Una oportunidad perdida por una torpe ejecución

Una oportunidad perdida por una torpe ejecución

El espacio y los recursos marinos son bienes públicos. Su acceso debe resultar de políticas públicas regidas por principios de transparencia, sostenibilidad, minimización del impacto y equidad en los beneficios que se generan.

Por su relevancia temática, decidimos involucrarnos en el proceso convocado por el gobierno a raíz de la “Directriz Presidencial para la Generación de una Política Nacional de Aprovechamiento sostenible de camarón, generación de empleo y combate a la pobreza”, emitida el 6 de marzo pasado. Este proceso, se nos dijo, venía a buscar soluciones a la afectación económica que el voto N°2013-010540 de la Sala Constitucional podría generar en el futuro cercano a pobladores de Puntarenas al eliminar la pesca de arrastre de camarón que realizan embarcaciones semiindustriales. Indudablemente este sería un proceso de gran importancia pues el cantón de Puntarenas tiene una de las tasas de desempleo y pobreza más altas del país y los recursos pesqueros de los que dependen muchos de sus pobladores han venido decreciendo.

Sería, además, un potencial modelo para lograr acuerdos intersectoriales, basados en sólida información técnica; un proceso tan necesario en el manejo del mar y sus recursos.

Las dificultades con el proceso fueron aparentes desde el inicio.

La Directriz Presidencial mandaba a conformar una mesa de diálogo, supervisada por Incopesca y el Viceministerio de Mares, para que en un plazo máximo de tres meses se elaborara un proyecto de ley que regulara el ordenamiento de las pesquerías sostenibles de camarón, la generación de empleo y el combate a la pobreza. Es sorprendente que el gobierno esperara que en tan corto plazo se pudiera tener un sólido proyecto de ley sobre un tema tan complejo, controversial e importante.

Más intrigante aún fue que la misma directriz mandaba a elaborar, en un máximo de seis meses, una Estrategia del Aprovechamiento Sostenible del Camarón y también que, a pesar de su nombre, la directriz no incluía entre sus objetivos el generar una política nacional de aprovechamiento sostenible de camarón. La confusión reinó desde el inicio. Era de esperar que el primer paso fuera generar una política, de la cual se generaría una estrategia que eventualmente sería respaldada por una ley. Pero, sin ningún fundamento técnico, la Directriz Presidencial decidió invertir el orden lógico del proceso.

Diversas reuniones y grupos de trabajo se convocaron bajo estos confusos objetivos. La representatividad y la transparencia del proceso, pregonadas por los organizadores, empezaron a mostrar claras deficiencias.

En varias reuniones, los facilitadores impidieron el voto del sector ambiental en la toma de acuerdos al aducir (sin previo aviso) que solo representantes registrados podían votar, y desestimando que la representación del sector ambiental recaía en las organizaciones designadas y no en las personas. El equipo facilitador promovió la realización de una reunión entre el sector de “arrastreros” y el sector artesanal para definir la distancia a la que deberían retirarse los barcos arrastreros de la costa, impidiendo la participación del sector ambiental en dicha reunión y permitiendo que sean los propios sectores productivos quienes definan las regulaciones de manejo pesquero a las que luego se someterán. Se omitieron de las minutas criterios y conclusiones expresadas por los sectores durante la primera parte del proceso de consulta (p.ej. cuando los pescadores artesanales pidieron un retiro de 5 millas, las minutas reportaron 3 millas).

Aún más grave fue que, cuando todos creíamos que sería en la mesa de diálogo donde se perfilaría la política pública, la estrategia y el “apurado” proyecto de ley, se nos anunció en la primera reunión de la mesa que se había contratado a un ex miembro de la junta directiva de Incopesca, para redactar el primer borrador de la ley. Al comentar sobre ese borrador, no se integraron la mayor parte de las observaciones realizadas por el sector ambiental, ni se compartieron las observaciones enviadas por los demás sectores.

El primer objetivo de la transparencia en una negociación es establecer una relación de confianza entre las partes. El torpe manejo del proceso acabó con la confianza existente y generó la salida de las organizaciones ambientales de la mesa de diálogo.

Los temas más cruciales del proceso, como buscar alternativas para reducir la pobreza y generar empleos a los afectados no fueron discutidos en las reuniones. Las implicaciones y diversas exigencias de la sentencia de la Sala Constitucional tampoco fueron discutidas. Pareciera que el único interés de este proceso es volver a restaurar la pesca de arrastre de camarón y con eso (ingenuamente pensado) reducir la pobreza en Puntarenas. Soluciones más integrales, basadas en sólidos criterios técnicos, no han sido parte de la agenda del proceso. Por el contrario, proyectos para el sector pesquero, con fondos de agencias internacionales y del Gobierno chino se han anunciado ya, totalmente al margen de la mesa de diálogo. Más que buscar fundamentos sólidos, el proceso pareciera estar regido por convicciones ideológicas preconcebidas que buscan ser validadas por un atropellado y apurado diálogo.

El generar un diálogo para discutir el acceso al espacio y recursos marinos fue una idea novedosa. En este caso el proceso terminó siendo una oportunidad perdida, lejos de lograr acuerdos se ha intensificado aún más el conflicto entre sectores. Por ahora este proceso ha fracasado y lo que salga de ahí será una imposición, no un acuerdo.

Serán nuevas caras las llamadas a recuperar la confianza perdida y esperamos que otros procesos de diálogo mejor manejados se generen en un futuro no muy lejano. El país requiere ejemplos exitosos de este tipo de procesos. Puntarenas y Guanacaste necesitan empleos que perduren, basados en fundamentos técnicos, sostenibilidad del recurso y equidad social. Dos años han transcurrido desde la sentencia de la Sala Constitucional; alternativas sólidas y viables ya se podrían haber generado.

Dr. Jorge A. Jiménez

Director general, Fundación MarViva