Vuelve incertidumbre política a Bolivia
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Vuelve incertidumbre política a Bolivia

Tribunal Constitucional ordenó frenar el referendo revocatorio

La Paz
EFE

Un decreto del Tribunal Constitucional (TC) que ordena frenar el referendo revocatorio ha devuelto la incertidumbre política y legal a Bolivia, con lo que se tiende a agravar la confrontación entre el presidente Evo Morales y sus opositores.
Silvia Salame, la única magistrada en funciones que queda en el TC tras las cuatro renuncias consecutivas de sus colegas producidas meses atrás, provocó el sismo político al ordenar el martes a la Corte Nacional Electoral (CNE) que frene la consulta convocada para el próximo 10 de agosto.

Salame, que ayer llegó a La Paz desde Sucre, donde reside el Poder Judicial, ha defendido su polémica decisión y recibió un respaldo inicial de los prefectos (gobernadores) opositores de La Paz, Jose Luis Paredes, y Cochabamba, Manfred Reyes Villa.
No obstante, el presidente de la CNE, José Luis Exeni, ratificó ayer que la consulta sigue en marcha con el argumento de que el decreto del alto tribunal no menciona expresamente en ninguna parte “la suspensión del acto electoral”.
En menos de tres semanas, el presidente Morales, el vicepresidente, Álvaro García Linera, y los prefectos regionales, salvo la recién electa en Chuquisaca, Savina Cuéllar, deben someter a las urnas la continuidad de sus cargos.
“El organismo electoral prosigue en el ámbito de su competencia con todos los actos necesarios y convenientes para la debida aplicación y ejecución de la ley de convocatoria a referendo revocatorio para el día 10 de agosto”, puntualizó Exeni.
La decisión de Salame es una consecuencia de una demanda presentada contra el referendo por el diputado opositor Arturo Murillo, de la fuerza centrista Unidad Nacional (UN).
La demanda de Murillo es un “recurso incidental de inconstitucionalidad”, que alega que al convocar el referendo se violó la Constitución debido a que ese tipo de consulta no está incluida en la Carta Magna, aunque fue avalada por una ley del Congreso.
El Gobierno de Morales ha centrado su reacción en una supuesta falta de competencia de la única magistrada en funciones en el TC para emitir decretos como el del martes, en el que ordena parar el referendo.
Además, ha anunciado que la enjuiciará por prevaricación y la acusa de prestarse “servilmente” a la oposición para frenar el plebiscito.
La magistrada reconoció ayer que no existe el quórum necesario en el alto tribunal para dictar resoluciones sobre temas de fondo, pero aseguró que su presencia es suficiente para hacer respetar la jurisprudencia constitucional.
“No me he quedado de portera del Tribunal Constitucional, me he quedado a guardar y hacer respetar la jurisprudencia del tribunal”, sostuvo al reiterar que un decreto como el que emitió tiene carácter suspensivo mientras se resuelva el fondo de la demanda.
Por contra, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, el abogado Sacha Llorenti, aseguró ayer a la red de televisión PAT que lo dispuesto por la magistrada del TC es “sólo una opinión” y que “no hay nada que acatar porque no tiene carácter vinculante”.
A su juicio, la acción de Salame es parte de un presunto plan de los adversarios de Morales para frenar la consulta ante el temor de que sea revocado el mandato de los gobernadores opositores, que son seis de los ocho que deben someterse a las urnas.
Mientras, un portavoz de los prefectos autonomistas y opositores de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, miembros del denominado Consejo Nacional Democrático (Conalde), anunció una próxima reunión para analizar la decisión judicial y tomar una posición conjunta.
Según Carlos Dabdoub, Secretario de Autonomías de la Prefectura de Santa Cruz, si la CNE no acata el dictamen del Tribunal Constitucional cometerá “un desacato”.
Recordó que los prefectos del Conalde, a excepción del de Cochabamba que presentó otro recurso legal contra el referendo, aceptaron someterse a la consulta, aunque pidieron cambiar las reglas de su convocatoria por considerarla favorable a Morales y perjudicial para ellos.
Erick Fajardo, portavoz del prefecto cochabambino, dijo ayer a la radio Panamericana que la decisión del TC es una “victoria legal” y pidió al Gobierno cumplir el fallo judicial para que “la cordura se imponga sobre la violencia”.

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