Autopistas del Sol deberá pagar ¢2.500 millones al Estado
La sentencia señala que se trató de una obra que “se realizó con inexcusable transgresión de las buenas prácticas de la ingeniería vial"
Cortesía/La República.
Edición impresa
¡Manténgase al día!
Reciba las últimas novedades e información directamente en su correo.
Doce años después de la denuncia, la empresa Autopistas del Sol deberá pagarle al Estado alrededor de ¢2.500 millones.
Esto, por la reconstrucción de varias obras realizadas por la Administración como parte de la concesión de la ruta San José-Caldera.
Específicamente, se trata del diseño y construcción de la radial Escazú-Hatillo-Calle Morenos, la cual sufrió el colapso de los taludes a pocos meses de haberse puesto en funcionamiento, lo que implicó el cierre total de la vía y su reconstrucción por parte de la Administración.
La sentencia señala que se trató de una obra que “se realizó con inexcusable transgresión de las buenas prácticas de la ingeniería vial y causó un daño a la Hacienda Pública”.
La sentencia ya quedó en firme debido a que el reclamo presentado por la empresa Autopistas del Sol S.A. ya fue resuelto en sede de casación.
Autopistas del Sol S.A. (actualmente controlada y operada bajo el nombre comercial de Ruta 27 by Globalvia) es la empresa concesionaria encargada del diseño, planificación, financiamiento, construcción y mantenimiento de la Ruta 27, la carretera de peaje de 76,8 kilómetros que conecta la ciudad de San José con el Puerto de Caldera en el Pacífico costarricense.
“Las reparaciones le costaron a la Hacienda Pública la suma de ¢2.528 millones por causa del incumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa demandada, ya que esta debía realizar el diseño y construcción de esa ruta, lo que implicaba una serie de actividades, entre las cuales se encontraban las relacionadas específicamente con el tratamiento y estabilización de los taludes, cumpliendo con las sanas prácticas constructivas y demás requerimientos propios de este tipo de obras, para asegurar la calidad y durabilidad de los trabajos ejecutados. Además, deberán pagar los intereses legales correspondientes, el pago de ambas costas del proceso y de las costas del recurso de casación. Estos montos se liquidarán en la etapa de ejecución de sentencia”, indicó la Contraloría.
