Reparación pronta depende de acuerdo con OAS

Vía a San Ramón metida en un zapato

Brasileños aún mantienen concesión vigente

Pese a la lluvia de sugerencias que ha brotado en las últimas semanas para ampliar la ruta entre la capital y San Ramón, llevar a cabo las obras no es tarea fácil.

La erosión en los puentes ubicados en la vía a San Ramón es otra falla que genera riesgo a los usuarios del camino. Gerson Vargas/La RepÚblica

Antes, el Gobierno deberá rescindir la concesión que tiene vigente la brasileña OAS para ampliar ese camino, con el consentimiento de los suramericanos.
Si no se logra un acuerdo, la constructora conservaría el derecho de realizar los trabajos, pues el contrato no solo tiene la firma de la presidenta Laura Chinchilla sino que además fue avalado por la Contraloría General de la República.
No obstante, el camino para terminar el contrato de forma pacífica es empedrado, sobre todo para la mandataria.
Ello porque OAS solicita $46 millones de indemnización como única condición para terminar la relación con el Gobierno, justificando que eso es lo que ha invertido en estudios, especies fiscales y gastos de operación.
La condición impuesta por los suramericanos mete al Gobierno en un zapato.
Por un lado los burócratas saben que para no dañar la imagen del país ante el resto de empresas del mundo deben llegar a un acuerdo que satisfaga a los brasileños.
Además reconocen que para apurar la reparación del camino que lleva al occidente sería conveniente utilizar los estudios realizados por OAS y eso implicaría tener que pagarlos.
Pero al mismo tiempo tienen claro que si le pagan a la empresa podría generar la reacción popular en contra de la medida y dañar la imagen de la Presidenta en momentos en que se esfuerza por mejorar su popularidad para el cierre del mandato.
Sin embargo, pagarle a la empresa por los estudios realizados parece  la mejor salida, pues se lograría que la empresa se vaya con un sabor de boca menos amargo y se podría reparar la carretera con celeridad.
Llevar el caso a la vía legal es otra alternativa que podrían considerar los burócratas para quitarse de encima la presión popular; al final lo que se resuelva sería emitido por un tercero calificado.
Pero eso atrasaría el arreglo y si el maltrecho camino llegara a colapsar sin que se tenga una solución, más bien le produciría una fuerte tensión al Gobierno.
Entre las vías alternativas de conflicto que hay disponibles está el arbitraje.
Sin embargo, en ese escenario OAS advierte que reclamaría el lucro cesante, que es el dinero que dejaría de percibir al no operar la carretera por 30 años, al cual estaría renunciando si llega a un mutuo acuerdo.
La reparación de la vía a San Ramón es prioridad para el país no solo por su grave deterioro, sino también por su alto tránsito, en algunos tramos por arriba de los 90 mil vehículos diarios.
Además porque lleva a comunidades altamente pobladas y a zonas estratégicas para la economía del país, como zonas francas, el aeropuerto Juan Santamaría y la zona industrial de El Coyol de Alajuela.
Pese a su importancia, la reparación y ampliación del camino se pospuso por años a la espera de que se resolviera la concesión que se había aprobado en 2005 con ese propósito.
No obstante, cuando estaba todo listo para llevar a cabo las obras se generó una reacción popular en contra de la concesión debido principalmente a que los vecinos se negaron a pagar los ¢2 mil por sentido que se cobraría como peaje.
La reacción popular fue tan fuerte que la presidenta Laura Chinchilla anunció en cadena de televisión el 22 de abril que rompería el contrato por mutuo acuerdo.
Actualmente el contrato está suspendido, mientras se define la ruta para finiquitarlo con el consentimiento de las partes.

La baranda del puente sobre el río Torres se desprendió lo que pone en peligro a los peatones. Gerson vargas/La repÚblica

Danny Canales
dcanales@larepublica.net