U públicas advierten de fuerte impacto por recorte de ¢26 mil millones
Oposición en el Congreso busca frenar cualquier recorte, pero no tiene los votos para hacerlo
Las universidades públicas tendrían serios problemas económicos para cumplir con su labor de manera eficiente en caso de que prosperen un puñado de recortes presupuestarios que propone la bancada oficialista de Pueblo Soberano, según denunciaron los jerarcas universitarios y varios diputados de oposición.
Se trata de una reducción en el presupuesto para el otro año de unos ¢26 mil millones.
“La eventual incorporación de estas reducciones al presupuesto nacional tendría consecuencias graves para la planificación, la sostenibilidad y el desarrollo de las universidades públicas, así como para las oportunidades educativas que ofrecen a la población costarricense”, dijo el Consejo Nacional de Rectores (Conare) en un comunicado de prensa.
Específicamente, las U. públicas destacan las siguientes afectaciones:
Sedes regionales: el mantenimiento y fortalecimiento de la presencia universitaria fuera de la Gran Área Metropolitana.
Cupos de ingreso: la capacidad de atender la demanda de estudiantes que aspiran a cursar una carrera universitaria y de ampliar las oportunidades de formación en áreas estratégicas.
Becas y apoyos estudiantiles: los recursos que favorecen el acceso, la permanencia y la conclusión de los estudios.
Oferta académica y carreras universitarias: las condiciones financieras necesarias para sostener la oferta de carreras.
Docencia e inversión universitaria: la planificación de las actividades académicas y el fortalecimiento de la infraestructura.
“La gravedad de estas posibles consecuencias radica en que una menor disponibilidad de recursos podría obligar a las universidades a revisar sus planes de desarrollo y sus posibilidades de ampliar o sostener determinados servicios. Entre los riesgos que deben valorarse se encuentran la reducción de cupos, el cierre de sedes regionales y la eventual necesidad de ajustar la oferta académica”, agregaron.
Para el 2026, el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) ascendió a ¢593 mil millones, lo que representó un 21% del gasto total en educación.
Anteriormente, la mandataria indicó que en 2027 no habría alza porque el índice de precios al consumidorcerró el año pasado en -1,23% y porque el Conare niega la posibilidad de redistribuir el dinero.
Por otra parte, varias diputadas de oposición salieron en defensa del dinero estatal para las U. públicas.
Diputadas del PLN, el Frente Amplio y Agenda Ciudadana han presentado mociones para cambiar la situación.
Una de ellas fue Claudia Dobles, de Agenda Ciudadana, quien propone recortar gastos de lujo para fortalecer la educación pública, la seguridad y la cultura.
El problema es que el oficialismo tiene los votos en comisión y en el plenario para aprobar el presupuesto que desee.
Varias mociones de las que ella ha presentado plantean eliminar plazas de asesores, compra de drones, vehículos de comunicación y gastos administrativos, así como trasladar recursos a la atención de delitos sexuales, seguridad, universidades públicas, sedes regionales del TEC y el Festival de Cine.
“En un contexto de crecientes desafíos que enfrenta el país en seguridad, educación y desarrollo social, tenemos la responsabilidad de revisar los gastos administrativos y fortalecer los programas que generan beneficios concretos para la ciudadanía”, indicó la diputada Dobles Camargo.