Carlos Denton

Carlos Denton

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Miércoles 25 Enero, 2017

Está claro que en este periodo de cuatro años no habrá ninguna reforma a la situación laboral de los empleados públicos y tampoco se aprobará ninguna reforma fiscal

¿Para cuándo la reforma?

Formalmente se llama la “Ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector público” y fue preparada con esmero por la diputada Sandra Piszk del Partido Liberación Nacional y acuerpado por legisladores de varios partidos. La administración de Luis Guillermo Solís la mandó a sesiones extraordinarias y luego se encargó de desmentirla. Con esa acción está claro que en este periodo de cuatro años no habrá ninguna reforma a la situación laboral de los empleados públicos y tampoco se aprobará ninguna reforma fiscal. Ambas cosas realmente se requieren porque cada vez van mermando las calificaciones de las deudas públicas del país y en algún momento se comenzará a sentir presiones sobre la moneda nacional, sobre la inversión privada directa e incluso sobre el comercio.

La ley de “empleo público” fue desmentida por la contralora de la República porque no aplicaba, según ella, a las instituciones “autónomas” que en realidad son las que han establecido sistemas extraordinarios de pago para los trabajadores a través de los años. Es más, por ser “autónomas” cada institución tiene diferentes sistemas para cubrir las anualidades, las prestaciones, los días libres y otros asuntos. Dijo la contralora que “reformando” al sector público “no autónomo no tendría impacto importante y positivo en el déficit fiscal.
El presidente Solís, en campaña, dijo que no iba a presentar una reforma fiscal hasta que dos años se completaran de su período constitucional porque primero “había que ordenar la casa”. Esto del ordenamiento ha sido una de las promesas del PAC desde que comenzó a hablar el fundador de la agrupación El Presidente presentó casi de inmediato un plan para aumentar los ingresos a través de más impuestos, pero el plan de reforma en el empleo público más bien vino de la “oposición” que condicionó la aprobación del plan fiscal a reformas en las remuneraciones de los empleados públicos
Parece que será el gobierno que llegue al poder en mayo de 2018 el que deberá buscar soluciones a estos problemas de egresos e ingresos. La verdad es que el desafío del sector público es la productividad. Se gastan enormes cantidades de dinero en el sistema educativo público y la enseñanza frecuentemente es mediocre. Las obras públicas solo funcionan normalmente si están concesionadas a una empresa privada. Las esperas en distintas oficinas y expendios de la Caja son frecuentes y, si se toma lo que se paga por este servicio, no tienen justificación. Hay escasez de policías, hay cada vez más delincuencia violenta en los barrios y comunidades. Los servicios sociales y de vivienda sufren de tramitología extrema.


Esta falta de funcionamiento no tiene que ver ni con los salarios de los empleados ni tampoco con la falta de recursos. Es por falta de un diseño moderno administrativo que permita sacar obras, educar chiquitos, curar pacientes con los mejores recursos personales y de equipo disponible.
Que el sector público necesita un “overjol” es definitivo. ¿Hay algún candidato presidencial que ofrezca esto?
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