La eventual eliminación de los beneficios fiscales para el OIJ y las Universidades Públicas comprometerían los servicios que esas instituciones brindan a la ciudadanía.
Es por ello, que ambas organizaciones hicieron un llamado al gobierno de Laura Fernández para que mantenga las exoneraciones en sus casos.
“Desde el 2024, el OIJ disfruta de una exención en el pago del IVA para la compra de bienes y servicios, con el objetivo de usar todos sus recursos en la lucha contra el crimen. En caso de que se elimine ese beneficio para el 2027, tendríamos una disminución en el presupuesto de ¢3.969 millones, situación que complicaría la labor de esta organización”, dijo Michael Soto, subdirector del OIJ.
Esta semana, el gobierno de Fernández presento un proyecto para revisar y eliminar las exoneraciones.
Mientras tanto, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), que agrupa a las U públicas, destacó que el tema debe analizarse “no solo desde la perspectiva de la política tributaria y la recaudación fiscal”, sino también considerar sus efectos.
“Las universidades públicas cumplen funciones esenciales para el país en materia de docencia, investigación, extensión y acción social, así como en la generación de conocimiento, innovación, cultura y atención de necesidades nacionales. Cualquier medida que incremente sus costos de operación debe valorar, por tanto, las consecuencias que ello tendría sobre el cumplimiento de estas funciones”, indicó el Conare.
En ese sentido, la organización no estimó a cuánto ascendería el impacto en su caso, pero sí dejó claro que puede afectar a la educación superior.





































