Una acción pública que oriente el tránsito de la economía informal a la formal

En el diagnóstico del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Costa Rica se llamó la atención sobre uno de los principales problemas que enfrenta nuestra economía: la informalidad. No es la primera vez, ni es un problema reciente generado por la crisis pandémica. Meses atrás la OECD había indicado que la informalidad constituía uno de los retos importantes que afectaban la competitividad del país.

No hay duda de que el impacto de la informalidad es un problema de política pública al que no hemos atendido como país de forma integral y articulada. En su comprensión se requiere un análisis que refleje dos dimensiones, la informalidad en el empleo y la informalidad en las empresas.

En el primer caso, hoy sabemos, de acuerdo con datos del INEC, que existen más de 600 mil costarricenses que aún teniendo un empleo se encuentran dentro de la informalidad representando esto el 31,8% del total de ocupados en el país. Esta condición no es exclusiva de las personas que son empleadas en el segmento de las micro y pequeñas empresas, conocemos de acuerdo a diferentes estudios, que el problema de la informalidad en el empleo también es una realidad en unidades productivas de mayor tamaño.

Al considerar la informalidad de las empresas, aún cuando no se ha tenido un criterio común, se han realizado estimaciones de que la informalidad de nuestro parque empresarial podría rondar entre el 50 y el 60% de las unidades productivas. Esta condición ha sido relevante en la atención de la crisis, de manera especial para las micro y pequeñas empresas que estando en condiciones de informalidad no encontraron una respuesta a sus necesidades para mantenerse a flote en el nuevo comportamiento del mercado.

Sabemos hoy además, de acuerdo con datos del INEC para el año 2020, que para comprender el nivel de informalidad de manera especial en las microempresas de los hogares “el 49,2 % no están inscritas en ninguna instancia pública, el 64,7 % no tienen ningún tipo de contabilidad (régimen tradicional o de régimen simplificado), el 69,4 % no cuentan con factura timbrada ni factura electrónica, el 67,7 % de los negocios no cuenta con local, el 74,6 % no usa productos financieros para el negocio y el 63,3 % no cuenta con seguro social para la persona dueña de la actividad económica”.

Así mismo, un informe del Ministerio de Hacienda elaborado en el año 2019, estimaba que el impacto en los ingresos que el Estado tenía por no percibir recursos del impuesto sobre la renta por parte del sector informal representaba poco más de 50 mil millones de colones que correspondían a un 0.15% del Producto Interno Bruto en el año 2018.

Sin duda, se requieren acciones para resolver este problema público. La pregunta importante es, ¿cómo hacerlo?: mediante la vía del castigo y de la imposición, o la vía del incentivo y el estímulo para la formalización.

El estudio de la OCDE sobre el “Mercado Laboral y las Políticas Sociales: Costa Rica 2017”, indicaba que en el país la tasa impositiva de la nómina de seguro social total es de 36.5%, muy por encima del promedio de la OCDE (27.2%). Las cargas patronales son especialmente altas (26.33%) haciendo que los costos laborales no salariales en Costa Rica sean más altos que la mayoría de los países de la OCDE y casi 9 puntos porcentuales por encima del promedio de la OCDE.

En el ll Estudio “Sobre el impacto del COVID-19 en las PYMES” realizado por CELIEM, se logró identificar que alrededor del 30% de las PYMES no se encontraban formalizadas con la Caja Costarricense de Seguro Social, a pesar de haber tomado una muestra de empresas que cuentan con algún nivel de formalidad. Por su parte el INEC, ha indicado que el 63,3 % de las microempresas no cuentan con seguro social. Este escenario, y lo concluido por la OECD, confirma que los costos de la seguridad social y los trámites para la incorporación en la formalización constituye una de las principales causas que inciden en la alta informalidad que tenemos.

Atender una solución al tema de la informalidad debe llevarnos a resolver interpretaciones y aplicaciones de leyes y reglamentos que rigen hoy a la Caja Costarricense de Seguro Social, pero también explorar instrumentos que no siendo nuevos permitan generar un adecuado balance entre los costos y la facilidad de trámites que permitan concretar la formalización. Algunas medidas que son necesarias y urgentes en la atención a la informalidad podrían ser:

- Eliminar la práctica de la retroactividad en el pago de cargas sociales cuando las empresas se formalizan, como resultado de la interpretación que se ha hecho del artículo 3 de la Ley General de Salud, en el artículo 66 del reglamento de esta ley.

- Simplificar los procesos de trámites para la formalización de nuevas empresas y de trámites de operación, comprendiendo el tipo y las condiciones de actividades de las empresas. Hoy los parámetros de inspección que aplican inspectores de la CCSS parecieran más condiciones para negar la formalización que contribuir a ello. Por ejemplo, en la realidad pandémica que vivimos, no debería ser un requisito demostrar un espacio físico donde operan las empresas, la nueva realidad nos muestra que la virtualidad es también un espacio de gestión de las empresas.

- Contemplar una amnistía, tal como se ha propuesto en varias iniciativas de ley en la Asamblea Legislativa, como es el caso del expediente 21.522, con el propósito de incentivar la formalización de las mipymes que han estado operando informalmente, permitiendo condonación de deudas, intereses y multas para un período determinado.

- Implementar el monotributo, como un régimen tributario simplificado que, además de asegurar un pago específico por varios impuestos, también asegura un nivel mínimo de protección social a un número importante de pequeños contribuyentes. Este instrumento que le permitió a Argentina incrementar en un 275% la cantidad de contribuyentes inscritos entre el año 1998 y el 2013; o a Brasil, por medio del régimen SIMPLES, donde la cantidad inscritos pasó de 3.216.995 en el 2009 a 7.946.623 en el 2013 siendo un incremento del 147%, representaría una oportunidad para incorporar instrumentos que son considerados como “puentes transitorios” hacia el régimen general de tributación, para no generar inequidades y distorsiones económicas.

Contribuir de manera pronta con esquemas que favorezcan la formalización no es solo pensar en resolver un problema público, es valorar la oportunidad de generar condiciones para un entorno favorable a la generación de empleo y del crecimiento económico. Es necesario cambiar la mentalidad institucional que permita comprender las realidades que hoy viven las personas emprendedoras nacientes, las micro y pequeñas empresas, y en la realidad que hoy tenemos, pensar en medidas públicas orientadas a la reactivación que no dejen a nadie atrás, pero que muy especialmente estén valoradas en su contribución y aporte al desarrollo económico, social y cultural de nuestras economías.