Natalia Díaz

Natalia Díaz

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Jueves 11 Enero, 2018

Urgencia de un pacto político nacional

Los costarricenses nos aprestamos a tomar una de las más importantes decisiones que afectarán nuestra vida en los próximos años. A gran velocidad nos acercamos a ese día, cargando un mar de dudas e indecisiones. Este país, que es ejemplo de lentitud para tomar posiciones, que no le gusta arriesgar y además carga enormes y reiteradas decepciones con sus gobernantes, con los partidos y con la misma clase política, está enfrentando un enorme reto en las redes sociales, en la televisión y en los demás medios digitales. Ya no son únicamente las concentraciones en todos los cantones, ni las banderas en casas y carros y los panfletos los que marcan la pauta electoral, sino también la tecnología y el mundo digital de hoy.

Frente a este nuevo quehacer electoral, el tico acudirá al recinto electoral, sin abandonar la esperanza de una Costa Rica mejor para todos, pero llevando sobre sus espaldas la necesidad de un empleo para su hermano, de una mejor educación para su hijo, o el vecino que tuvo que desertar del colegio el año pasado, o de una operación o tratamiento de cáncer para la madre a dos o tres años. Pero también el empresario, el comerciante, el agricultor, el pescador o artesano, acarician la idea de mejores vías de transporte para llegar a los puertos, o de caminos para llegar al mercado nacional con productos agrícolas, pesqueros o artesanales. Quizás muchas empresas pequeñas, medianas o grandes, pueden atraer divisas exportando al Norte o al Este, pero las cargas sociales los están asfixiando.



Hoy cada familia agradece a Dios cuando llegan a casa todos sus miembros, dada la inseguridad que muestran las ciudades, las calles y nuestros mismos domicilios. Así, los problemas que arrastramos en este proceso electoral, y que impregnan de angustia el mismo, son cada día mayores, y exigen de las instancias partidistas, de las instituciones públicas y poderes públicos, mayores arrestos, mayor visión y compromiso con soluciones efectivas y prontas.

Seguir en lo mismo implicará más penuria para los que menos tienen, más angustia para todos los costarricenses y un deterioro mayor en las condiciones de vida de la población. Desde la perspectiva estatal, nos encontramos con un Gobierno con angustias fiscales, con una crisis en sus finanzas que lo limitan para atender sus obligaciones con sus trabajadores públicos, con la deuda pública y ni que decir con los recursos necesarios para inversión en infraestructura y en desarrollo social, temas tan ansiados por toda la población.

Bien decía el último Informe Estado de la Nación, que el país a pesar de algunos logros, sigue estancado o hacia atrás. “Los positivos resultados sociales, económicos y políticos que obtuvo Costa Rica en 2016 e inicios de 2017, no contribuyeron a solucionar los cada vez más severos problemas estructurales de su estilo de desarrollo. Tal es, en síntesis, el balance de la situación que este Informe Estado de la Nación 2017 describe y explica a lo largo de sus capítulos”. Estamos ya frente a problemas estructurales de máxima gravedad. Y esto sí implica que frente a las próximas elecciones, las fuerzas políticas con opción de victoria real, tienen frente a sí un monumental reto. Este tipo de problemas ha calado en todas las esferas de la vida nacional y amerita tomar decisiones y acciones determinantes para dar respuesta contundente a la gravedad de los mismos.

Los costarricenses no tolerarán otra respuesta. Han sido muchas las esperanzas frustradas con partidos y políticos de uno u otro signo. Frente a la magnitud de los mismos, se requiere que dicha respuesta incorpore o incluya a las distintas fuerzas políticas y participe a las organizaciones representativas de los sectores económicos. Una sola fuerza política no tendrá el soporte necesario para emprender con algún éxito tan monumental reto. Solo una cruzada nacional, encabezada por un líder con solvencia moral y con capacidad política, con un apoyo de múltiples fuerzas políticas —no solo el partido ganador—, fuerzas sociales y económicas y una clara visión de las acciones a tomar y de los consensos necesarios para impulsar tales acciones, nos permitirán salir adelante.

Ya el país vivió en otros tiempos, esfuerzos parecidos a los que aquí mencionamos. Sin embargo, hoy estamos frente a necesidades incrementadas, con una composición diferente de las mismas, con un manejo de la información distinto, con unas expectativas agravadas y una complejidad mayúscula de la problemática actual; y con una integración multipartidista en la Asamblea Legislativa. Todo ello hace ineludible que el próximo presidente de la República deberá ser conductor de un proceso de diálogo nacional, que incorpore a las múltiples fuerzas políticas, sociales y económicas, para encontrar la legitimidad necesaria para encaminar los cambios que esta sociedad requiere.

Un gran acuerdo político nacional será imprescindible si se quiere avanzar en la línea correcta, para tener el soporte político que implican las medidas que el país necesita. Ello deberá tocar la integración del Consejo de Gobierno, de las juntas directivas de autónomas, de los consejos que establezca y de otras formas de participación responsables de los diferentes actores de la vida nacional. El mismo Informe del Estado de la Nación, se pronunció al respecto con estas palabras: “Tanto la agrupación que triunfe en los comicios del 2018, como los partidos de oposición que obtengan curules parlamentarias, tendrán en sus manos la gran responsabilidad de destrabar la búsqueda y concreción de respuestas a los principales desafíos del desarrollo humano y, en el plazo inmediato, llegar a un acuerdo político sobre la reforma fiscal. La manera en que los partidos encaren la competencia electoral ayudará, o no, a crear un clima más propicio para el diálogo que tanto requiere el país para enfrentar la insostenibilidad creciente de sus logros sociales y ambientales. “Patear el tarro” hacia adelante, es decir, trasladar a un tiempo futuro la toma de decisiones, es un lujo que Costa Rica ya no puede darse: el esfuerzo para recuperar el ritmo de avance necesario es cada vez más difícil, y mientras no se consiga ponerlo en marcha, la vulnerabilidad será mayor. Así, posponer de nuevo lo urgente puede generar severos impactos en las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría de la población”.