Una reflexión sobre la actual lucha callejera

Vladimir de la Cruz vladimirdelacruz@hotmail.com | Miércoles 12 septiembre, 2018

Una reflexión sobre la actual lucha callejera

Los sindicatos surgieron en Costa Rica, tal y como ahora los conocemos, a inicios del siglo XX, entre 1901 y 1903, cuando aparecieron como tales, y como Ligas de Obreros, superando las viejas sociedades mutualistas y las sociedades de trabajadores, de artesanos y de obreros.

Históricamente estuvieron ligados, en su origen, a la defensa de los trabajadores relacionada con jornadas de trabajo, salarios, condiciones de seguridad e higiene ocupacional, principalmente.

Fueron organizaciones de defensa económica. Las luchas políticas las daban los partidos obreros que en ese tiempo también fueron surgiendo.

En el curso de los acontecimientos históricos sindicatos y partidos obreros se mezclaron, llegando los partidos políticos a dirigir a los sindicatos, a tener sus propios dirigentes sindicales que respondían a sus intereses y líneas políticas, a combinar la acción sindical con la lucha, la agitación, la movilización y la organización política partidaria. Junto a estos sindicatos, dirigidos y vinculados a los partidos políticos, los hubo también independientes de los partidos políticos.

En ocasiones estos líderes obreros o sindicales llegaron a ser representantes populares, como dirigentes obreros o sindicales, surgidos de esas luchas sindicales y populares. Así, a finales del siglo XIX fue electo al Congreso de la República Víctor Gólcher y, en la primera mitad del siglo XX, fueron electos Julio Padilla, del Partido Reformista, Efraín Jiménez Guerrero, Alfredo Picado Sáenz, Víctor Cordero, por el Partido Comunista o el Bloque de Obreros y Campesinos.

En la segunda mitad del siglo XX, la Coalición Pueblo Unido eligió tres diputados que eran dirigentes sindicales o estaban directamente vinculados a las luchas sindicales, el Partido Liberación Nacional eligió uno, siendo ellos diputados que actuaron desde el escenario político como tales, distinguiéndose más como actores políticos, como representantes de sus partidos, que como líderes o representantes de sus sindicatos.

En las Asambleas Legislativas de este siglo XXI no ha habido ningún dirigente sindical que haya sido electo diputado, y haya actuado como tal, como vocero de los trabajadores organizados, sin importar por cuál partido hubiere sido electo.

A nivel del Poder Ejecutivo, Luis Alberto Monge, que se inició como dirigente sindical a finales de la década de 1940, y luego en la década de 1950, llegó a ser Presidente de la República, sin que en ese cargo se hubiera destacado esa condición, o hubiere llegado a desarrollar una política “obrerista”, o algo similar. Las luchas importantes que dio Luis Alberto, y logró, las hizo más como diputado liberacionista que como dirigente sindical que fue.

En el actual gobierno, el Vicepresidente es un dirigente sindical militante del sector magisterial, sin que hasta ahora tampoco destaque en nada esa condición, ni se hace sentir esa presencia sindical en ninguna política pública del actual gobierno. Y, en estos días, ni siquiera se siente su existencia.

Con la crisis de los partidos de izquierda en la década de 1980, la desaparición de dos de ellos, el Socialista Costarricense y el Movimiento Revolucionario del Pueblo, y el fraccionamiento, y casi aniquilamiento total, de Vanguardia Popular, el movimiento sindical que estos partidos influían igualmente sufrió los impactos de esa división y debilitamiento político. A ello se sumó la caída y desintegración del Sistema Socialista Mundial, que dejó sin horizonte político, de nueva sociedad, a muchas de estas organizaciones y a sus propios líderes políticos y sindicales. Así, estos partidos perdieron influencia y la dirección de los movimientos sindicales y sindicatos. Igualmente sucedió con la influencia de los partidos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana, que la perdieron, casi porque dependían, en el escenario de la Guerra Fría, de la existencia de los sindicatos y movimientos sindicales dirigidos por la izquierda o los comunistas, para su existencia.

Ese periodo histórico, particularmente hasta inicios de la década de 1990 hacía que los sindicatos dirigidos por la izquierda, y los comunistas, se movilizaran contra los gobiernos socialdemócratas o liberacionistas y contra los socialcristianos, pero los sindicatos que dirigía Liberación Nacional se activaban contra los gobiernos de la Unidad Social Cristiana y los sindicatos dirigidos por los socialcristianos se activaban contra los gobiernos liberacionistas. Esto era lo normal, y lo políticamente existente y aceptable.

A partir de este momento, especialmente en la última década del siglo XX, cuando ya los partidos políticos no ejercen ese dominio directo sobre los sindicatos, surgen nuevos dirigentes sindicales, algunos de ellos vinculados y originados en las anteriores organizaciones sindicales politizadas o controladas por partidos políticos, pero ahora, a partir de ese momento, independientes de esos partidos políticos.

Por las condiciones históricas surgidas, en estos últimos años, aparecen también nuevos movimientos populares de reacción social, de luchas sociales novedosas, de características anti políticas públicas, sin que obedezcan directamente a un proyecto político determinado, por lo que enfrentan libremente a todos los gobiernos sin importar su filiación, su denominación o identificación teórica, política o ideológica. El marco que cobijó todos estos movimientos fue el de la lucha contra lo que empezó a resaltarse como el bipartidismo político histórico, especialmente contra la presencia, en este sentido, de los partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana en la institucionalidad pública, en todas sus manifestaciones, y en la anti política bipartidista. Esto condujo en cierta forma a que en las elecciones de 1998 se produjera una reacción que se expresó, a partir de ese momento, que ninguno de esos partidos políticos llegara a tener mayoría legislativa y que ambos tampoco, junto con un incremento notable de un promedio del 18% de abstencionismo electoral histórico, hasta ese momento, para llegar a alcanzar un promedio del 33% de abstencionismo en los procesos electorales desde 1998 hasta hoy, con tres segundas rondas electorales que ayudan a confirmar el debilitamiento del bipartidismo tradicional, y su desplazamiento como opción electoral, como lo fue abril de este año.

Las luchas sociales y populares de este siglo, como han sido la del Combo del ICE, en el 2000, o la del TLC, en 2006 y 2007, no han respondido en su repercusión política a una mayor presencia de sectores políticos de izquierda en la Asamblea Legislativa. En lo inmediato de esas luchas, en la elección de 2002 no fue electo ningún diputado de izquierda y en las elecciones de 2006 y 2010 solo uno, con amplios movimientos de masas como fueron esos acontecimientos.

El rasgo distintivo de estos años fue el surgimiento del Partido Acción Ciudadana, principalmente, como alternativa al viejo y tradicional bipartidismo histórico, que logró dos veces asirse con el Poder Ejecutivo. El Partido Acción Ciudadana fue formado por exdirigentes y militantes destacados de Liberación Nacional, y por esos nuevos sectores sociales y políticos dispersos, de esa amplia gama de movimientos sociales, que empezaron a desarrollarse, sin horizonte socialista revolucionario, marxista o marxista leninista.

Ni siquiera al calor de los planteamientos que se dieron, hasta 2008, del llamado Socialismo del Siglo XXI, impulsado desde Venezuela, florecieron esas corrientes en Costa Rica. Ningún partido político en el país asumió esta bandera. Pesaba más la sombrilla más amplia de “otro mundo es posible”, del Foro de Sao Paulo, sin que se llegara a precisar o delinear ese “otro mundo posible”, frente a los grandes procesos de la globalización y de las nuevas relaciones internacionales surgidas de los tratados de libre comercio y de la gestación de grandes bloques comerciales.

En algunos momentos la lucha sindical y popular en Costa Rica ha adquirido los matices de la forma de la lucha sindical polaca, del Movimiento Solidaridad, de Lech Walessa, contra el gobierno comunista de Polonia, sin que llegue a formarse o concretarse en esa dimensión, en su lucha contra el gobierno de turno nacional.

Las protestas que organizan los sindicatos en estos últimos años tienen más de este contenido anti política, anti partidos políticos tradicionales, anti dirigentes políticos, que de lucha sindical propiamente dicha. Y en el campo anti política y anti partidos políticos ni siquiera alcanzan la dimensión de ser antisistema capitalista.

Si de la lucha sindical típica fuera, carecen en esencia de esas reivindicaciones y de esas defensas históricas. Más se mueven en el orden de la protesta y la movilización política contra el gobierno de turno, exceptuando al de Luis Guillermo Solís, con el cual firmaron un pacto, el del Teatro Melico Salazar, que no se tradujo en un gobierno de carácter popular, ni cercano a lo que hoy puede representar el próximo gobierno de Manuel López Obrador, en México, y muy lejano de los llamados gobiernos “socialistas” del continente como se tildaron los de Venezuela, el de Bolivia, el de Ecuador, el de Nicaragua, como podría entenderse el de El Salvador, o el gobierno abortado de Zelaya en Honduras, y como fueron arropados el de Ignacio Lula en Brasil, o el de los esposos Kirchner en Argentina, o el de José Mujica en Uruguay, o el destituido de Paraguay.

En el orden del viejo esquema de la lucha de clases tampoco elaboran un planteamiento en esta dirección. La lucha contra la Reforma Fiscal ni siquiera la han podido llevar a este nivel. La han visualizado, la han manifestado, pero no la han podido concretar, que tal vez hubiera sido la forma correcta de actuar para los convocados por los sindicalistas.

La preocupación sindical de luchar contra la Reforma Fiscal, de un gobierno de un partido político que no es parte del bipartidismo tradicional, les impide a los dirigentes sindicales actuales, y a los que han venido conduciendo estas luchas en estos últimos años, llegar a plantear ese esquema de la lucha de clases en la movilización que convocan. Y ausente ese esquema de la lucha de clases el movimiento cae por su propia fuerza en un movimiento que puede ser aprovechado irresponsablemente por grupos, o dirigentes de tipo populista, de izquierda o de derecha, como empiezan, aparentemente, a surgir en el país, sin que aún tengan cuerpo o solidez suficiente, que pueden poner en peligro todo el sistema político democrático, y todas sus conquistas laborales, sociales y también políticas democráticas. Y, los sindicatos con estas acciones pueden contribuir a ello.

La lucha convocada para estos días no corresponde legalmente a una huelga, tal como está tipificada en el Código y la Legislación del Trabajo nacional. No se ha sometido al procedimiento establecido para declararla. Tampoco es un referéndum de facto, de la calle, del bloqueo y de la parálisis de las arterias de la economía, del transporte nacional, no solo público, de la educación y la salud, la energía o el agua, para decidir sobre una reforma fiscal, que por su naturaleza no puede someterse a referéndum legalmente, y que es la Asamblea Legislativa el órgano facultado para aprobarla o rechazarla. Allí está. Que se hagan manifestaciones a la Asamblea Legislativa a presionar durante su discusión es el camino correcto.

Si no responde a esas formalidades de la llamada huelga ni del referéndum, ni de la llamada democracia de la calle, la ilegalidad del movimiento puede fácilmente ser declarado, con las consecuencias que eso puede acarrear a quienes asumen, con su dirección y participación, romper de esa manera los contratos laborales. La dirigencia sindical lo sabe. También sabe que resultado de este tipo de luchas siempre terminan negociando con el gobierno de turno una salida “honrosa” que termina con la no aplicación de sanciones, ni de despidos, ni de rebajo de salarios, salvo que haya actos de violencia que produzcan acusaciones formales contra quienes los ejecutan.

Hasta ahora eso ha sido así, en términos generales. Pero esa situación puede cambiar, porque es un problema de voluntad política gobernante, salvo que la realidad por sí misma se imponga, como sucedió en el Combo del ICE. Pero, hoy, me parece, no se está en una situación política nacional como esa ni se le parece, porque carece del principal resorte político que le dé aire, la lucha político parlamentaria, con una presencia diputadil que anime y una, alrededor suyo, a los sindicatos y a los movilizados popular y socialmente. Tampoco hay partidos políticos al frente de esta lucha convocada por dirigentes sindicales. Hasta ahora tampoco ningún partido político en la Asamblea Legislativa ha asumido la bandería del movimiento convocado por los dirigentes sindicales, ni se ha hecho responsable, ni padrino, del mismo. De hecho, casi todos los partidos políticos representados en el Poder Legislativo también tienen importante representación en el Poder Ejecutivo, aunque no existan alianzas formales de cogobierno. Si la Reforma Fiscal es proyecto del Poder Ejecutivo lo es de sus miembros. No es solo de su Presidente, su Ministro de la Presidencia, o sus ministros de Hacienda y los de las ramas económicas. Lo es también de los que en gabinete pertenecen a los partidos Acción Ciudadana, Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional, Frente Amplio y Curridabat Siglo XXI. Ninguno de ellos públicamente se ha distanciado de este proyecto de Reforma Fiscal.

Y, si cambia la voluntad política gobernante, en no ceder y ganar en esa tensión, el impacto en las organizaciones sociales de los trabajadores, los sindicatos, va a ser desastrosa, se van a debilitar más, se van a atomizar más, y se va a debilitar más la movilización social convocada por los sindicatos. En el índice de movilizaciones sociales y de luchas de este tipo, en los últimos gobiernos, se pueden contabilizar miles por cada gobierno, pero pocas son sindicales en sentido estricto.

No están en juego los derechos y libertades sindicales. El Gobierno ha dado declaraciones claras de que tampoco están en juego los derechos laborales adquiridos, de manera ampliada, como resultado de las convenciones colectivas, derechos existentes mientras esas convenciones existan. Lo que resulte de una negociación de convenciones colectivas es justo un resultado de negociaciones de ambas partes. Y todas las convenciones son sujetas de renegociación. Ahí sí, cada sindicato puede movilizarse en su lucha particular con todo el apoyo constitucional y legal.

Las convenciones colectivas siguen negociándose como hasta ahora se ha hecho. Recientemente se aprobó la renegociación de la Convención del Sindicato de Educadores Costarricense y públicamente no se ha dicho nada que haya sido en perjuicio de lo que allí tenían establecido.

El Gobierno también ha señalado que no está en juego con la Reforma Fiscal el empleo de los actuales trabajadores públicos. Y ha señalado que sin esa Reforma Fiscal sí está en juego el número de empleados, porque puede haber despidos, están en juego instituciones sociales que pueden debilitarse en su función y alcance social, y que el efecto de la ausencia de esa Reforma Fiscal puede tener consecuencias devastadoras para la economía y la sociedad en su conjunto.

Lo que está en juego son nuevas formas de contratación, de jornadas y de salario que afectan a nuevos y futuros trabajadores, siempre sobre estándares mínimos y máximos razonables, dentro de esta nueva óptica de abordar estos nuevos parámetros, que no afectan a los trabajadores existentes, salvo que voluntariamente se acojan a los cambios.

Si lo que se quiere es medir al gobierno, entonces que se diga de esa forma. Si lo que se quiere es medir fuerzas, entonces que se soporte la tirantez de la mismas y las consecuencias de ello. Si lo que se quiere es tumbar ministros, que se establezca esa demanda. Si lo que se quiere es convertir un movimiento sindical en una fuerza política fáctica, que así se diga.

En el periódico electrónico CRhoy, se puede leer este diálogo, que por sí mismo dice los alcances y propósitos de los dirigentes sindicales:

“CRhoy: Cuál es el fin de la Huelga?

Albino: Que el gobierno no escuche.

CRhoy: Pero el gobierno abrió la mesa de diálogo. ¿Por qué no la aceptaron?

Albino: El Gobierno tiene que saber que no es cuando ellos quieren.

CRhoy: ¿Entonces, cuando será?

Albino: Cuando termine este bochinche que vamos a provocar.

CRhoy: ¿Y el fin de todo este “bochinche” es buscar una mesa de diálogo?

Albino: Así es, dialogar lo antes posible”

El Gobierno ha dicho que se ha reunido casi una docena de veces con los representantes sindicales sin que hayan llegado a ningún acuerdo.

El discurso empresarial es fuerte en apoyo a la Reforma Fiscal. Es débil en cuanto a lo que los sindicatos plantean que puede afectar no tanto al sector empresarial como tal, sino a empresarios particulares, a los evasores, a los que eluden sus responsabilidades, a los contrabandistas, a los que dividen sus sociedades para de esa forma minimizar o no pagar impuestos, a los que están metidos en el tráfico de dinero, en diversos sectores de la economía nacional o en el movimiento de dineros hacia paraísos fiscales, como lo denunciado en los Panamá Papers. Y los sindicatos, en este extremo, no han sabido desarrollar una alianza estratégica con el sector sano de la empresarios, que es la inmensa mayoría de los empresarios, y sus cámaras empresariales, para buscar la forma de que ambos sectores contribuyan a zocar la faja donde haya que hacerlo.

Si a todo esto se suman los escándalos de corrupción que han conmovido al país, a sus instituciones y a la opinión pública, a los juicios montados contra los presidentes y el que se quiere incoar, los escándalos de funcionarios públicos de la Corte y de juntas directivas bancarias, el caldo de cultivo para la protesta en general, contra todo, aprovechando el llamado de la lucha contra la Reforma Fiscal, esta calentándose.

Se puede estar, de continuar así, ante una situación en la que apretando un jabón en las manos no se sabe para dónde pueda salir. Aquí está también en juego la responsabilidad, en todo sentido, de quienes conducen y enfrentan esta situación.

La situación del país puede ser altamente explosiva no solo por esto sino por no tener la capacidad el gobierno de enfrentar financieramente lo que debe, de no aprobársele la Reforma Fiscal, que es retardada, que es acumulada de varios gobiernos… que ya no puede esperar.

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