Silvia Castro Montero

Silvia Castro Montero

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Lunes 11 Julio, 2016

Todos los costarricenses tenemos el derecho a aspirar a una formación gratuita y de calidad, inclusive universitaria, sin distingo de condición socioeconómica

Váuchers educativos y otras locuras

Toda institución educativa se mantiene de los ingresos que recibe, ya sea por subsidios estatales, el pago que recibe directamente de los estudiantes y sus padres de familia, o una combinación de ambos. En el caso de las instituciones públicas, reciben subsidios que provienen de los contribuyentes a través de la redistribución de ingresos que realiza el Estado; la educación en realidad no es gratuita para nadie, y la educación de calidad, aún menos.
Como los subsidios actualmente llegan a las instituciones públicas sin tener que rendir cuentas sobre su desempeño, se vuelven pasivas, autocomplacientes y poco interesadas en adecuarse a las necesidades de las comunidades a las que sirven. Su prioridad es servir a los funcionarios y los sindicatos, mientras que los alumnos pasan a segundo plano. ¿El resultado? Las condiciones salariales del personal mejoran sustancialmente, incluyendo el pago de incentivos (sin relación alguna con su desempeño) equivalente a 41% de su salario, mientras que seis de cada diez alumnos que entran a la primaria no concluyen la secundaria.


Si, en cambio, para recibir esos aportes estatales, las instituciones dependieran de la voluntad de las comunidades a las que sirven, se asegurarían que los alumnos lleguen a las aulas, que los profesores impartan un currículum pertinente a las exigencias del mundo globalizado, que empleen metodologías de enseñanza y recursos apropiados, y que los chicos se gradúen en los plazos definidos.
No se trata de privatizar la educación pública; se trata de someter a la educación pública a la disciplina del mercado. Se mantiene el sistema de educación gratuita, pero en lugar de subsidiar a las escuelas, se subsidia a los alumnos. Es decir, cada padre de familia recibiría un cheque del Estado, o un váucher educativo, equivalente al costo de la educación de su hijo, para que el padre de familia sea quien elija la escuela de su preferencia, pública o privada.
La iniciativa no es innovadora; ya se ha implementado con éxito alrededor del mundo, en países como Suecia, Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda, Colombia, Chile e India. Su factibilidad depende de que se utilice una metodología de implementación que responda a las realidades y restricciones de cada contexto. En Costa Rica, la posibilidad ni siquiera se ha considerado, según entiendo, por cálculos políticos de las presiones que ejercerían los sindicatos y funcionarios del Gobierno Central, quienes tendrían que ceder su autoridad, poder y control ante las comunidades escolares.
No son los alumnos de secundaria quienes fracasan, sino el sistema educativo el que los expulsa. ¿Por qué no poner a prueba el sistema e implementamos un plan piloto? Ya existen otras 17 modalidades educativas. Todos los costarricenses tenemos el derecho a aspirar a una formación gratuita y de calidad, inclusive universitaria, sin distingo de condición socioeconómica. Todos aspiramos a darles a nuestros hijos la mejor calidad de educación. La idea podría funcionar.

Silvia Castro, Rectora de ULACIT