En la vida política y electoral de Costa Rica desde el siglo XIX empezaron a desarrollarse procesos electorales para elección de Jefes de Estado, diputados y senadores cuando hubo Senado qué elegir.
Los procesos electorales estaban regidos por leyes, y eran suficiente para validar los procesos políticos y a las personas electas en sus cargos públicos.
Fue un proceso intenso de aprendizaje el que se impulsó y se fue perfeccionando. Elecciones públicas, directas, de segundo, con nombramiento de electores que eran los que terminaban definiendo la elección, cuyo resultado se enviaba al Congreso, o Asamblea Legislativa, de la época para su validación. Los Sub Jefes de Estado, y los Designados a la Presidencia, los equivalentes a los vicepresidentes actuales, eran nombrados por el Congreso.
El Voto Directo se estableció para las elecciones de 1914, eliminándose las de grado y el Voto Secreto se estableció en 1924, fortaleciendo el voto de conciencia y evitando la presión directa sobre los electores de parte de sus patronos o personas que sobre ellos tenían poder. Para estos años habían surgido las manifestaciones que luchaban por el sufragio femenino. Las elecciones hasta 1949 excluían a las mujeres y tenían requisitos para ser elector. Pocos votantes por esta vía, pero así funcionaba y se validaba la sociedad, el poder político y la democracia nacional. Así se construyó el sistema político y democrático que evolucionado tenemos.
En cuanto a los tiempos de gobierno se varió en distintos momentos del siglo XIX. Durante el período de las Juntas de Gobierno, 1821-1823, las Juntas de Gobierno operaron por períodos no mayores de un año. En el período del Estado, 1824-1848 se reguló con mayor tiempo de gobierno, en ese momento no más de tres años.
A partir del inicio de la República, 1848 hasta 1948, los períodos se regularizaron a tres y cuatro años. Hubo el caso de uno de los gobiernos de Juan Rafael Mora Porras que fue de seis años, 1853-1859.
A partir de 1949, con la Segunda República, se estableció el período de gobierno en 4 años, lo que se ha cumplido hasta hoy.
Luchas por defensa del sufragio se dieron con manifestaciones populares inmensas para la época, como fueron las movilizaciones ciudadanas que culminaron el 7 de noviembre de 1889, para defender el resultado electoral, fecha que se ha establecido como una efeméride nacional.
En las elecciones del primer tercio del siglo XX una persona podía participar, a nivel de candidato a diputado, en varios partidos a la vez. Así por ejemplo, en las elecciones de medio período, 1930-1934, Otilio Ulate Blanco participó de candidato en dos partidos, en el Partido Alianza de Obreros y Campesinos, en el segundo lugar de San José acompañando, en el primer lugar, a Joaquín García Monge, y en un primer lugar de otro partido como candidato en Alajuela, por el que salió electo diputado. A su vez, Marcial Fallas Díaz, participó en la misma provincia de San José, como candidato en dos partidos, en el Unión Provincial y en el Republicano Constitucional. Igual hizo Alberto Chavarría Escalante, en dos partidos, el Renovación Nacional y el Republicano Constitucional.
Los resultados electorales, hecho el escrutinio de ley, se pasaba al Congreso para su validación y decisión final. Así por ejemplo, en las elecciones del 1913-1914, se presentaron como candidatos presidenciales Rafael Iglesias Castro, Máximo Fernández y el Dr. Carlos Durán Cartín. Ninguno sacó el porcentual necesario para ser electo. El Congreso debía decidir entre ellos. No se pusieron de acuerdo ni los candidatos ni los diputados, por lo que el Congreso terminó nombrando a los Designados a la Presidencia, que era potestad legislativa hacerlo, y así se llamó a Alfredo González Flores, que era el Primer Designado, para ejercer la Presidencia de la República.
Este mismo procedimiento debió emplearse en las elecciones presidenciales anuladas de 1948, lo que no se hizo por el levantamiento militar de José Figueres, y la interrupción por 18 meses en los que se quedó gobernando después de imponérsele a Otilio Ulate con el Pacto del 1 de mayo de 1948, iniciando de esa manera su Gobierno de Facto. En ese sentido, se barajaba la idea, en la posibilidad de que si se procedía a nombrar Designados, se considerara a Miguel Brenes Gutiérrez, quien fue el primer Ministro de Trabajo, 1943, en el gobierno de Rafael Angel Calderón Guardia, alto mediador político nacional, durante el conflicto militar de 1948, que gozaba con la confianza del gobierno saliente y de Otilio Ulate, no así de Figueres, quien también fue diputado Constituyente en 1949.
En el siglo XIX la reelección presidencial consecutiva fue permitida. Tres casos sobresalientes fueron: Juan Mora Fernández, el primer Jefe de Estado, en tres gobiernos, 1823-1833, Juan Rafael Mora Porras, en tres gobiernos, 1849-1859, siendo interrumpido su tercer gobierno por el golpe de estado del 14 de agosto de 1859 y dos gobiernos seguidos de Rafael Iglesias Castro, 1894-1902.
El siglo XX no conoció presidentes que se reeligieran inmediatamente, consecutivamente, al término de su período presidencial. Si se dieron presidentes que alternaron en el ejercicio de la presidencia, como Cleto González Víquez en 1906-1910 y 1928-1932, Ricardo Jiménez en 1910-1914, 1924-1928 y 1932-1936. Con Ricardo Jiménez se intentó ir a la elección de 1939, con una alianza democrática nacional antifascista, candidatura que no prosperó. También se consideró a Otilio Ulate, que tampoco prosperó, lo que obligó al Partido Comunista de Costa Rica a participar solo, con Manuel Mora como candidato, constituyéndose en la segunda fuerza electoral frente a la candidatura de Rafael Angel Calderón Guardia.
La Constitución de 1949 estableció que un presidente no se podía reelegir sucesivamente, de manera inmediata siendo presidente en ejercicio. Para ello tenían que trascurrir dos períodos presidenciales, establecidos desde entonces, de cuatro años. El derecho de reelección presidencial fue eliminado en 1969 y luego a principios de este siglo fue restituido, por considerar la Sala IV que no se podían restringir, eliminar o debilitar derechos ciudadanos y políticos establecidos por la Asamblea Nacional Constituyente, para lo cual solo otro Poder Constituyente Original podía hacerlo.
La discusión de la validez de la reelección presidencial consecutiva, inmediata sigue abierta. Esto está en manos de la Asamblea Legislativa por el proyecto que ha puesto a conocimiento de los legisladores el diputado de gobierno José Miguel Villalobos. Primero hizo una propuesta de que el presidente se podía reelegir a los cuatro años después de haber dejado el gobierno. Luego la modificó para hacerla consecutiva, de manera inmediata. En mi opinión la posibilidad de hacerla inmediata es la correcta, aunque tiene riesgos.
¿Por qué es más correcta esta posición? Por simple lógica. Hoy, un gobierno de cuatro años, con la complejidad de la sociedad y el entorno que nos rodea plantea grandes retos y desafíos, a quien ejerza la Presidencia, para impulsar el desarrollo nacional. Un Presidente que asume gobierno en el mes de mayo del año electoral, lo primero que se encuentra es que el Presupuesto Nacional de ese año, se lo diseñó el gobierno del presidente que termina en mayo, que le impone un Presupuesto aprobado en noviembre anterior de conformidad a los intereses de quien está gobernando. Solo le queda administrar el Presupuesto.
Esta situación hizo que históricamente en cada proceso electoral el candidato presidencial que ganaba la elección poco podía hacer respecto a la propuesta electoral que había hecho para el ejercicio de gobierno. Eso quizá sea una de las causas del abstencionismo y de la desilusión popular respecto a los partidos gobernantes y sus dirigentes históricos. Además, se encontraba que en mayo la Asamblea Legislativa empezaba sus sesiones ordinarias, donde solo los diputados podían proponer proyectos de ley, situación que en la práctica se prolongaba hasta el mes de noviembre. Esto se corrigió con una propuesta que hice en la Comisión de Notables, en el gobierno de Laura Chinchilla, para que se invirtieran las sesiones parlamentarias, de manera que el presidente electo entra al gobierno con sesiones extraordinarias, donde él tiene la iniciativa de la ley, facilitando que pueda impulsar proyectos que sean resultado de su campaña electoral. Por primera vez esta reforma parlamentaria empezó a aplicarse en el 2022, al iniciar el gobierno de Rodrigo Chaves y, de nuevo, al iniciar la actual Administración de Laura Fernández, sin que ambos hubieren aprovechado esa reforma de manera más decisiva.
Al final del gobierno, en su cuarto año de gobierno, sucede algo parecido, cuando el presupuesto del año electoral se aprueba en noviembre y el gobierno que lo aprueba se acaba el 8 de mayo siguiente, lo que le resta en la práctica siete meses de tiempo real de gobierno.
Así, la reelección es necesaria para que un presidente pueda tener más margen de gobierno, para impulsar su obra política de gobierno, sus compromisos con el electorado y la sociedad nacional.
Frente a cualquier reelección consecutiva o alternativa las elecciones siempre serán el termómetro de la voluntad popular para determinar si se le debe dar confianza al presidente para otro mandato consecutivo o alternativo. Este es el punto principal. Esto se ha comprobado varias veces con presidentes que no han ganado la confianza electoral en procesos electorales en los que han participado.
Estaría, también, la posibilidad de que a la par de la reelección se discuta, en lugar de ella, aumentar el plazo de gobierno, lo que bien podría hacerse aumentado el tiempo de gobierno a seis años. Si se mezclan la dos alternativas, reelección y aumento de plazo se debería acompañar con un Referéndum o un Plebiscito obligatorio a la mitad de su gobierno, a los 3 años, para determinar si hay satisfacción con lo actuado y consecuentemente si debe separarse del cargo o continuarlo.
Un tema que no debe dejarse de lado en la discusión de la reelección consecutiva presidencial es igualmente la reelección consecutiva de los diputados, como estaba establecido ese derecho antes de 1948. Así, por ejemplo, tres casos, dos grandes políticos, ambos declarados Beneméritos de la Patria fueron diputados continuamente. Rafael Angel Calderón Guardia fue diputado desde 1934-1938, diputación que suspendió al ser investido como Presidente de la República, y Manuel Mora Valverde que fue diputado desde 1939 hasta 1948 consecutivamente, lo que suspendió por la disolución del Congreso por parte de la Junta fundadora de la Segunda República en 1948. El otro fue Rafael Rodríguez Salas que prácticamente fue diputado desde 1902 hasta 1920, siendo también Diputado Constituyente en 1917, y combatiente leal con Julio Acosta contra la dictadura de los hermanos Tinoco Granados, 1917-1919.
El trabajo de los diputados es serio, duro. Exige lectura, disciplina, conocimientos políticos y de diversas materias. El Presidente y el diputado no nacen, se hacen. Se forman, se pulen. La carrera parlamentaria es una profesión que se debe aprender. Los partidos tradicionales iban formando sus candidatos por etapas, como síndicos o regidores en las municipalidades, como diputados en el Congreso o Asamblea Legislativa, en Juntas Directivas de instituciones públicas, como Embajadores o en el Servicio Exterior, como asesores parlamentarios. Así se desarrollaba el oficio político que se iba a desempeñar, clon experiencia y sabiduría surgida de esta trayectoria política.
No todos los diputados sobresalen por su trabajo o por el reconocimiento público que exhiben. No todos los diputados se reeligen como tampoco todos los presidentes se reeligen.
No hay que tenerle miedo a la reelección consecutiva, inmediata, del Presidente de la República como la de los Diputados. Igualmente, los presidentes deben formarse, aunque algunos puedan improvisarse.
El votante bien informado, educado políticamente, con cultura ciudadana y conocimiento de la historia nacional sabrá cómo votar y a quien escoger.
Esta formación es más urgente hoy cuando los partidos políticos se han debilitado en la capacitación de sus simpatizantes, afiliados y cuadros dirigentes, cuando los partidos políticos han dejado de actuar como organizaciones de combate de los distintos sectores sociales y políticos.
En mi opinión hay que introducir la discusión de las dos reelecciones, la del Presidente y la de los Diputados.
No hay que ver la reelección en la posibilidad de que Rodrigo Chaves pueda reelegirse. Con reelección o sin ella podrá hacerlo si se mantiene vigente en el escenario político y público, en el 2030 o el 2034, y si sus adversarios, políticos le tienen miedo manifiesto.
El reto que ha lanzado José Miguel Villalobos que le enfrenten a Rodrigo Chaves a cualquier presidente anterior es válido para logar simpatías hacia él y para atemorizar a los simpatizantes de los otros presidentes. Chaves fue derrotado por José María Figueres en la primera vuelta electoral. Puede volver a ser derrotado en otra elección. Figueres, en mi opinión, perdió la segunda vuelta por errores políticos de su partido en el diseño estratégico de la segunda vuelta, para atraer a los votantes de los otros partidos que no participaban y a los abstencionistas de la primera vuelta.
Frente a Rodrigo Chaves, Laura Fernández o sus posibles candidatos en el 2030, Yara Jiménez, Nogui Acosta o José Miguel Villalobos y su Partido Pueblo Soberano, hay que empezar a desarrollar un gran Frente Nacional, un gran Frente Popular, si ningún partido por sí mismo se ve en la capacidad de enfrentarlo y derrotarlo.
El canto patriótico de “El Pueblo Unido jamás será Vencido” está vigente, tiene vida. La posibilidad de un Frente Nacional Unitario siempre dependerá de la capacidad política, y de la voluntad política, de quienes puedan unirse alrededor de una plataforma política común, básica, esencial, reconociendo que pueden mantenerse diferencias políticas sobre prejuicios políticos que se alimenten y aspectos que, para los efectos del Frente Nacional, se consideren secundarios, respecto a los puntos esenciales de la unidad nacional.
Frente a las próximas elecciones nacionales, en un Frente Nacional posible, pueden haber diversidades de opiniones, pero una solo unidad de acción. Esta es la tarea política que hay que ponerle atención y procurar construirla.




















