sido nuevamente atacado luego de ser perseguido por un vehículo. A raíz de esto se detuvo a una persona de apellido Fonseca, por presunto ataque con un cuchillo.
Como consecuencia de ello, varias comunidades indígenas de la zona se reunieron y firmaron un manifiesto para pedir protección a las autoridades policiales, pues temen que su posición respecto a la construcción de la represa Diquís y en defensa de sus tierras, les genere más enfrentamientos.
“Exigimos a las autoridades actuar de forma rápida, atrapar y mantener en la cárcel a los autores de ambos atentados. Deben investigarse las amenazas de muerte a otros líderes indígenas en Térraba”, dice la petición de protección ante las autoridades.
Los habitantes de la región consideran que en los últimos años ha venido acrecentándose una situación de racismo, que los ha llevado a tener varios choques.
En ese sentido recordaron la muerte de un indígena cabécar en 1997 por negarse a permitir la cacería en su finca; más recientemente, el incendio de la vivienda de Ramona Ortiz para obligarla a salir de sus tierras, entre otros.
El territorio indígena de Térraba enfrenta actualmente diversas luchas que han generado fuertes encontronazos.
La comunidad libra una batalla de poder entre distintos gremios y representaciones sociales, entre ellos los representantes indígenas, líderes comunales, y de asociaciones de desarrollo.
Asimismo, una de las principales fuentes de discordia ha sido la construcción en la zona de la represa hidroeléctrica Diquís, con un costo cercano a $2 mil millones y con la cual se pretende satisfacer la demanda de alrededor de un millón de abonados.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) había tomado la decisión de seguir en marcha con el proyecto, pese a que no había efectuado previamente una consulta a los pueblos indígenas.
El problema es que parte del proyecto toca las tierras de estos habitantes y de acuerdo con la legislación, no se podría efectuar sin su permiso.
Para llenar la represa se construirá un lago artificial, como el del Arenal, que abarcará 55 kilómetros cuadrados. Esto implica remover unas diez comunidades.
Pese a estos inconvenientes, algunas etapas del proyecto han seguido su curso, como por ejemplo los estudios de impacto ambiental, adjudicados por el Banco Interamericano de Desarrollo al consorcio estadounidense-canadiense Louis Berger Group & Klohn Crippen Berger, por un $1 millón.
Luis Valverde
lvalverde@larepublica.net