Una breve mirada a la libertad de prensa ante la era tecnológica

Costa Rica se coloca en el quinto lugar a nivel mundial de los países con mayor libertad de prensa, según el más reciente informe de Reporteros sin Fronteras. Nuestro país escala dos puestos con respecto al año 2018, posicionándose cada vez más a la vanguardia en la democratización de la información. Esta noticia llega en un momento en el cual la sociedad discute sobre las olas de desinformación, datos tergiversados y fake news que proliferan gracias a la conectividad de la actual coyuntura tecnológica y digital, fenómenos que se tornan más recurrentes en contextos de emergencia o en temporadas político-electorales. Casualmente, hoy por hoy, estamos en ciernes de una conjunción de ambos escenarios.

Es natural cuestionarse, ante ello, si el concepto de libertad de información y la noción de libertad de prensa han sido superadas o modificadas por la nueva normalidad tecnológica, ampliándose así el rango de acciones cobijadas por estos atributos jurídicamente reconocidos. La libertad de prensa se entiende, grosso modo, como el derecho para difundir ideas e información a través de los medios de comunicación, nacida de la libertad de expresión. Este último es un derecho humano reconocido por el Pacto de San José, que en su artículo 13.1 garantiza el derecho del individuo para investigar, difundir y recibir información e ideas de toda índole, por cualquier medio, sin censura previa. Así las cosas, no se considera correcto sostener que la libertad de prensa es un atributo de sujetos calificados – sea de los comunicadores o de los medios de prensa -, sino una condición universal y propia de todos los seres humanos, por el mero hecho de ser tales. Como bien lo reconocía Briones Velasteguí, son los medios de prensa los más interesados y los primariamente llamados a defender y proteger este derecho, pese a que no les pertenezca en exclusividad.

Si bien en la actualidad se cuenta con multiplicidad de medios digitales con mayor impacto y efectividad, no debe entenderse que los alcances de la libertad de prensa se han ampliado gracias a la conectividad provista por el auge de internet, ya que ello implicaría reconocer que dicha libertad ha dado pasos agigantados hacia la absolutez plena, cuando en realidad se reconocen sus limitaciones en el respeto al derecho a la información, a la seguridad, moral y salud públicas, sin omitir el honor de los individuos. De ahí que sea dable interpretar que no es el rango del derecho lo que ha aumentado, sino que son las herramientas disponibles las que han crecido exponencialmente, tanto en cantidad como en efectividad. Lo anterior sin perjuicio de aceptar que, por la clara ironía entre la protección que brinda la distancia y la cercanía otorgada por la conectividad, los nuevos medios digitales hayan sido parte de la proliferación de las “patologías de prensa”, como lo son los fenómenos de fake news, la manipulación y tergiversación de la información, entre tantos otros efectos perniciosos de los espacios digitales y las redes sociales. Fenómenos que crean, en el imaginario social, una falsa idea de difusión de los linderos de la libertad de expresión y prensa.

A la fecha de escritura de estas líneas, otra coyuntura de “desinfodemia” se encuentra en ciernes: la campaña político-electoral de cara a las elecciones nacionales de 2022. Debe tenerse presente que las redes sociales y los medios digitales se han convertido en la mayor herramienta de proselitismo en los últimos dos comicios presidenciales, por lo que resulta previsible que en la “nueva normalidad”, la sociedad costarricense se halle a las puertas de una campaña política digital aún más agresiva que las precedentes, donde la desinformación y la manipulación de datos volverán a ser protagonistas. El combate a esta patología implicará la apertura de dos frentes: en primer lugar, un cambio de paradigma en el control y la tutela ejercida por el Tribunal Supremo de Elecciones, que deberá dirigir gran parte de sus esfuerzos a la fiscalización del trabajo proselitista en medios digitales y redes sociales -aspecto en el que ha quedado en deuda en las últimas campañas electorales -, paralelo al antiguo esquema del “policía electoral” destacado territorialmente para vigilar las actuaciones partidarias de proselitismo presencial. Finalmente, pero no menos importante, resulta necesario emplear la libertad de prensa en forma positiva, en aras de instaurar una cultura de información, donde los usuarios de redes sociales, cualquiera que sea el tipo e intencionalidad de dicho uso, sean educados para el discernimiento y la gestión responsable de la información que se recibe y que se transmite en el marco de una situación proselitista, formando en el individuo una primera línea de defensa ante la patología de desinformación. Hasta en tanto Costa Rica no dirija sus esfuerzos para alcanzar este grado de madurez social, la “desinfodemia electoral” será un visitante asiduo y non grato.

La libertad de prensa y su gran respeto en Costa Rica deben celebrarse, sí. Empero, es momento también de mirar hacia el futuro y trabajar por un ejercicio más responsable, maduro y educado de los medios digitales. Solo así es que la libertad de prensa se mostrará como lo que es: un pilar del principio democrático en todo Estado de Derecho.