9000 - 2250

Notarán lo curioso del título del presente artículo. Son dos cantidades: 9000 y 2250. Lo pusimos así tratando de que esto pudiera llamar más la atención de quienes, semana a semana y en este prestigioso diario de negocios, La República, nos honran con su lectura de los artículos que estamos publicando por este medio, todos los viernes.

El número 9000 hace referencia a la cantidad de millones de dólares que están al resguardo del Banco Central de Costa Rica (BCCR), bajo la categoría de reservas internacionales, en dólares, esencialmente. Esos 9 mil millones de dólares son propiedad del Estado costarricense, es decir, de toda la población habitantes de nuestro país nacida en él o nacionalizada. En realidad, es un poco menos de esos 9 mil millones, por ahí de los 8.700 millones; pero, para efectos de mejor comprensión del mensaje que le queremos dejar a usted, hemos redondeado la cifra.

El número 2250 nos habla de los 2 mil 250 millones de dólares que el país recibiría a cambio de firmarle, prácticamente, un cheque en blanco al Fondo Monetario Internacional (FMI), para que este organismo multilateral de crédito de dudosa reputación en cuanto a las consideraciones sociales y humanitarias de su política de préstamos; le otorgue a Costa Rica un crédito (¡otro más!), bajo la modalidad de convenio de estabilización, conocido por su vocablo en idioma inglés como “stand by”.

Y esos 2250 millones de dólares se lo darían a Costa Rica en tres tractos, a razón de 750 millones de dólares cada uno. A cambio, el país debe asumir una serie de compromisos macroeconómicos y fiscales con el fin de ordenar sus finanzas públicas, las cuales presentan (entre otros problemas), dificultades enormes como el alto déficit, las obligaciones diarias del pago de intereses de la deuda pública y los abonos a la deuda misma; así como el tamaño de la misma con relación al Producto Interno Bruto (PIB).

Como es lógico suponer, dada la supremacía ideológica dominante en lo fiscal, nada se plantea dentro de tales compromisos, con relación a la urgente y siempre postergada, transformación tributaria estructural que la misma preservación de la Democracia está exigiendo hace tiempo.

De lo que públicamente se ha estado divulgando (pues el secretismo y la opacidad han caracterizado el proceso “negociador” del gobierno de Alvarado Quesada con el FMI), es que tales compromisos incluyen, por ejemplo: a) subir el impuesto al valor agregado (IVA), hasta el 15% o más; b) empezar el proceso de rebajas salariales para quienes laboran en el sector Público (que no es lo mismo que congelamiento salarial pues éste ya está operando, en la práctica); c) impuestos a la propiedad; y d) venta de activos: lo que queda de las empresas públicas patrimonio estatal que presentan atractivo rentable para el capital privado. Por ejemplo, las ya anunciadas Bicsa y Fanal; y ahora, muy probablemente, el Banco de Costa Rica, el ICE, el INS… para empezar.

Cada uno de los tópicos anteriores, cada uno por sí mismo, da para un abordaje extenso, profundo, diverso, multifacético. Por supuesto que esto no es posible en una única columna de opinión. Tampoco lo pretendemos en este momento.

Sin embargo, sí queremos ser enfáticos en lo siguiente. Los 2.250 millones de dólares que al país le prestaría el Fondo Monetario Internacional (FMI), apenas representan un 25% del total de las reservas monetarias que tiene en resguardo el Banco Central de Costa Rica (BCCR), que no son “propiedad particular” de éste (al que, ideológicamente, le han venido dado el concepto de “república independiente”), sino de toda la sociedad; reservas monetarias que estarían ya llegando a los 9 mil millones de dólares.

Por tanto, cabe preguntarse: ¿serán capaces los extremistas ideológicos que hegemonizan el control de la política económico-fiscal del país, dentro y fuera del presente gobierno, de someternos a un altísimo estrés social, a una confrontación social abierta, dada la necesaria y obligada respuesta civil organizada que habrá que darle a las condiciones del crédito “stand by” con el FMI; préstamos que apenas representa un 25% del total de las reservas monetarias internacionales propiedad del país y que custodia el BCCR?

¿Valdrá la pena confrontarse con una sociedad en camino tormentoso hacia una gran precariedad, altamente enojada y molesta; brava por el impacto negativo del combo fiscal (sobre todo la aplicación del IVA); y, para peores, con las graves consecuencias negativas sociales y económicas de la pandemia? ¿Están dispuestos a correr ese riesgo? ¿Serán capaces de fomentar el caos social que podría ser superior a los eventos de calle de los años 2018 y 2019, con tanto ingrediente “explosivo” que se ha estado adhiriendo desde entonces a la caldera del descontento popular?...

Albino Vargas Barrantes

Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)