Enviar
Negociación con empleados públicos será dura
Razón por optimismo:  Reforma salarial

Ahorros del Gobierno serían de $2 mil millones al año

La reforma salarial, propuesta la semana pasada por el Gobierno, pretende hacer razonables los beneficios que reciben los burócratas, así como eliminar los abusos actuales.
Si los cambios se aprobaran, el ahorro en dinero público sería de casi $4 mil millones para 2014 y 2015, así que resolvería en gran parte el problema crónico de los últimos años, durante los cuales el Gobierno gasta mucho más de lo que ingresa.
La negociación con los sindicatos será dura.
Sin embargo, no es sostenible seguir pagando los actuales privilegios a los trabajadores, cuya compensación representa más del 80% del gasto público.
Con tanto dinero utilizado para el pago de los salarios, el Estado queda con pocos recursos, para invertir en proyectos que benefician el país, desde carreteras hasta equipos médicos.
El objetivo de la propuesta es eliminar las diferencias que actualmente existen, a veces vastas, entre los trabajadores del Estado por un lado, y por el otro, sus homólogos del sector privado, que no cuentan con los pluses en los sueldos.
Actualmente, hay casos de burócratas ganando hasta seis veces más que alguien en una empresa, haciendo el mismo trabajo.
La iniciativa se centrará en cuatro incentivos, que generan más gasto público —cesantía, dedicación exclusiva, anualidades, y disponibilidad— los cuales significan no menos de tres cuartas partes del salario de un empleado.
En el caso de la cesantía, hay topes de 25 años en el Estado, a diferencia del máximo de ocho años en el sector privado.
Los demás incentivos de igual forma son mucho más amplios para los burócratas, que en las empresas privadas.
La reforma será aplicada a todos los ministerios del Gobierno central, así como a instituciones descentralizadas, autónomas y municipalidades.
Por su parte, el ICE y la Caja ya iniciaron un proceso de movilidad laboral voluntaria, para enfrentar sus retos financieros, con el propósito de ahorrar cada año unos $170 millones y $200 millones, respectivamente.
Para estimular la salida de trabajadores, ambas instituciones pagarían un extra de cuatro salarios mensuales de promedio, más la cesantía.
Los trabajadores con un mínimo de cinco años de laborar, pueden optar por la salida voluntaria.
Por su parte, los bancos públicos desde hace varios años, cuentan con el régimen de salario único, que elimina muchos de los privilegios.
Una de las grandes dudas acerca del plan, es cuán realista sea.
El Gobierno puede eliminar varios incentivos salariales sin negociaciones, dado que no son derechos adquiridos, como los casos de la dedicación exclusiva y la disponibilidad.
Sin embargo, en lo que se refiere a los demás beneficios, el Gobierno tendrá que llegar a un acuerdo con los sindicatos del sector público, que han dicho que están opuestos a la reducción de estos.
En las negociaciones, que empezarían a partir de este mes, los representantes gubernamentales utilizarán el argumento, de que al seguir con una fuerza laboral tan costosa, existe la posibilidad de quiebra de algunas instituciones públicas, así que los empleados se queden sin nada.
Actualmente, hay varias entidades que destinan casi todo su presupuesto a salarios.
Mientras tanto, los sindicalistas pueden apelar la legalidad de sus derechos, para defender los privilegios.
Además, podrían acudir a tácticas más rudas, como huelgas, manifestaciones y bloqueos.
Los efectos de la reforma, de avalarse el próximo año, serían significativos.
El ahorro en salarios del sector público sería de casi $4 mil millones en 2014 y 2015, según cálculo realizado por LA REPUBLICA.
El monto de $2 mil millones al año, significaría un gran paso adelante para las finanzas públicas, de hecho equivale al déficit público de este año.
Con un ahorro tal, el Gobierno pediría menos préstamos, y tendría un menor nivel de endeudamiento, que al final el público tendrá que cancelar.

Oscar Rodríguez
[email protected]

Ver comentarios