Urge arreglar el proyecto de plataformas para beneficio de los usuarios

Juan Ricardo Fernández Ramírez

Presidente

Asociación de Consumidores Libres

acl@consumidoreslibres.org

En la era de la tecnología y la digitalización, los servicios de transporte han experimentado una transformación radical. Plataformas como Uber, Lyft, Didi y otras han revolucionado la forma en que nos desplazamos, ofreciendo una alternativa conveniente y accesible al transporte tradicional. Después de ocho años de haber ingresado al país hay cierto consenso de que es una actividad que se debe regular. Esto no por que la regulación pueda mejorar su funcionamiento, más bien puede que mermen sus beneficios para los usuarios, sino por la importancia de la seguridad jurídica, para unos, o para “emparejar la cancha” para otros, en especial los taxistas.

Existen varios proyectos de en la Asamblea Legislativa: El presentado por el Diputado Gilberto Campos, básicamente reafirmando que la Movilidad Colaborativa es una actividad privada (como son los servicios de limosinas, ambulancias privadas y similares) y con ello ponerle fin a la persecución indiscriminada contra choferes colaboradores que solo procuran llevar pan a su mesa como cualquier otro costarricense y mejor aún brindando un mejor servicio de calidad y precio a los usuarios. Este sería el escenario ideal.

El otro es el presentado por el gobierno, el cual fue consensuado entre empresas de plataformas, gobierno y taxistas, , pero dejando ausente la opinión de los usuarios que en última instancia somos los receptores del servicio y quiénes pagamos la factura. Este proyecto está lleno de beneficios para los taxistas, incluyendo (Transitorio V) que le permite conservar los incentivos y prerrogativas fiscales para la adquisición e importación de su vehículo al trasladarse al nuevo servicio de Título Habilitante y, a su vez, registrar su vehículo como particular. Esto implica que los taxistas podrán obtener placas particulares y vender sus vehículos sin tener que pagar los impuestos que se les exoneró al adquirirlo, una nada despreciable “indemnización” de miles de millones de colones.

Independientemente de los beneficios que se le otorga al sector de taxistas, al cual no hay razón de oponerse si eso realmente se traduce en una mayor competitividad en beneficio de los usuarios, el proyecto del gobierno plantea una serie de regulaciones que podrían tener un impacto significativo en los usuarios y la competencia del sector, haciéndolo absolutamente inviable.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto de ley es el Artículo 7, que establece una rentabilidad bruta mínima y una ganancia mínima para los conductores de plataformas de movilidad. Según este artículo, en cada viaje, independientemente de si es un taxi o se solicita a través de una plataforma digital, se garantizará una rentabilidad bruta mínima por kilómetro, calculada en base a diversos factores como el consumo de combustible, los gastos mecánicos y el kilometraje recorrido por viaje.

Si bien es importante proteger los derechos y garantizar una remuneración justa para los conductores, estas regulaciones podrían tener consecuencias negativas tanto para los usuarios como para la competencia. Establecer una rentabilidad bruta mínima podría resultar en un aumento de los precios de los viajes, lo que afectaría directamente a los usuarios, pero además a los propios conductores. La demanda de estas aplicaciones es bastante elástica, y puede ser sustituida por bus, tren, comprar un carro o ir a pie. Si el precio sube quienes van a perder son los propios conductores, ya que sus ganancias reales disminuirán.

Es importante tener en cuenta que las plataformas de movilidad, como Uber y Didi, han surgido como una alternativa disruptiva al transporte tradicional. Han logrado ofrecer tarifas más competitivas y un mejor servicio en comparación con los taxis convencionales. La flexibilidad en la determinación de precios ha sido uno de los pilares de su éxito, ya que permite una mayor eficiencia en la asignación de recursos y una mayor satisfacción para los usuarios.

Es fundamental garantizar que las regulaciones no obstaculicen la innovación y la competencia en el sector. El Artículo 9 del proyecto de ley establece la realización de revisiones de mercado cada 4 años para evaluar la oferta, la demanda y la competencia efectiva. Si bien es importante garantizar condiciones justas y equitativas para todos los actores involucrados, estas revisiones deben realizarse de manera objetiva y no limitar la capacidad de crecimiento y desarrollo del mercado.

La COPROCOM ya se manifestó en contra de esos artículos, ya que no solo van en contra de los principios de la competencia, sino que también es probable que tenga roces constituciones, pero sobre todo implica la taxificación del servicio de las plataformas y merma los beneficios de estas tecnologías a los Usuarios.

En conclusión, es indispensable que los actores políticos comprometidos con bajar el costo de la vida, insistan en eliminar por completo los artículos 7 y 9 del proyecto de ley del gobierno. Estas normas plantean serios obstáculos para la competencia y la innovación en el sector. Estas disposiciones van en contra de los lineamientos de la OCDE y limitan la capacidad de los actores del mercado para adaptarse a los cambios tecnológicos y satisfacer las necesidades de los usuarios. Es necesario eliminar estas restricciones y promover un entorno que fomente la competencia efectiva, la innovación y el crecimiento económico en el sector.