(Video) Futuro del referéndum en la Asamblea Legislativa se conocería este martes
Partidarios del Sí y del No en el Congreso parecen estar divididos
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Este martes por la noche se conocerá el futuro del referéndum propuesto por el presidente Rodrigo Chaves en la Asamblea Legislativa.
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Rosalía Brown, presidenta en ejercicio del Congreso, ha confirmado que mañana se llevará a cabo un debate reglado seguido de la votación del proyecto.
Si la consulta logra reunir 29 votos de los legisladores, el referéndum continuará su trámite y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) deberá programar la votación popular antes de finales de julio de 2025.
En caso de ser rechazado, el presidente Chaves tendría que impulsar la consulta mediante el mecanismo de iniciativa popular, que requiere la firma del 5% del padrón electoral.
Este camino es más complejo y no garantiza que el tiempo sea suficiente para cumplir con todos los requerimientos.
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Actualmente, los partidarios del Sí y del No en el Congreso están divididos.
El presidente Chaves podría contar con una base de unos 23 votos, sumando el apoyo del PUSC, Nueva República y su fracción de Progreso Social Democrático. En contra estarían el PLN, el Frente Amplio y el Liberal Progresista, así como varias diputadas opositoras.
Brown señaló que no es necesario esperar el fallo integral de la Sala IV sobre la consulta hecha por 22 legisladores la semana pasada.
El máximo tribunal declaró la consulta inadmisible porque el Congreso no ha tomado una decisión al respecto.
Esta mañana, legisladores del PLN y el Partido Liberal Progresista indicaron a La Nación que defenderán la idea de esperar el fallo integral.
La Ley Jaguar para el Desarrollo Nacional, presentada por el presidente Chaves, implica un referéndum antes de las elecciones presidenciales del 2026 y se centrará en varios temas.
Principalmente, abarca una reforma de la ley que regula a la Contraloría General, el desarrollo de Ciudad Gobierno y la Marina y Terminal de Cruceros de Limón.
La propuesta de ley modifica la ley de contratación administrativa y aclara normas y competencias de la Contraloría General.
En este contexto, el gobierno está en una carrera contra el tiempo para avanzar con el plan.
