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Pese a presión internacional durante este año, cuentas no podrán ser investigadas sin autorización de un juez
Usuarios ganan batalla por secreto bancario
Para sacar al país de lista negra, Hacienda ofreció hacer más expedita la entrega de información fiscal a autoridades extranjeras

Durante nueves meses, la presión internacional ejercida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) buscó por distintos medios que Costa Rica abriera su secreto bancario.
Las demandas de la OCDE no eran claras, así como los parámetros que supuestamente debía cumplir el país para apaciguar las amenazas y sacarlo de las listas negras de paraísos fiscales.
Finalmente, este mes, tras las comparecencias de Jenny Phillips, ministra de Hacienda, en París y República Dominicana, se aclaró que las pretensiones se limitaron al compromiso de ofrecer un trámite más expedito de las solicitudes de información tributaria internacional.
De esa forma, y tras diversas posiciones dadas a conocer por LA REPÚBLICA, se constató que el ente internacional no demandaba la supresión del juez en los procesos de levantamiento del secreto bancario, por lo que la intimidad tal y como se conoce en la actualidad se mantiene.
En este sentido, los usuarios bancarios figuran como los ganadores de la batalla librada debido a que sus garantías permanecerán resguardadas.
Esto deja buena impresión entre los diversos grupos, que consideraron que otorgarle el libre poder de revisión de cuentas bancarias a la Dirección de Tributación Directa era desproporcional, y poco prudente.
“Me parece que se dio la mejor solución. Atiende un compromiso justificado con la OCDE, agiliza los trámites internacionales para el intercambio de información pero sin dejar desprotegido al sistema financiero”, consideró Anabelle Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos y precursora de la propuesta.
Junto con esta medida, el país también se comprometió a firmar más de una decena de tratados de intercambio de información tributaria, para cumplir con los parámetros internacionales.
Además persisten algunas amenazas. El proyecto de ley para dar sustento legal a lo ofrecido por el país ya está haciendo fila en la Asamblea Legislativa, aunque va contra tiempo. De no llegar a la meta antes de marzo, el país se expondría a sanciones por parte de la OCDE y el G-20, lo que supondría la supresión de toda cooperación internacional por parte de los países en desarrollo.
“Costa Rica no se considera como un paraíso fiscal, pero sí tiene límites en cuanto al acceso a la información bancaria para efectos fiscales y no tiene muchos acuerdos de intercambio”, indicó Grace Pérez-Navarro, directora adjunta de política y administración fiscal de la OCDE.
Los dos compromisos ya mencionados —agilizar trámites de intercambio de información y firma de tratados internacionales— debieran cumplirse antes de marzo, presión que deberá administrarse en un entorno legislativo afectado por la campaña electoral.
“Si bien estar en la llamada lista negra de la OCDE es injusto para la imagen del país, más grave sería haber adquirido compromisos al calor de un escándalo mediático, de ahí la necesidad de conocer el detalle de lo conversado entre el Ministro de Hacienda y las autoridades de la OCDE. El levantamiento del secreto bancario para fines fiscales es un tema que requiere prudencia y análisis”, dijo Mario Quirós, diputado libertario que estudió el tema.
El levantamiento de ese velo que protege la confidencialidad de las personas poco a poco ha ido desapareciendo, por la necesidad de impedir la legitimación de capitales.
El crimen organizado utiliza al sistema financiero para que dineros mal habidos queden “limpios”, y por eso las entidades financieras han tenido que reducir el alcance del concepto de confidencialidad.
Incluso, el levantamiento del secreto bancario es una norma internacional impulsada por los países desarrollados (G-20) en 2004, la cual fue aprobada en el seno de la OCDE, por tanto es un parámetro mundial que de una u otra forma debe cumplirse, explicó Jonathan Menkos, especialista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.
La dificultad para definir ese límite se debe a que las autoridades tienen la necesidad de revisar la información financiera para detectar cualquier intento de lavado de dinero, y de esa forma cortar el financiamiento al crimen organizado.
El problema es que va en detrimento de la confidencialidad, que es una garantía constitucional y que está argumentada en la necesidad de proteger información vital, que de ser de conocimiento de personas inapropiadas, pudiera propiciar secuestros, extorsiones o afectar a empresas frente a la competencia, consideró Luis Ortiz, especialista en derecho financiero de BLP Abogados.



Daniel Chacón
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