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Diez proyectos esperan inminente fallo de Sala IV para desatar inversión
$234 millones en marinas a punto de ser liberados
Desarrollos inmobiliarios serían aún mayores; sin embargo, los proyectos provocan dudas ambientales



Diez proyectos de infraestructura se encuentran a la espera de que la Sala IV resuelva, posiblemente esta semana, el futuro de las marinas en el país.
La creación de estos pequeños puertos, con servicios para las embarcaciones deportivas y de recreo, además conlleva grandes
desarrollos inmobiliarios.
La exitosa experiencia de Los Sueños, en Playa Herradura, parece haber animado a los inversores a “lanzarse al agua” en la
construcción de marinas. Ocho proyectos poblarían las costas en el corto y medio plazo, aparte de la expansión de tres que ya están en operación. Nueve de los puertos recreativos están ubicados en el Pacífico y uno (Marina Isla Moín) en el Caribe.
La inversión ascendería a $234 millones, a lo que habría que sumar una cifra mucho más importante, de los desarrollos inmobiliarios que conlleva buena parte de estas.
En el caso de Isla Moín, la inversión en la marina es de $25 millones, pero el proyecto hotelero y habitacional asciende a $200
millones. Dado que casi todos los desarrollos incluirían proyectos residenciales y hoteleros, se estima que las inversiones totales sumen más de $1.000 millones. Los cambios que actualmente analiza la Sala IV principalmente permitirían facilitar la tramitomanía para su creación, y ampliar la concesión de 20 a 35 años (con una posible prórroga de diez años, así como prohibir la construcción en áreas con ecosistemas coralinos.
Se trata de un turismo de altos ingresos, aduce la socialcristiana Ana Helena Chacón, presidenta de la Comisión de Turismo en la
Asamblea Legislativa, para quien este tipo de turismo “trae divisas al país, y bien usado generará muchas fuentes de empleo”.
“Cualquier construcción en zona marítima causa impacto, pero para eso se han incluido
normas de protección”, comentó. Sin embargo, los ambientalistas
se muestran disconformes con las leyes existentes de protección a las costas y los mares en el país. “No hay regulación en las zonas costeras”, se quejó el oceanógrafo Guillermo Quirós. Actualmente, existe desconocimiento sobre la fragilidad de los ecosistemas costeros y no hay ningún tipo de planificación al respecto, el juicio del analista.
“Quiero que mi país, además de verde, sea azul” agregó, en referencia al color de los océanos. Otro posible problema tendría que ver con el balance entre la parte económica y la ambiental.
“Para el Estado y las municipalidades es una oportunidad económica en el corto plazo, pero el trastorno ambiental es grande y por muchos años”, aseguró Alvaro Sagot, consultor ambiental.

Daniel Zueras
[email protected]


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