90% de los casos de corrupción no llegan a juicio

Nueve de cada diez casos de corrupción son resueltos en la etapa preliminar o intermedia del proceso, esto quiere decir que no logran llegar a la etapa de juicio por no cumplir con las condiciones necesarias, según el último informe del Estado de la Justicia dado a conocer en 2020.

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El dato cobra relevancia en momentos en que la Fiscalía de Anticorrupción y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), arman un caso contra seis alcaldes por supuesta corrupción, a la vez que investigan a varias empresas constructoras, por supuestamente ofrecer dádivas y sobornos en el Conavi y los ayuntamientos. En ambos casos, conocidos como “Diamante” y “Cochinilla” respectivamente, se trata de licitaciones y procesos de contratación de obra pública para carreteras.

Las acciones supuestamente ilícitas salpicaron en los últimos cinco meses, contratos de obra pública valorados en más de ¢81 mil millones.

La dificultad para probar los actos ilícitos, es la razón que establece el Estado de la Justicia y otros expertos consultados por LA REPÚBLICA, para explicar la baja incidencia de éxito en cuanto a condenas.

En los casos en que sí se logra llegar a juicio, solo se concreta una sentencia en un 3% de las situaciones.

“Si bien el país cuenta con un sistema normativo amplio sobre esta materia, el cual se ha fortalecido desde el inicio del presente siglo, el ordenamiento jurídico nacional ha tenido dificultades para la sanción efectiva de la corrupción (…) El proceso penal es superado por la complejidad de los casos de corrupción de alto perfil, cuyo combate requiere otras herramientas”, indicó Evelyn Villarreal, coordinadora de investigación del Estado de la Justicia en el informe, el cual, evaluó 330 casos de toda índole, pero siempre relacionados con la corrupción.

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La baja incidencia de condenas se debe en muchos ocasiones a la complejidad de los casos, a la falta de testigos, la ausencia de pruebas y a la escasez de recursos para investigar los supuestos actos anómalos.

En ese sentido, las investigaciones grandes como podrían ser el caso “Diamante” -que relaciona a seis alcaldes incluidos Johnny Araya de San José y Mario Redondo de Cartago – y “Cochinilla” -que involucra a funcionarios del Conavi y del MOPT- son más complejas a la hora de investigar, ya que según la fiscalía llegan a constituirse en organizaciones que tratan de ocultar sus huellas.

Esto hace que las investigaciones se prologuen por años en algunas ocasiones, sin que haya una solicitud de elevar a juicio la causa.

“Probar que una conducta se realizó con dolo no es sencillo para los fiscales y el OIJ, ya que el proceso penal está diseñado para no condenar inocentes. Por esta razón, no es extraño que un proceso penal relacionado con corrupción se extienda por varios años”, dijo Hubert May Cantillano, propietario del bufete May y Asociados.

El peculado, que es la sustracción de dinero o bienes estatales para beneficio propio es el delito más común que cometen los funcionarios (31%), seguido por el incumplimiento de deberes por omitir, rehusarse o retardar algún acto propio de la función con un 23% de los casos. El tercer delito relacionado con la corrupción en importancia es el prevaricato, que es realizar acciones contrarias a la ley, a sabiendas de que es un delito (9%).

Otro aspecto relacionado con los casos de corrupción, es que un 8% de ellos están en riesgo de prescribir, de acuerdo con el Estado de la Justicia.

Es por ello, que el diputado José María Villalta del Frente Amplio ha insistido sin éxito, en un proyecto de ley para declarar imprescriptibles los casos de corrupción.

“Los delitos de corrupción son de los más graves que se pueden cometer (…) No solo le roban la plata a una persona, sino a todo el pueblo, frenan el desarrollo de los servicios públicos y drenan la credibilidad del sistema democrático”, dijo Villalta.

La corrupción es un problema serio que está asociada con las crisis democráticas recientes, pues fortalece el populismo, nepotismo y la penetración de intereses particulares en las instituciones públicas; asimismo, en el ámbito económico ralentiza el crecimiento, acentúa la iniquidad de ingresos, disminuye la recaudación fiscal y fomenta la informalidad.

“A partir de los casos que se han presentado se debe fortalecer los mecanismos de control, seguimiento y supervisión de todo el proceso de licitación y ejecución de las obra pública, cerrando los portillos que se han detectado y particularmente limitando o ejerciendo mayores controles sobre la capacidad discrecional que puedan tener mandos medios en todo ese proceso”, dijo Carlos Montenegro, Director Ejecutivo de la Cámara de Industrias.