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Viernes, 29 de marzo de 2024



EDITORIAL


50 en la mira

| Viernes 13 diciembre, 2013




Los costarricenses saben que el mal funcionamiento, cuando existe en el sector público, así como en el privado, no es algo intrínseco de las instituciones o las empresas, sino de quienes las dirigen


50 en la mira

El más alto nivel de transparencia, que todas las instituciones deberían tener, medir y demostrar en línea, estará ahora bajo la mira de la Defensoría de los Habitantes, que anuncia pondrá a prueba a 50 de esas entidades.
¿No es una vergüenza nacional e internacional que a estas alturas no haya total transparencia a pesar de la moderna tecnología que lo facilita? Sí. Sí lo es porque de haber existido la voluntad política se habría hecho ya.
Sin embargo, el tema ha sido objeto de debates burocráticos acerca de si se utiliza uno u otro sistema digital para cumplir con lo que es una obligación.
Una de las más grandes instituciones del país, como es la Caja, aún no realiza en forma digital todas sus compras. El que sigan haciéndose la mayoría en papel dificulta a los asegurados conocer cómo se están manejando los fondos de la institución. No haber resuelto esto se debe a falta de voluntad política.
Hay una directriz de la presidenta Chinchilla en ese sentido, que aparentemente se burocratizó en algunos escritorios. Conclusión, seguimos sin tener la información a la cual tenemos derecho.
Esperamos pues, que el ingreso de un nuevo Gobierno, así como nueva defensora o defensor de los habitantes, ponga luz finalmente sobre estas opacidades que tanto daño hacen a la institucionalidad, a la democracia y, por supuesto a los ciudadanos.
Los costarricenses saben que el mal funcionamiento, cuando existe en el sector público, así como en el privado, no es algo intrínseco de las instituciones o las empresas, sino de quienes las dirigen. En muchos casos, como el de la Caja, fueron mal dirigidas por décadas.
Ahora, según parece existe en la Defensoría de los Habitantes la voluntad de estudiar a 50 instituciones para darles a los habitantes el acceso a la transparencia a que tienen derecho.
 







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