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La presente administración heredó un problema ya grave y al igual que la anterior no le ha dado solución adecuada


Vida de usuarios en peligro por puentes

Una grave situación en nuestras carreteras, especialmente en sus puentes, amenaza a quienes deben transitarlas.
Esto es la consecuencia de la inacción o acciones equivocadas de las administraciones de turno desde hace mucho tiempo. Desde que se conoce la condición no se ha hecho nada o lo intentado se hizo mal.
“La situación la destacaba un estudio de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón por encargo del propio Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)”, señalaba un editorial de LA REPÚBLICA el 30 de setiembre de 2009.
En efecto, conocimiento siempre hubo, pero la voluntad política estuvo dirigida hacia otros intereses.
Si no sabemos concesionar bien, para beneficio de los usuarios, de los concesionarios y del país en general, como ha quedado demostrado desde hace muchos años, hubo tiempo desde 2007 para conseguir el dinero, capacitar personal si fuera el caso y que el MOPT emprendiera las obras sin pérdida de tiempo.
Para eso cuenta la entidad con una enorme planilla de funcionarios profesionales, ingenieros y técnicos que deben abocarse justamente a estos grandes problemas nacionales. Las vías cantonales deben resolverlas las municipalidades.
¿Por qué no se capacitó, si es que hacía falta, aquí o en el extranjero a algún personal de primera línea para que dirigiera al resto y se hicieran obras que eran más que urgentes?
El propio Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos en 2009 había ya pedido que la situación fuera decretada emergencia nacional.
Son carreteras que hace rato cumplieron su periodo de vida útil y esa duración dependía también de que recibieran el mantenimiento adecuado. Algo que tampoco se hizo.
“La situación se agrava porque la cantidad de carga y de vehículos que circulan actualmente sobrepasa los límites establecidos cuando se levantaron los viaductos”, decíamos en este mismo espacio en abril de 2009.
La presente administración heredó un problema ya grave y al igual que la anterior no la ha atendido correctamente.
Hay sin embargo tres posibles soluciones para la carretera San José – San Ramón.
Una sería rescatar la polémica concesión, que de otro modo se rescindirá por mutuo acuerdo.
Otra, constituir un fideicomiso con fondos de entidades públicas que no estén en crisis financiera sino con superávit y cuyos traspasos no pongan en riesgo su operación y competitividad. No se debe abrir un hueco para tapar otro.
O destinando el dinero de los créditos viales que ha pedido el país para reparar la desgastada carretera y su puente en peligro.
Mientras tanto, el puente sobre el río Virilla también vive largas horas extra, con deterioro en aumento y sostenido, disminuyendo la seguridad de los usuarios en forma progresiva, de acuerdo con investigaciones de la UCR.
 


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