15 magistrados validan solicitud de la fiscalía para levantar inmunidad a Rodrigo Chaves
Delito de concusión que enfrenta el presidente se castiga con una pena de hasta ocho años de cárcel
Este martes, 15 magistrados de la Corte Plena aceptaron la petición de la fiscalía general y pidieron a los diputados levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves para que enfrente la justicia por un supuesto delito de concusión.
De esta forma, queda en manos de la Asamblea Legislativa la decisión en torno al fuero que protege al mandatario para que no enfrente causas penales en el ejercicio del cargo.
La solicitud de levantamiento de inmunidad también incluye a Jorge Rodríguez, jerarca del Ministerio de Cultura.
El Poder Judicial informó que siete de los 22 magistrados votaron en contra del proceso, al considerar que no hay elementos suficientes para proceder con la acusación.
A este momento, no se ha dado a conocer cómo votaron los magistrados.
De acuerdo con el procedimiento, corresponderá a los legisladores conformar una comisión especial para analizar el caso y, posteriormente, un mínimo de 38 diputados debe validar el levantamiento de la inmunidad para que el fiscal proceda con la acusación.
A siete meses de las elecciones presidenciales de febrero del 2026, el presidente Chaves fue acusado penalmente por parte de Carlo Díaz, fiscal general por el supuesto delito de concusión.
La pena, oscila entre dos y ocho años de prisión y castiga al funcionario público que, abusando de sus funciones, obligue o induzca a alguien a entregar o prometer indebidamente un bien o beneficio patrimonial, ya sea para sí mismo o para un tercero.
La investigación se centra en una presunta contratación hecha “a la medida” para beneficiar a la empresa RMC La Productora S.A., durante el actual mandato presidencial, por un monto superior a los $400 mil.
Esta empresa habría prestado servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica y análisis de opinión pública para Casa Presidencial, entre 2022 y 2026.
Según la Fiscalía, el presidente Chaves y el ministro Jorge Rodríguez habrían inducido al empresario Christian Bulgarelli Rojas a entregar un beneficio económico indebido al también imputado Federico Cruz Saravanja, asesor personal y amigo íntimo del presidente.
El beneficio en cuestión alcanzaría los $32.000, destinados a la compra de una vivienda, mediante un contrato de consultor con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Como parte de un supuesto concurso público amañado, el productor audiovisual Christian Bulgarelli confesó ante la Fiscalía que, por instrucción del presidente Chaves, realizó un depósito de $32 mil a favor del exasesor presidencial Federico Cruz.
Según el fiscal general, fue “un cariñito” que el mandatario Chaves solicitó en el marco de una contratación pública por unos $400 mil para RMC La Productora S.A. (conocida como Nocaut).