La propuesta del Ministerio de Hacienda para abrir el secreto bancario con fines tributarios en sede administrativa es otra ocurrencia más en el planificado ataque al aparato productivo por parte del Poder Ejecutivo.

Primero fue el registro de accionistas de las sociedades, luego la obligatoriedad de declarar los activos de las sociedades inactivas y ahora nos anuncian esta última arbitrariedad de supervisión tributaria.

Nos quieren retornar a la des bancarización ya superada, para volver de nuevo a guardar los ahorros en el cielo raso, debajo del colchón o enterrados en el entrepiso de la casa.

El producto de la riqueza, poca o mucha, que el individuo pueda producir es información privada. Si hay sospecha de actos delictivos o dineros mal habidos, existe para ello la vía judicial que permite acceso a la información.

Directrices de este tipo alejan el dinero de los bancos con la subsiguiente descapitalización de las entidades financieras, espantan la atracción de capitales al país y asustan a los inversionistas nacionales y extranjeros.

Cada semana el gobierno nos anuncia un desacierto, y algunos diputados que solo piensan en impuestos le hacen el coro de resonancia en la Asamblea Legislativa. Para muestra el último impuesto a la importación del cemento.

Así es muy difícil generar la confianza de emprendedores y consumidores, requisito necesario para poder reactivar la economía.

El gobierno debería tener más prudencia al externar iniciativas riesgosas que producen incertidumbre en el entorno. Pareceria que no se ha dado cuenta que nos siguen reclasificando la deuda y que somos un país especulativo y de alto riesgo para los inversionistas.

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