Una piedra más en las carreteras

Pareciera que la esperanza de contar con un programa y un modelo de ejecución de obras de infraestructura sostenible está lejos de las decisiones y acciones cotidianas de las autoridades.

Esto a pesar de la necesidad nacional de mejorar las condiciones de las vías y puertos en procura de una mayor competitividad como país.

Esta vez la “piedra” en el camino la enfrenta la propuesta de construir una nueva carretera hacia Limón, impulsada por el grupo colombiano Autopistas del Caribe.

A pesar del interés mostrado por la empresa desde octubre, a través del modelo de “Concesión por iniciativa privada”, una demora en la entrega de un estudio técnico responsabilidad del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), marca el inicio de lo que ya hemos visto suceder en materia de concesiones, una cadena de costosos retrasos originados en la lentitud e inoperatividad burocrática.

La nueva carretera hacia el Caribe representa la inversión de unos $660 millones, de los cuales el grupo constructor aportará hasta el 40% con recursos propios.

Sin embargo, los atrasos y demás inconvenientes provocados por las propias autoridades encargadas de promover el desarrollo nacional, parecen congelar los intereses del capital privado para ayudar a alcanzar ese objetivo.

El mismo grupo colombiano también propuso ampliar la ruta Florencio del Castillo a seis carriles y mejorar la vía Braulio Carrillo. No obstante, hasta este momento el tema pareciera estar en el limbo, ya que aún no hay respuesta acerca de si lo presentado es de interés para el Gobierno.

Representantes del Conavi comunicaron que en el caso particular del estudio para la carretera a Limón, el retraso se debió a la carga de trabajo por la atención de las consecuencias ocasionadas por el terremoto del 8 de enero, y por la ausencia de un miembro de la directiva para sesionar.

Pero, ¿justifican realmente estas razones retardar el desarrollo nacional, mientras nuestros vecinos avanzan a pasos acelerados en el tema de infraestructura? ¿No debería estar prevista una forma de que las juntas directivas puedan reunirse siempre, más allá de una eventual falta justificada de un miembro, de modo que no se atrasen importantes decisiones?

Esperemos que no se trate del inicio de una nueva pesadilla para el desarrollo, ni que se repita la experiencia de otros proyectos, como el de la Costanera Sur que sería inaugurado con 33 años de atraso.