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Jueves 20 Octubre, 2011

Una reforma fiscal sin impuestos

El tema del momento es el paquete fiscal que promueve el gobierno junto a algunos partidos de oposición, con el cual pretende recaudar cerca de un 2% del PIB en nuevos ingresos. Sin embargo, se han dejado de lado dos trascendentales: el control del gasto público y las medidas de estímulo al crecimiento económico.
Tanto así que se castigaría la generación de empleo y la atracción de inversiones por dos flancos distintos. El primero consiste en establecer gravámenes sobre las zonas francas y el segundo en continuar cargando al presupuesto nacional todas las obras de infraestructura que el país requiere.
Veamos, el Plan Nacional de Transportes 2011-2035 (PNT) estima que se requiere invertir cerca de $60.000 millones en los próximos 24 años para contar con un sistema de transporte moderno y eficiente. De este monto al menos $20.000 millones podrían financiarse mediante la promoción de esquemas de Alianzas Público Privadas (APP).
Sin embargo, es llamativo que algunos de los que abogan por un mayor esfuerzo fiscal son quienes se han opuesto ferozmente a todo tipo de participación privada. Realicemos un análisis simple del costo financiero que soportaría la hacienda pública en caso de que el Estado asumiera la totalidad de la inversión requerida, con el fin de satisfacer la intransigencia ideológica de algunos.
Supongamos que los $20.000 millones se financian a través de endeudamiento a un plazo de 25 años con pagos semestrales y a una tasa anual del 3,29% (tasa de interés facilidad unimonetaria del BID). Bajo estas condiciones, el gobierno debería desembolsar $29.495 millones (82% del PIB actual) a sus acreedores, de los cuales $9.495 millones serían tan solo por concepto de pago de intereses. Si además suponemos que el mantenimiento anual de la nueva infraestructura equivale al 1% de la inversión inicial, el costo financiero total ascendería a $34.495 millones (96% del PIB actual). Ante este escenario debemos decidir si le ahorramos al fisco un monto cercano al que generarían casi 50 reformas tributarias como la que se discute actualmente.
En este sentido, el país requiere discutir seriamente el fortalecimiento del marco institucional para la promoción y fiscalización de las diversas figuras APP. Una alternativa es la creación del Consejo Nacional para Alianzas Público Privadas (CONAPP), un ente con total independencia del Poder Ejecutivo y con un régimen de contratación que le permita disponer de los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios.
El CONAPP sería el encargado de analizar, estructurar y negociar los proyectos APP bajo estrictos procesos técnicos. Sin duda, la promoción de inversión privada en infraestructura reduciría considerablemente las presiones sobre el presupuesto público a la vez que estimularía el crecimiento económico y por ende el incremento de la recaudación fiscal. Una reforma fiscal sin nuevos impuestos.

Federico Villalobos Carballo
Economista
[email protected]