Vientos de guerra por concesión portuaria
Danny Canales dannycanales.asesor@larepublica.net | Miércoles 04 mayo, 2011
Sindicato y bananeros luchan por traerse abajo Terminal de Contenedores en Moín
Vientos de guerra por concesión portuaria
Causas ante Tribunal Contencioso deben ser desestimadas, considera Allan Hidalgo, jerarca de Japdeva
La construcción de la terminal de contenedores en Moín que se le pretende dar a un grupo holandés aún no está en tierra firme.
Dos grupos tradicionalmente opuestos en su ideología promueven, por separado, traerse abajo este proyecto.
Ellos son la Cámara Nacional de Bananeros y el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap).
La concesión le fue adjudicada al grupo holandés APM Terminals el único que participó el cual ofreció invertir $950 millones en la obra.
Los dos grupos que se oponen a este millonario proyecto se apoyarán en el Tribunal Contencioso Administrativo para tratar de impedir que el contrato llegue a firmarse.
Otra cosa en la que coinciden los bananeros y el sindicato es que ya fracasaron en el primer intento por derrumbar la concesión portuaria.
En la acera de enfrente, el Gobierno tiene fe en que ambas causas sean desestimadas porque no proceden, una por prescripción y la otra porque no agotó todas las vías legales.
La principal inquietud de los productores de fruta es que la nueva terminal encarecerá sus exportaciones y les restará competitividad.
Cada contenedor movilizado por la terminal de contenedores que se sacó a concesión costará $43 más que lo que se cobra en Moín.
También cuestionan que el proyecto carece de estudios y que el Estado está ofreciendo 15 regalías que no estaban contempladas en el contrato al grupo que se le adjudicó la obra, dijo Randall Quirós, representante del sector.
Por esto los bananeros insisten ante los jueces de lo Contencioso Administrativo en que anulen el contrato, esta vez mediante un proceso ordinario.
“De no hacerlo antes de que se refrende el contrato se podría exponer al Estado a pagar una millonaria indemnización a APM Terminals, advirtió Quirós.
El juez Daniel Aguilar ya había rechazado un primer intento de los bananeros, mediante un proceso preferente, para que se suspendiera la concesión.
El traspié se dio porque la Contraloría General de la República advirtió que tenía una apelación en estudio, pero al desestimarla la semana anterior, se volverá a insistir, justificó el representante de los productores.
Precisamente la apelación la había presentado el sindicato de Japdeva, pero fue desestimada por improcedente, ya que se determinó que el gremio no tiene interés legítimo en el proceso.
Por ello los representantes de los trabajadores portuarios elevarán el caso a un Contencioso Administrativo, adelantó Ronaldo Blear, secretario general de este movimiento.
Lo que reclama el sindicato es que el contrato lo saca del negocio del manejo de contenedores, ya que de firmarse ese mercado le sería asignado de forma exclusiva al grupo holandés.
De hacerse así, se le quitaría el principal negocio que tiene Japdeva, ya que esta actividad le produce el 60% de sus ingresos.
Cabe la opción de que Blear recurra también a la Sala Constitucional acusando que el Gobierno está promoviendo la creación de un monopolio privado.
Luego de analizar ambas causas, Allan Hidalgo, presidente ejecutivo de Japdeva, empresa que opera los puertos estatales ubicados en el Caribe, considera que deben ser desestimadas.
En el caso del proceso ordinario planteado por los bananeros, la defensa del Gobierno es que debe ser archivado.
Ello porque al cumplirse los cinco días que les dio el juez para justificar que habían agotado la vía legal, los productores no presentaron la documentación, afirmó Hidalgo.
Sobre el fondo, no es cierto que la tarifa de la TCM será más alta que la que pagan los bananeros actualmente y en el caso de los 15 puntos que le fueron cedidos a APM Terminals, la legislación lo permite, justificó el presidente de Japdeva.
Adicionalmente se solicitará a los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo que se desestime la causa de los sindicatos porque no se ha cumplido la vía administrativa, en el sentido de que la Contraloría no abordó el tema por el fondo.
En todo caso, deben dejarse de subjetividades ya que al final el contrato será revisado de forma minuciosa por la Contraloría para ver si le otorga o no el refrendo, concluyó Hidalgo.
Por su parte, los empresarios detrás de la concesión de la terminal tienen confianza por la desestimación que se hizo de los procesos presentados con anterioridad por los bananeros y el sindicato.
“Las dos resoluciones ratifican la existencia de la necesaria seguridad jurídica en Costa Rica, factor que es sin duda indispensable para inversiones de esta categoría en el país y nos compromete a realizar los mejores esfuerzos con el fin de contribuir en el desarrollo del sector portuario, su infraestructura y servicio, dijo Paul Gallie, director general de APM Terminals en Costa Rica.
Danny Canales
dcanales@larepublica.net
Vientos de guerra por concesión portuaria
Causas ante Tribunal Contencioso deben ser desestimadas, considera Allan Hidalgo, jerarca de Japdeva
Dos grupos tradicionalmente opuestos en su ideología promueven, por separado, traerse abajo este proyecto.
Ellos son la Cámara Nacional de Bananeros y el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap).
La concesión le fue adjudicada al grupo holandés APM Terminals el único que participó el cual ofreció invertir $950 millones en la obra.
Los dos grupos que se oponen a este millonario proyecto se apoyarán en el Tribunal Contencioso Administrativo para tratar de impedir que el contrato llegue a firmarse.
Otra cosa en la que coinciden los bananeros y el sindicato es que ya fracasaron en el primer intento por derrumbar la concesión portuaria.
En la acera de enfrente, el Gobierno tiene fe en que ambas causas sean desestimadas porque no proceden, una por prescripción y la otra porque no agotó todas las vías legales.
La principal inquietud de los productores de fruta es que la nueva terminal encarecerá sus exportaciones y les restará competitividad.
Cada contenedor movilizado por la terminal de contenedores que se sacó a concesión costará $43 más que lo que se cobra en Moín.
También cuestionan que el proyecto carece de estudios y que el Estado está ofreciendo 15 regalías que no estaban contempladas en el contrato al grupo que se le adjudicó la obra, dijo Randall Quirós, representante del sector.
Por esto los bananeros insisten ante los jueces de lo Contencioso Administrativo en que anulen el contrato, esta vez mediante un proceso ordinario.
“De no hacerlo antes de que se refrende el contrato se podría exponer al Estado a pagar una millonaria indemnización a APM Terminals, advirtió Quirós.
El juez Daniel Aguilar ya había rechazado un primer intento de los bananeros, mediante un proceso preferente, para que se suspendiera la concesión.
El traspié se dio porque la Contraloría General de la República advirtió que tenía una apelación en estudio, pero al desestimarla la semana anterior, se volverá a insistir, justificó el representante de los productores.
Precisamente la apelación la había presentado el sindicato de Japdeva, pero fue desestimada por improcedente, ya que se determinó que el gremio no tiene interés legítimo en el proceso.
Por ello los representantes de los trabajadores portuarios elevarán el caso a un Contencioso Administrativo, adelantó Ronaldo Blear, secretario general de este movimiento.
Lo que reclama el sindicato es que el contrato lo saca del negocio del manejo de contenedores, ya que de firmarse ese mercado le sería asignado de forma exclusiva al grupo holandés.
De hacerse así, se le quitaría el principal negocio que tiene Japdeva, ya que esta actividad le produce el 60% de sus ingresos.
Cabe la opción de que Blear recurra también a la Sala Constitucional acusando que el Gobierno está promoviendo la creación de un monopolio privado.
Luego de analizar ambas causas, Allan Hidalgo, presidente ejecutivo de Japdeva, empresa que opera los puertos estatales ubicados en el Caribe, considera que deben ser desestimadas.
En el caso del proceso ordinario planteado por los bananeros, la defensa del Gobierno es que debe ser archivado.
Ello porque al cumplirse los cinco días que les dio el juez para justificar que habían agotado la vía legal, los productores no presentaron la documentación, afirmó Hidalgo.
Sobre el fondo, no es cierto que la tarifa de la TCM será más alta que la que pagan los bananeros actualmente y en el caso de los 15 puntos que le fueron cedidos a APM Terminals, la legislación lo permite, justificó el presidente de Japdeva.
Adicionalmente se solicitará a los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo que se desestime la causa de los sindicatos porque no se ha cumplido la vía administrativa, en el sentido de que la Contraloría no abordó el tema por el fondo.
En todo caso, deben dejarse de subjetividades ya que al final el contrato será revisado de forma minuciosa por la Contraloría para ver si le otorga o no el refrendo, concluyó Hidalgo.
Por su parte, los empresarios detrás de la concesión de la terminal tienen confianza por la desestimación que se hizo de los procesos presentados con anterioridad por los bananeros y el sindicato.
“Las dos resoluciones ratifican la existencia de la necesaria seguridad jurídica en Costa Rica, factor que es sin duda indispensable para inversiones de esta categoría en el país y nos compromete a realizar los mejores esfuerzos con el fin de contribuir en el desarrollo del sector portuario, su infraestructura y servicio, dijo Paul Gallie, director general de APM Terminals en Costa Rica.
Danny Canales
dcanales@larepublica.net