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Violencia puede costar un 3% del PIB a México

México
Bloomberg

La lucha del presidente mexicano Felipe Calderón contra el crimen organizado no ha conseguido reducir el coste económico de la violencia, que arrebata hasta el 3% del producto interno bruto del país, según Bulltick Capital.
Las estimaciones de José Arturo Tobías, estratega de renta variable en Bulltick, en Ciudad de México, son de hasta tres veces las del Gobierno. Miguel Messmacher, jefe de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dijo en diciembre que el país pierde un punto porcentual de su tasa anual de crecimiento por la violencia.
La estrategia de Calderón contra narcotraficantes y bandas criminales se está analizando minuciosamente un año después de que un ataque con granadas, en la celebración del Día de la Independencia, causó la muerte a ocho peatones y dio lugar a que se reanudaran las peticiones de adopción de medidas enérgicas. Desde que el Gobierno destinó más soldados del ejército contra el narcotráfico, la frecuencia de los asesinatos solo ha ido en aumento. Este año se atribuye a la violencia del crimen organizado una media de 19,8 muertes diarias.
“El asunto de la seguridad no propicia la recuperación económica”, dijo Tobías en una entrevista. “Las empresas de México dicen que la seguridad es un problema y los planes de expansión están retrasados”.
Tobías estima que el coste económico de la violencia en México es del 2 al 3% del PIB, con un coste total de $120 mil millones, o alrededor del 12% de los $1,085 billones del PIB de 2008. Las estimaciones de Bulltick, una firma de intermediación con sede en Miami y con oficinas en cuatro países latinoamericanos, incluyen medidas del Gobierno, coste de las prisiones, inversión extranjera directa perdida y gastos en víctimas y empresas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México no respondió inmediatamente a una llamada telefónica y un correo electrónico en busca de comentarios a las cifras de Bulltick.
Las empresas que estudian invertir en México y envían ejecutivos al país están aplazando sus planes debido a la violencia, dijo Marcelo Canales, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el estado de Nuevo León.
“Una de sus preguntas es siempre sobre el asunto de la violencia, y es un factor para ellos a la hora de decidir si invierten en México, sin duda”, dijo Canales, cuya familia posee Verzatec SAB, fabricante de barandas y torres eléctricas de metal. “Los inversores extranjeros potenciales lo piensan dos veces”.
La prensa de México está llena de historias sobre la muerte de docenas de policías, el hallazgo de cadáveres decapitados, y de tiroteos con bandas de narcotraficantes que utilizan rifles de asalto.
Desde que tomó posesión en diciembre de 2006, Calderón ha enviado decenas de miles de soldados a regiones donde las bandas que transportan las drogas a Estados Unidos tienen sus baluartes. La estrategia ha dado como resultado el arresto de docenas de líderes de bandas, decomisos récord de drogas y el arresto de políticos acusados de ayudar a los traficantes.
Aun así, el crimen organizado ha matado a 5.018 personas este año al 10 de septiembre, según la contabilidad del diario El Universal. El año pasado, 6.277 personas fueron ultimadas, según cifras del Gobierno. Este no ha dado a conocer una cifra oficial de muertes del año en curso.
El número de víctimas desde 2008 incluye ocho personas muertas por granadas lanzadas en la plaza de la ciudad de Morelia, en la zona central del país, el 15 de septiembre, justo cuando el gobernador del estado daba el tradicional grito del Día de la Independencia: “¡Viva México!”. Los muertos y heridos en el ataque fueron civiles, lo que marcó una escalada de los ataques, que habían estado mayormente concentrados en miembros de las bandas de narcotraficantes, policías, militares y funcionarios del Gobierno.
Tres personas fueron arrestadas por el ataque con granadas, que el gobernador del estado, Leonel Godoy, atribuyó a los narcotraficantes.
Calderón respondió al ataque en Michoacán, su estado natal, intensificando las medidas contra la corrupción e impunidad policiales. En mayo, fuerzas militares y policiales detuvieron a 10 alcaldes y a otros 18 altos cargos en Michoacán por presuntos vínculos con la banda de narcotraficantes La Familia, el cartel dominante en el estado.
Funcionarios federales, estatales y judiciales firmaron el año pasado un Acuerdo Nacional de Seguridad por el que se comprometen a reforzar las instituciones que luchan contra el crimen y los secuestros. La iniciativa llega después de que el hijo de 14 años de Alejandro Martí, fundador de la cadena de artículos deportivos Grupo Martí SAB, fue secuestrado y asesinado.
La violencia sigue siendo una preocupación entre algunos inversores, dijo en una entrevista Joaquín Ávila, que gestiona el fondo de renta variable privada, de $134 millones, de Carlyle Group en México.
“Esos son factores que no se pueden negar. Están en la CNN, en Bloomberg, en cada medio de comunicación”, dijo Ávila. “Ojalá esas dificultades no existieran. Pero es una realidad”.
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