Diana Murillo del PLN y Claudia Dobles de Agenda Ciudadana. Cortesía/La República.
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Varios diputados de oposición minimizaron este lunes la decisión de la mandataria Laura Fernández de recortar solo ¢11 mil millones y no ¢27 mil millones para el 2027, como se había dicho inicialmente por parte del Gobierno.
Incluso, legisladoras como Claudia Dobles sugirieron que Fernández trata de confundir a la población, sobre todo al conocer que la población está preocupada por el tema de seguridad y el enfrentamiento entre los poderes de la República por más recursos para frenar al narcotráfico.
“Con respecto al supuesto cambio de criterio de parte de la presidenta Fernández para los recortes al Poder Judicial, es importante decir varios elementos. Lo primero, no podemos estar sujetos a un Gobierno que un día dice una cosa y otro día dice otra, al parecer sin ningún fundamento técnico. Dos, la presidenta de la República o está mal informada de cuál es la magnitud de los recortes que se le están haciendo a seguridad, o está mal informando a los costarricenses”, dijo Dobles.
Y es que, según Dobles, la presidenta habla de que se hizo un recorte al Poder Judicial de ¢27.000 millones para 2027, pero eso no es así, ya que en el presupuesto entregado en la Asamblea Legislativa se incluyó una reducción de aproximadamente ¢45.000 millones, al considerar ¢10.000 millones directos, ¢30.000 millones por normas presupuestarias y ¢5.000 millones específicamente por una norma aprobada.
En ese sentido, Diana Murillo, diputada del PLN, destacó que el Poder Judicial no puede depender de dinero condicionado para hacer su trabajo, sobre todo en áreas tan delicadas como el OIJ y la Fiscalía, que llevan la carga en la lucha contra el narcotráfico.
Y es que, para que el Poder Judicial pueda acceder a ¢30.000 millones, tendrá que cumplir con varias metas impuestas por los diputados en la Comisión de Hacendarios del Congreso, aprobar esos recursos en el plenario y contar con el beneplácito del Ministerio de Hacienda.
“El Poder Judicial debe ser respetado en su independencia, tal y como lo establece nuestra Constitución Política en su artículo 9. No podemos permitir que un Poder de la República quede sometido a decisiones políticas de otro Poder. (…) Los recursos que por ley le corresponden al Poder Judicial deben ser respetados. El artículo 177 de nuestra Constitución Política establece una garantía presupuestaria para el Poder Judicial. No estamos hablando de un favor del Gobierno ni de recursos que puedan utilizarse discrecionalmente para presionar a un ente del Estado”, dijo Murillo.
