UPAD: la punta del iceberg

Jonathan Prendas

Diputado

Nueva República

La comparecencia del presidente Alvarado ante la comisión legislativa que investiga la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), nos dejó a todos con muchas dudas. Los diputados constatamos que fue él quien creó esa agencia de espionaje; además conocimos otras anomalías en torno a esa oficina y al trabajo que realizaban en Casa Presidencial.

En Nueva República nos preocupa que el mandatario orgullosamente haya señalado que la idea de la UPAD fue suya y que insistiera en que esa Unidad era un departamento modelo, loable, casi celestial, y que su único error fue habilitar el acceso a datos confidenciales. En otras palabras, para él estuvo bien solicitar información crediticia, datos sobre víctimas de delitos, actas de decomisos, datos personales de los beneficiarios de programas sociales e información de privados de libertad.

Inquieta que se empecine en decir que no pidió información personal de los costarricenses, siendo que en la Comisión tenemos las pruebas que confirman el uso de datos sensibles como origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o espirituales, condición socioeconómica, información biomédica o genética, vida y orientación sexual de la gente.

Como si esto fuera poco, el presidente no sabe dónde se almacenaba la información sensible de los costarricenses que recabó la Unidad, ni siquiera conoce ahora su paradero. Que estuviera en computadoras personales o llaves maya no es, para el mandatario, un problema. Que sus asesores llevaran esos datos confidenciales a sus casas, o incluso de viaje, tampoco resulta un inconveniente para Alvarado.

Al reiterar la frase “no me consta”, el mandatario trató de evadir su responsabilidad en las irregularidades de la UPAD que los congresistas le señalamos una y otra vez.

Para el presidente la agencia de espionaje no fue ilegal ni inconstitucional, a pesar de la enorme avalancha de evidencia que existe y que demuestra ambas condiciones. La Procuraduría General de la República (PGR), el Colegio de Abogados y la Defensoría de los Habitantes han señalado que el decreto que le dio origen tiene vicios que atentan contra la Carta Magna.

Pero eso no es todo: en Nueva República nos alarma sobremanera el manejo que el mandatario hace de Casa Presidencial y de los procesos que allí se siguen. Resulta que el mandatario confesó que no lee los decretos que firma, es más, ni siquiera les da una ojeada para verificar si tienen el planteamiento adecuado, incluso no saben quién le lleva los documentos para su firma. En el caso del decreto que dio origen a la UPAD, no pasó por la oficina que revisa las leyes y decretos antes de que sean firmados.

De manera contradictoria, el presidente dijo no tener idea de lo que pasa en Casa Presidencial, pero por otro también explicó que le daba instrucciones a sus asesores sobre lo que debían hacer y decir. En otras palabras, da la impresión de que su despacho en Zapote es un verdadero desorden, que todos hacen lo que les da la gana o bien que todos se tapan con la misma cobija.

La lista de dudas es más extensa aún, pero una nos tiene muy recelosos: El presidente persiste en el argumento de que la UPAD nació para diseñar políticas públicas y conocer mejor los problemas del país. Cosa extraña, porque sus famosos datos no ayudaron a parar el desorden que hubo en la entrega de los Bonos Proteger y ni le han dado insumos a la Agencia Nacional de Empleo para hacer algo para bajar el enorme desempleo que viven miles de costarricenses.

Este gobierno es un desastre. La UPAD es apenas la punta del iceberg.