Randall Quirós

Randall Quirós

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Es un lugar común afirmar que el Estado es un mal constructor, esto, al menos, a lo largo de los últimos cuarenta años. Lento, oneroso, ineficiente y, en no pocas casos, poco transparente. Pero eso no fue siempre así. En materia vial, por ejemplo, el MOPT construyó obras señeras, bien hechas y con costos más que razonables que aún sirven al país. El ICE fue, también, un gran constructor de obras hidráulicas extraordinarias.

Luego, el Estado y sus instituciones han perdido liderazgo, capacidad, transparencia y eficiencia. La pérdida de la capacidad ha sido, al mismo tiempo, financiera y técnica. Algo pasó para que en Costa Rica, la solución técnica de una simple platina en un puente se iguala, por dificultad, tiempo necesario y costo financiero a una obra faraónica. Hoy tenemos un plan de mejora, ampliación y construcción de obras viales con un retraso de 30 y 40 años. Igual sucede con la infraestructura para internet –red de fibra óptica al hogar y la empresa- donde pareciera que no hay capacidad para ser desarrollada.

También hemos sido buenos en construcción de redes para agua potable y electrificación, sin embargo hoy, ya no tanto. Hacíamos escuelas y colegios; hoy para construir una escuela duramos décadas. Algo malo ha pasado para que perdiéramos una capacidad que tuvimos y que, sin saber por qué hoy ya no tenemos. El colmo es que no hemos sido capaces, siquiera, de dotar de infraestructura física propia a los ministerios del Poder Ejecutivo. Sin que aún sepamos qué pasó y cómo fue que se perdió esa capacidad, hemos de echar adelante con un amplio elenco de obras públicas –no solo viales- en todos los sectores: electricidad, internet, redes para aguas servidas, puertos, aeropuertos, escuelas y colegios, vivienda social, ferrocarriles y, sin duda, en carreteras. La capacidad de gestión del Poder Ejecutivo es prácticamente nula. Vamos a tener que echar mano al modelo de alianzas público privadas para retomar la senda del desarrollo infraestructural del país.

Ante ese reto no hay que demonizar ningún modelo pero, tampoco, casarse con una sola modalidad. Igual pueden servir los contratos de concesión de obra pública –tanto por iniciativa del Estado como privada-, como los fideicomisos e, incluso, los fondos de desarrollo inmobiliario. La modalidad, en sí misma, no tiene la facultad de determinar el resultado; eso lo determinarán la calidad, transparencia y lealtad de los negociadores del sector público en defensa del interés público ante el desarrollador privado.

Un futuro gobierno deberá formular un plan integral de desarrollo de infraestructura pública, estudiar y definir, en cada caso, cuál es el modelo idóneo para desarrollar las respectivas obras y negociar bien los contratos de concesión, fideicomiso o desarrollo inmobiliario de que se trate. Retomar la senda es posible, falta aún el liderazgo para conducir al país por una ruta que ya habíamos transitado y cuya senda perdimos.

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