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Viceministro de Justicia: “Liberación de reos no aumentará crimen”

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Miércoles 11 noviembre, 2015


Entre los reos que hoy gozan de libertad bajo un sistema semiinstitucional, no se incluye a secuestradores, abusadores sexuales, narcotraficantes o delincuentes de cuello blanco, destaca Marco Feoli, viceministro de Justicia. Gerson Vargas/La República


Aunque no puede garantizar que ninguno de los 574 reos liberados vuelva a delinquir, Marco Feoli, viceministro de Justicia, está seguro de que en la gran mayoría de los casos esto no sucederá.
La decisión de cambiar de régimen institucional a decenas de privados de libertad para reducir el hacinamiento en las prisiones, tiene al funcionario en medio de una lluvia de críticas por parte de los diputados.
No obstante, Feoli señala que los derechos humanos de los reos, no se pueden obviar.

¿En qué se basa la decisión del Ministerio de Justicia de liberar más de 500 reos?
Debido a la grave situación de hacinamiento de las cárceles, hemos decidido cambiar a más de 500 personas a un régimen semiinstitucional, en el cual los privados de libertad pueden ir a trabajar durante el día fuera del penal, con la condición de que regresen en la noche a dormir.
Esta no es la primera vez que se acude a esta decisión, ya que en 2013 por ejemplo, unas 1.300 personas se vieron beneficiadas por esta medida.
Por otra parte, con esta decisión también buscamos acatar los fallos de juzgados del país y de la Sala IV, sobre la violación de los derechos humanos.

¿Puede el Ministerio garantizar que estas personas no cometerán nuevos delitos?
Eso es algo que nadie puede garantizar. Tampoco puedo garantizar que esta noche, usted, yo, o algún lector, se vea involucrado en un accidente de tránsito o en una situación penal.
De lo que sí puede dar fe el Ministerio de Justicia, es que hemos estudiado el tema a conciencia, para crear los mecanismos necesarios que faciliten el control sobre personas que en la mayoría de los casos no serán reincidentes.
De hecho, el programa de cambio institucional ha sido muy exitoso, a tal punto que el 90% de las personas que se incluyen en el programa, termina su condena sin nuevos problemas.
El resto sí regresa a la cárcel, pero de ese 10%, solo un 1% es reincidente, ya que el resto son devueltos porque pierden el trabajo, o bien, porque no cumplen otros requisitos como firmar o venir a dormir.

Mensualmente unos 600 personas ingresan a los centros penales y de ellas, solo unas 200 salen. Esto implica que la medida de desahogo que hoy plantea el Ministerio de Justicia será insuficiente para disminuir el hacinamiento a principios del otro año. ¿Significa esto que se darán nuevas “salidas de reos”?
Esto es una potestad del Ministerio de Justicia que nos toca administrar regularmente. El cambio de privados de libertad de un régimen institucional, a un sistema más abierto, no es algo nuevo.

Los diputados califican de “chambona y tontería esta decisión, ¿qué opina?
Hay un poco de control político en sus opiniones y también, lamento decirlo, un poco de desinformación.
En estos últimos días se han dado opiniones alejadas de la realidad.

Ahora bien, tomando en cuenta que estamos a pocas semanas del pago de aguinaldos y que existe el temor de que en este 2015 se rompa el récord en el número de homicidios, ¿se puede considerar esta decisión como oportuna?
Los derechos humanos no pueden esperar, no importa si es junio, enero o nos estamos comiendo los tamales.
Creo que la gente tiene poca empatía con estas personas que ya viven en condiciones inmorales, a pesar de que nos llamamos un país cristiano.
Por otra parte, es importante destacar que los privados de libertad favorecidos no van a salir a delinquir, ya que todos ellos han recibido apoyo psicológico, técnico y otras ayudas que demuestran que pueden cambiar de régimen.

Usted me habla de los derechos humanos de los reos como premisa, pero le pregunto, ¿qué está primero, el derecho de las víctimas, o los derechos de las personas privadas de libertad?
No se trata de poner sobre la balanza este tema, ni de ponernos a pelear.
Lo que debemos tener claro es que un privado de libertad no pierde sus derechos humanos y nosotros como Estado, tenemos la obligación de tutelarlos.
La gente no entiende las condiciones de las cárceles, no sabe la realidad que esta gente vive día a día y si la conociera, sabría que no es una alcahuetería la decisión que hemos tomado.

¿Por qué no pensar primero en la construcción de nuevas cárceles?
El Estado no puede construir nuevos espacios carcelarios si no tiene dinero y en ese sentido, abogamos por una reforma fiscal.
Por otra parte, como sociedad debemos pensar en un cambio más profundo que implique la aceptación de medidas alternativas, la revisión de la prisión preventiva, el uso de brazaletes electrónicos y otras propuestas, para así dejar el encarcelamiento como último recurso.
Como todo esto no ha sido suficiente, el Ministerio ya trabaja en la construcción de unos 2.500 espacios nuevos para reos.

-¿Por qué no esperar a tener en funcionamiento el programa de brazaletes electrónicos antes de echar a andar este programa?
Esa era una opción, pero todavía falta adjudicar el cartel, ya que el BID declaró desierto el concurso que se hizo, porque el único oferente doblaba la expectativa presupuestaria.







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