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Fernando Castillo, magistrado de la Sala IV electo ayer por el Congreso, asegura que instancia judicial precisa de reformas profundas
“Urge una reforma a la Sala Constitucional”

Nuevo titular fue respaldo por 39 de los 44 diputados presentes ayer en el Plenario

Alas 3:18 p.m. de ayer los diputados saldaron una deuda que tenían desde hace 21 meses con el país, nombraron al magistrado propietario de la Sala Constitucional que debió sustituir a Luis Fernando Solano cuando se pensionó.
Tras llegar a un consenso entre el oficialismo y la oposición, 39 de los 44 diputados presentes en el Plenario designaron a Fernando Castillo, procurador constitucional de la República, como el nuevo magistrado de esta instancia judicial.
La mitad de su vida ha laborado para los tres poderes de la República. A sus 50 años ha trabajado como asesor legislativo, posteriormente lo hizo en la Casa Presidencial y los últimos diez años en el Poder Judicial como procurador.
El nuevo magistrado será juramentado hoy por el Congreso.


¿Cómo toma esta designación?
Me siento satisfecho de ocupar un cargo como este para poder servirle a mi país, es un puesto tan importante.
Me siento muy tranquilo y celebro que los señores diputados hayan llegado a un punto de encuentro, porque esto fortalece la institucionalidad del país.

¿Qué lleva como reto a la Sala IV?
La misión de este tribunal es velar por que los servicios de supremacía constitucional y por que los derechos fundamentales de la Constitución y de los tratados internacionales se cumplan a cabalidad y a eso es a lo que voy.
Es importante además que haya una jurisprudencia permanente que sea sostenible en el tiempo, la ley de la jurisdicción establece la uniformidad en la implementación del derecho.

¿Usted cree que la Sala Constitucional está saturada?
Por supuesto que está saturada, son cerca de 20 mil sentencias al año, y eso implica una enorme carga de trabajo.
Pero ese aspecto no es de solución de la Sala, sino que la solución pasa por reformas a la ley de la jurisdicción, eventualmente una reforma constitucional, pero esa materia está reservada para los diputados en el Congreso.

¿Pero qué propondría?

Yo soy partidario de la creación de los tribunales constitucionales que se encarguen de ver los hábeas corpus y los amparos y que además de esto estos tribunales se puedan regionalizar y dejar al pleno para que conozca acciones de inconstitucionalidad, control previo, conflictos, consultas judiciales y conflictos de competencias constitucionales.
Esto racionaría de mejor manera el trabajo, pero sí urge una reforma a la Sala Constitucional.

¿Qué piensa de la consulta facultativa, se debe eliminar o se debe mantener?
En esto hay un debate. Yo sí creo que por lo menos hay que agravarla y limitarla a ciertos casos.
Yo creo que se debería al menos subir de diez a 19 diputados el requisito para que se plantee, pero es un tema discutible, del cual podría salir algo interesante.

¿Debe la Sala Constitucional quedar dentro del Poder Judicial o debe salirse?
Eso no ha sido un problema. La experiencia europea es que todos los tribunales constitucionales están fuera del Poder Judicial.
Acá en el país por el número de expedientes que manejan los magistrados de la Sala sí debería eximírseles de algún tipo de gestión del Poder Judicial.

¿Qué opinión le merece el tema de Crucitas?
Prefiero no referirme a esos temas.

El Congreso duró más de un año y medio para designar a alguien en el puesto que hoy —ayer para los lectores— usted fue nombrado…
Sobre temas propios del Congreso también prefiero no referirme.

Usted es liberacionista, trabajó como asesor del presidente Oscar Arias en su primera gestión. ¿Cómo se ganó el respaldo del PAC?
Yo hace diez años me desvinculé de toda participación política partidaria.

¿Cuántas veces se había postulado como magistrado de la Sala?
Cuatro veces.

Carlos J. Mora
[email protected]


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