¿Y quién juzga a los diputados por sus propuestas?
| Lunes 02 marzo, 2009
¿Y quién juzga a los diputados por sus propuestas?
El pasado jueves 12 de febrero el diputado Luis Antonio Barrantes, del Movimiento Libertario, escribió en el periódico LA REPUBLICA un lamentable artículo en el que propone crear una comisión legislativa para castigar a los jueces por no ser “suficientemente severos”. Solo se puede responder a dicha propuesta con la siguiente pregunta: ¿Quién lo juzga a él por desinformar a los costarricenses con comentarios imprecisos e imprudentes?
Sin duda alguna en la actualidad la delincuencia es un serio problema en nuestro país. Sin embargo, hay que ser sensatos y abordar este problema desde la raíz, dejando de lado el arcaico pensamiento de que aumentando las penas de prisión de forma draconiana, tipificando cada vez más conductas como delictivas, y eliminando garantías procesales vamos a reducir la delincuencia; la historia y las estadísticas nos demuestran lo contrario… Hoy es usual ver a políticos como el señor Barrantes recurriendo a ejemplos aislados y discursos sin contenido, creando una verdadera alarma social que atenta contra la independencia de los jueces y la separación de poderes, con propuestas dignas de Estados autocráticos. Sin duda alguna el adoctrinamiento implementado por las presiones políticas ha formado una cultura costarricense con una errónea concepción de lo que significa el rol del juez penal. En efecto, la mayoría de los ciudadanos piensan que los jueces deben “castigar a mano dura”, en oposición a juzgar de forma objetiva... Los jueces no son policías ni verdugos (aunque el señor Barrantes quiera que lo sean), y por lo tanto no deben estar preocupados por la seguridad ciudadana, ni ceder ante ninguna presión social. ¿Cómo podría un juez preocuparse por la seguridad ciudadana a la hora de analizar un caso, y a la vez tener un criterio imparcial al respecto?
Parte de este problema radica en el errado pensamiento colectivo de que aumentando la pena de prisión se intimida y se reduce la delincuencia, lo cual ha sido desvirtuado por infinidad de estudios estadísticos. En efecto, las razones que llevan a una persona a abstenerse de cometer delitos tienen poco o nada que ver con la cuantía de una pena o con lo “duros” que sean los jueces y los procesos, y más bien se remontan a motivos de índole económica y social como son la calidad de vida, salud, acceso al empleo, educación, valores morales y la unión familiar con la que se cuente.
Es claro entonces lo inefectiva que se ha tornado la cárcel para solucionar los problemas que agobian nuestra sociedad, y la irresponsabilidad de aquellos que pretenden aplicarla como la regla y no la excepción. Dicho esto, le recuerdo al señor diputado que en razón de su cargo tiene un deber serio ante los ciudadanos de hacer propuestas coherentes y en respeto de los principios fundamentales consagrados en nuestra Constitución, y es en ese sentido que su discurso político de “mano dura” constituye una verdadera ofensa a las garantías básicas que deben revestir todo proceso penal propio de un Estado democrático de derecho.
Gerardo Huertas Angulo
Estudiante de derecho
El pasado jueves 12 de febrero el diputado Luis Antonio Barrantes, del Movimiento Libertario, escribió en el periódico LA REPUBLICA un lamentable artículo en el que propone crear una comisión legislativa para castigar a los jueces por no ser “suficientemente severos”. Solo se puede responder a dicha propuesta con la siguiente pregunta: ¿Quién lo juzga a él por desinformar a los costarricenses con comentarios imprecisos e imprudentes?
Sin duda alguna en la actualidad la delincuencia es un serio problema en nuestro país. Sin embargo, hay que ser sensatos y abordar este problema desde la raíz, dejando de lado el arcaico pensamiento de que aumentando las penas de prisión de forma draconiana, tipificando cada vez más conductas como delictivas, y eliminando garantías procesales vamos a reducir la delincuencia; la historia y las estadísticas nos demuestran lo contrario… Hoy es usual ver a políticos como el señor Barrantes recurriendo a ejemplos aislados y discursos sin contenido, creando una verdadera alarma social que atenta contra la independencia de los jueces y la separación de poderes, con propuestas dignas de Estados autocráticos. Sin duda alguna el adoctrinamiento implementado por las presiones políticas ha formado una cultura costarricense con una errónea concepción de lo que significa el rol del juez penal. En efecto, la mayoría de los ciudadanos piensan que los jueces deben “castigar a mano dura”, en oposición a juzgar de forma objetiva... Los jueces no son policías ni verdugos (aunque el señor Barrantes quiera que lo sean), y por lo tanto no deben estar preocupados por la seguridad ciudadana, ni ceder ante ninguna presión social. ¿Cómo podría un juez preocuparse por la seguridad ciudadana a la hora de analizar un caso, y a la vez tener un criterio imparcial al respecto?
Parte de este problema radica en el errado pensamiento colectivo de que aumentando la pena de prisión se intimida y se reduce la delincuencia, lo cual ha sido desvirtuado por infinidad de estudios estadísticos. En efecto, las razones que llevan a una persona a abstenerse de cometer delitos tienen poco o nada que ver con la cuantía de una pena o con lo “duros” que sean los jueces y los procesos, y más bien se remontan a motivos de índole económica y social como son la calidad de vida, salud, acceso al empleo, educación, valores morales y la unión familiar con la que se cuente.
Es claro entonces lo inefectiva que se ha tornado la cárcel para solucionar los problemas que agobian nuestra sociedad, y la irresponsabilidad de aquellos que pretenden aplicarla como la regla y no la excepción. Dicho esto, le recuerdo al señor diputado que en razón de su cargo tiene un deber serio ante los ciudadanos de hacer propuestas coherentes y en respeto de los principios fundamentales consagrados en nuestra Constitución, y es en ese sentido que su discurso político de “mano dura” constituye una verdadera ofensa a las garantías básicas que deben revestir todo proceso penal propio de un Estado democrático de derecho.
Gerardo Huertas Angulo
Estudiante de derecho