Urge aprobar la colocación de deuda externa para reactivación y estabilidad

Hace un mes señalé que era conveniente la colocación pronta de bonos del gobierno en los mercados internacionales, pero que se debería dar la aprobación condicionada a que el gobierno fuese cumpliendo estrictamente —al menos— las metas propuestas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Hoy insisto en la necesidad de una condicionalidad que asegure que ese endeudamiento vaya paso a paso a la par de la mejora en las finanzas públicas. Pero a la vez me permito llamar la atención de la urgencia de aprobar y colocar la primera emisión de bonos solicitada por $1.500 millones.

Desde 2017 vivimos una situación de falta de liquidez para que el gobierno pueda cubrir sus necesidades de financiamiento en el mercado local, sin experimentar zozobra, incertidumbre y exageradas tasas de interés.

El fuerte desequilibrio de las finanzas públicas, el alto y creciente nivel de la deuda del gobierno, su concentración en vencimientos inmediatos y el hueco presupuestario creado por el pésimo manejo del financiamiento público descubierto al inicio de esta administración, dificultaron a Hacienda financiar el faltante de ingresos en el mercado doméstico, e hicieron subir en exceso sus costos. Esto incluso obligó al gobierno a endeudarse con el Banco Central mediante Letras del Tesoro que fueron canceladas el pasado diciembre.

En estas condiciones resulta comprensible que el gobierno desee colocar deuda bonificada en los mercados internacionales, como se ha hecho en el pasado. Estas colocaciones pueden mejorar la tasa de interés y extender el perfil de pago de la deuda.

Ciertamente se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, lo que en las condiciones que vivimos muchos celebramos y aplaudimos, pero sus efectos son graduales y se darán durante los siguientes cinco años. El BCCR estima el impacto de esa ley este año en solo el 0,91% del PIB, que irá creciendo y llegará al 3,68% del PIB para el año 2022. Esto es insuficiente para contener el crecimiento de la deuda del Gobierno central respecto al PIB. Apenas dejaría de crecer en 2024 y habría llegado hasta un 65% del PIB. Esta es la razón de que las calificadoras de riesgo bajaran la calificación de Costa Rica para ajustarla a las realidades del mercado anteriores a esa ley.

Esto significa que el gobierno deberá continuar endeudándose en ese periodo y debe además mejorar el perfil de vencimiento de sus obligaciones.

Hacerlo en estas condiciones solo en el mercado local y con organismos financieros internacionales pondría demasiado peso en el sector financiero doméstico, subiría en exceso las tasas de interés y debilitaría el crecimiento económico que ya es pobre. Ello a su vez podría empeorar los resultados fiscales por un menor crecimiento de los ingresos tributarios. Los montos para soporte presupuestario que se podrán obtener de organismos financieros internacionales durarán muchos meses en estar disponibles y son muy limitados.

Tratar de resolver el problema buscando un acuerdo con el FMI nos pondría en una encrucijada política de muy dudosa solución positiva: ¿Habría la posibilidad aprobar nuevos impuestos para cumplir con las condicionalidades de un acuerdo con el FMI que nos permitiera acceder a importantes recursos de instituciones financieras internacionales?

Creo que —ante la urgencia— se debería aprobar en muy poco tiempo la colocación durante este año de los $1.500 millones de bonos en el mercado internacional, y negociar el gobierno con las fracciones legislativas las condicionalidades que se exigirían para las colocaciones de 2020 a 2023 (en 2024 ya no crecería la deuda pública) de manera que haya seguridad de que se continuará por una ruta que nos asegure llegar a un estructura de ingresos y gastos públicos compatible con el crecimiento económico, la estabilidad y una justa participación de todos en el progreso.

¿Que las condiciones para colocar una sola emisión son menos favorables que cuando hay un programa plurianual? Sí, pero lo mejor es enemigo de lo bueno, la colocación actual urge, reactivar urge, estabilizar las expectativas de tasas de interés urge, y habría ya una negociación en trámite para los cuatro años posteriores al actual.