Vía libre a firma de contrato portuario

No se suspende concesión, resuelve Tribunal

Vía libre a firma de contrato portuario

Juez debe ser sustituido, dice Ronaldo Blear, líder sindical

Nada podrá impedir que se firme el contrato para construir una isla que sirva como megaterminal especializada en la atención de buques contenedores en el Caribe.

A pesar de que la presidenta Laura Chinchilla se lamentó esta semana, en México, de la mala experiencia que ha sufrido el país en materia de concesiones, en los próximos días podrá completar el trámite de la obra más ambiciosa planeada mediante este modelo en el país.

El avance del proyecto será posible luego de que el Tribunal Contencioso Administrativo se trajera abajo ayer la pretensión de Ronaldo Blear, líder del sindicato de Japdeva, de suspender la firma del contrato, hasta que se resuelva una demanda que él mismo presentó para anular la concesión.

La medida cautelar que pidió Blear se yergue “desproporcionada” y “carente de seriedad”, pues al solicitar que se suspenda la firma del contrato, ese solo hecho no genera efectos jurídicos per se, resolvió Billy Araya, juez que tramita la demanda presentada por el sindicalista.

Pero Blear anunció que las cosas no se van a quedar así y anoche adelantó a LA REPUBLICA que el lunes apelará la resolución y a la vez pedirá la separación del juez que lleva la causa, a quien acusa de presuntamente haber emitido juicios de valor y no precisamente legales.

Blear ha insistido en que si el contrato llega a firmarse y a refrendarse por parte de la Contraloría y, posteriormente, el Tribunal Contencioso lo anula, se corre el riesgo de que la empresa APM Terminals, grupo holandés que se adjudicó la obra, demande al Estado por unos $250 millones.

Pero el juez estima que el temor de Blear es prematuro pues resolvió que aunque la Contraloría avale el proyecto, la última palabra la tiene la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que es la entidad que deberá determinar posteriormente si la construcción del proyecto afecta el ambiente.

La creación de un monopolio privado que promueve la concesión portuaria, al darse el negocio de los contenedores de manera exclusiva al operador privado, fue el principal reclamo que realizó el líder sindical en la demanda de nulidad de contrato que presentó el mes anterior.

Además se cuestiona que las tarifas que se cobrarían en el nuevo muelle son muy altas y carentes de fundamento técnico, también se impugnó que no se realizaron los estudios ambientales previos que establece la normativa para sacar un concurso de concesión.

Pero a criterio de Francisco Jiménez, ministro de Obras Públicas y Transportes, Blear tiene una confusión que lo llevó a presentar la demanda.

Para empezar, la concesión no crea un monopolio sino que lo que hace es promover la especialización de los puertos. Además dijo que las tarifas y los estudios tanto financieros como ambientales surgieron de un plan maestro cuya elaboración le fue contratada a una empresa holandesa.

Serán los tres jueces que nombre el Tribunal Contencioso, quienes decidirán quién tiene la razón en este pulso.

Pero en la actualidad, con el camino legal despejado, Jiménez dijo que van a darle curso al cronograma establecido para la concesión.

Aunque los 120 días que tiene el Gobierno para firmar se cumplen mañana, Allan Hidalgo, presidente ejecutivo de Japdeva, dijo que podría postergarse para el próximo miércoles, pues aún está pendiente que la junta directiva del Consejo Nacional de Concesiones ratifique el contrato.

Ayer, en una junta de trabajo extraordinaria, los directivos de Japdeva firmaron el documento, anunció Hidalgo.

Ya la compañía europea completó los trámites previos. Conformó una sociedad con un capital de $100 millones, pagó $2,4 millones en los timbres que requiere la ley, además depositó la garantía de $4 millones, afirmó Rogelio Douglas, gerente de APM Terminals Moín.

APM Terminals ofreció construir una isla de 1,5 kilómetros de longitud que hará las veces de un puerto, que tendrá una profundidad de hasta 16 metros. Con esas dimensiones se podrán atender buques con capacidad de hasta 5 mil o 6 mil contenedores de 20 pies.

La inversión en el nuevo muelle ronda los $1 mil millones —más de tres veces y media lo que costó la carretera a Caldera—; la tarifa por cada contenedor movilizado sería de $223.

Si el Tribunal Ambiental no anula el contrato, las obras en el puerto iniciarían en el primer semestre de 2013; el plazo de construcción es de 36 meses, es decir que se estaría inaugurando en 2016.

Pero en caso de que el proyecto se venga abajo en los Tribunales, entonces se obligaría al Gobierno a correr para sacar un nuevo concurso para mejorar las condiciones de los puertos.

Danny Canales

dcanales@larepublica.net