Zafarrancho en UCR con consecuencias políticas

Liberado oficial de tránsito universitario implicado en presunto soborno

Zafarrancho en UCR con consecuencias políticas

Congresistas consideran que hubo exceso de fuerza policial en enfrentamiento con estudiantes

Fiscal general apoya totalmente las acciones efectuadas el lunes anterior

Rommel Tellez

rtellez@larepublica.net

El zafarrancho ocurrido en la Universidad de Costa Rica tuvo consecuencias políticas, tras la decisión de la Asamblea Legislativa de solicitar a Luis Paulino Mora, presidente de la Corte Suprema de Justicia, la presentación de un informe, de manera inmediata, donde explique el enfrentamiento ocurrido entre estudiantes y empleados del centro educativo y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)

La iniciativa fue propuesta por Elizabeth Fonseca y Alberto Salom, miembros de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), así como por Oscar Núñez, diputado del Partido Liberación Nacional.

Los legisladores consideraron la actuación policial como violenta y desproporcionada y de ahí el planteamiento que hicieron a sus compañeros.

El abuso policial es un hecho que quedó absolutamente claro y demostrado, apuntó Salom, quien además manifestó que la situación no se manejó de la mejor manera.

“Firmé la moción porque hubo un descontrol del uso de la fuerza y en el Partido nos parece que lo actuado por los agentes policiales fue desmesurado, sobre todo tomando en cuenta que es un espacio de estudiantes y no de delincuentes. Creo que además hubo un irrespeto absoluto a las autoridades internas de la UCR”, explicó Fonseca.

Una vez que se presente el informe, este ayudará a aclarar en qué consiste la autonomía universitaria y eso será una consecuencia positiva, agregó Fonseca.

Se hicieron varias llamadas a la oficina de Luis Paulino Mora y se le dejaron mensajes para conocer su posición; sin embargo, al cierre de edición no hubo respuesta.

Entre tanto, un hombre de apellido Gómez, que fue el generador de los actos violentos del lunes, al huir de las autoridades policiales, fue dejado en libertad por el Juzgado Penal de Turno Extraordinario sin ningún tipo de medidas cautelares.

Gómez, funcionario de Tránsito de la UCR, es el sospechoso de cobrar ¢20 mil al chofer de un microbús de estudiantes a cambio de que no se le cobrara una multa.

La Fiscalía solicitó suspenderlo del cargo y que no se acercara a víctimas ni testigos implicados en el caso. Tras la decisión del juzgado de dejarlo en libertad, la Fiscalía apeló y el caso pasó a un Tribunal Penal.

Entre tanto, en horas de la tarde, un grupo pequeño de estudiantes obstaculizó el paso por la carretera de Circunvalación a la altura de la Facultad de Derecho.

Las obstrucciones podrían repetirse este jueves, pues la Federación de Estudiantes de la UCR está convocando a una marcha como medida de protesta ante la situación.

¿Se violentó la autonomía universitaria?

El debate sobre el zafarrancho del lunes tiene otra arista y es el de si se violentó o no la autonomía universitaria; las autoridades de la UCR consideran que sí, el director del OIJ y la Fiscalía opinan que no; posición que es compartida por abogados.

Yamilette González, rectora de la UCR, pidió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía General de la República tener presente que existe un “deber de coordinación entre el Poder Judicial y la UCR, a fin de que el éxito de la diligencia judicial no comprometa ni implique un riesgo innecesario a los intereses de la comunidad universitaria o de la Universidad y mucho menos de la autonomía misma”.

La Rectoría considera que el operativo del OIJ que pretendía capturar a un tráfico de la UCR sospechoso de un acto corrupto careció de planificación y coordinación, y que el ingreso de agentes judiciales al campus tuvo una “actitud prepotente, avasalladora, amenazante y provocativa”.

Por su parte, la Fiscalía General de la República apoyó de manera irrestricta el proceder el OIJ, al tiempo que enfatizaba la potestad legal de la policía para ingresar en cualquier lugar del territorio nacional.

“La Universidad es un espacio público y la policía no tiene que pedirle permiso a nadie para entrar, mucho menos si se trata de un sospechoso en fuga. Sería el colmo ponerle trabas burocráticas a una persecución”, afirmó Francisco Dall’Anesse, fiscal general de la República.

La autonomía no significa que la UCR tenga un poder más allá de los otros poderes del país, enfatizó Dall’Anesse.

Similar criterio externó el abogado penalista Juan Diego Castro, quién declaró que no hubo ninguna violación de ningún tipo en el despliegue que hicieron las autoridades.

“En los disturbios de la UCR, el verdadero delito fue una obstrucción al ejercicio de la autoridad y por ello esperaría que el Ministerio Público investigue y siente las responsabilidades del caso. El irrespeto fue gravísimo y parecía un desorden al estilo de Tierra Dominicana”, enfatizó Castro, refiriéndose a una conflictiva zona de San José.