Urgente organización contra el crimen

El crimen en Costa Rica se está profesionalizando, se organiza bajo el esquema empresarial y ha tomado dimensiones pandémicas, al punto que está enquistándose dentro de las mismas autoridades encargadas de combatirlo, como la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y varias delegaciones de la Fuerza Pública.

De otro lado, el “largo” brazo de la Ley ya no es tal, acortado por las deficiencias intestinas presupuestarias y organizativas, situación que exige con carácter urgente una cirugía mayor.

Empero, a un año de la declaratoria de emergencia nacional por inseguridad decretada por el Presidente de la República, los jerarcas de Presidencia, Justicia, Seguridad y Hacienda y las cabezas de la Corte, Organismo de Investigación Judicial y Fiscalía, aún no pasa en el Congreso el paquete de leyes contra la delincuencia organizada.

La legislación no es en sí una solución mágica, porque el problema es en extremo serio y ha tomado tanta fuerza que aun con ella dará guerra durante muchos años, pero sí representa la disolución de una camisa de fuerza que impide a las autoridades afrontar de igual a igual la criminalidad contemporánea.

Es por eso que casi un año después de pegado el grito al cielo, y tras casi cuatro meses de análisis en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, es preocupante que caiga una lluvia de mociones cual perdigones de grueso calibre sobre un proyecto tan revisado.

La sangre derramada no miente, el auge de las víctimas de la criminalidad es un hecho que consta en las estadísticas oficiales y no es el momento de politizar y atrasar decisiones tales como la extensión de los términos de prescripción de la acción penal, así como la ampliación en materia de prisión preventiva y el endurecimiento de las penas, sin olvidar la urgencia de proteger a las víctimas, testigos y otros intervinientes, que tiene el propósito de evitar la impunidad que se produce cuando estos no acuden a declarar en los juicios porque están amenazados.

Si el problema son las intervenciones telefónicas y el levantamiento del secreto bancario en todos los casos dictaminados por un juez como delincuencia organizada, que esos aspectos en particular sean pospuestos momentáneamente, pero que el grueso de las reformas pase cuanto antes.