3 mil kilómetros de carreteras dividen al MOPT y a los municipios: ¿quién debe ser el responsable por su mantenimiento?

Un decreto firmado por el gobierno de Rodrigo Chaves hizo que el sector municipal saliera en conjunto a quejarse de un supuesto traslado de responsabilidades por más de 3 mil kilómetros de carreteras.

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Para los ayuntamientos, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) los está responsabilizando por el estado de esas vías, pero sin darles el contenido presupuestario para garantizar su idoneidad.

Se trata de vías tanto terciarias como secundarias, las cuales en su gran mayoría se encuentran en lastre.

El decreto que objetan los municipios entra a regir el próximo 10 de julio, según la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) y la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).

“En todo el territorio nacional hay calles y caminos que por años han estado abandonados por parte del Conavi y el MOPT. Se trata de rutas nacionales que hoy las quieren trasladar a los gobiernos locales, pero sin una transferencia adicional de recursos. Es por esto que nos oponemos y solicitamos la derogatoria del decreto, para abrir de inmediato una mesa de diálogo y negociación en la Asamblea Legislativa que busque más recursos para la red vial”, indicó Maikol Porras Morales, Alcalde de Sarchí y presidente de ANAI.

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Si se materializa esta transferencia de vías, los gobiernos locales requerirían de al menos ¢70 mil millones anuales para darles mantenimiento a estos 3.071 kilómetros adicionales.

Estas calles se encuentran distribuidas en 78 cantones, principalmente rurales. Los territorios a los que se les trasladarán más kilómetros son San Carlos (230 km), Pérez Zeledón (223 km), Pococí (190 km), Tilarán (114 km), Turrubares (97 km), Corredores (93 km), Turrialba (87 km), Nicoya (83 km) y Puriscal (81 km).

Mientras tanto, Efraím Zeledón, viceministro de Infraestructura del MOPT y director ejecutivo a.i. de Conavi, indicó a CR Hoy que el decreto se publicó en enero y que previo a su publicación se realizó consulta pública donde solamente 2 personas expresaron su descontento.

“El decreto lo que establece son los parámetros y los lineamientos que se van a utilizar para definir cuáles rutas no forman parte de la red estratégica y podrían ser trasladadas a la red vial cantonal, pero nada más para aclarar, que no es que el 11 de julio como municipalidades vas a tener 3.000 kilómetros más de ruta”, dijo el funcionario.

Sobre este tema, la Sala IV acogió un recurso de amparo.