La creación de una estructura ilegal de financiamiento para campañas políticas podría llevar a los responsables a enfrentar penas de cárcel de entre dos y seis años, según establece el Código Electoral en los artículos 275 y 276.
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Este castigo busca prevenir el uso de mecanismos ilegales que permitan la entrada de recursos de empresas, extranjeros o actividades ilícitas en las campañas políticas.
El caso adquiere relevancia tras conocerse que la Fiscalía General secuestró hoy documentación sobre una supuesta estructura paralela de financiamiento utilizada en la campaña presidencial de Rodrigo Chaves hace cuatro años.
Carlo Díaz, fiscal general, confirmó el decomiso de diez tomos de un informe elaborado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre el financiamiento de la campaña de 2022. Entre los investigados figuran el presidente Rodrigo Chaves, el canciller Arnoldo André, Luz Mary Alpízar, presidenta de Progreso Social, y Waldo Alfaro, diputado de ese partido.
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El fiscal explicó que el TSE levantó secretos bancarios y tributarios como parte de las pesquisas, y que dicha información es clave para la investigación, por lo que pidieron a la Sala III que diera el permiso para secuestrar los documentos este viernes.
“El TSE indicó que esa información no era de acceso público. Por eso, acudimos a la Sala Tercera y solicitamos de manera fundada que nos autorizara el acceso a esa información privada y el secuestro”, indicó Díaz.
Hace un años, los diputados de oposición concluyeron que el presidente Chaves fue uno de los “autores intelectuales” de las dos estructuras de financiamiento paralelas, que se crearon en la campaña para el partido Progreso Social Democrático. Los legisladores investigaron el tema por 1 año y cuatro meses.
Fideicomiso bajo la lupa
El partido investigado defendió previamente la legalidad del fideicomiso Costa Rica Próspera, señalando que este era privado. Argumentaron que la candidatura de Rodrigo Chaves fue ratificada el 19 de septiembre de 2021, un día después de la disolución del fideicomiso, que tuvo lugar el 18 de septiembre de ese mismo año.
Además, aseguraron que el fideicomiso liquidó contratos en curso y devolvió el remanente a los donantes el 8 de octubre de 2021. Sin embargo, la Fiscalía continúa indagando si se violaron las leyes de financiamiento electoral.
La investigación busca determinar si se incurrió en delitos que pudieran comprometer la transparencia del proceso electoral y el uso de recursos en la campaña de Chaves.
Código Electoral
El Código Electoral es claro en sus artículos 275 y 276 en torno a las limitaciones establecidas al financiamiento de los partidos.
Estos son algunos de los elementos más importantes:
- Pena de prisión de dos meses a un año al tesorero que omita llevar un registro de actividades de recaudación de fondos del partido
- Se castigará con cárcel de dos a seis años a quien tenga conocimiento de contribuciones, donaciones o aportes contraviniendo las normas del TSE y no lo denuncie
- Precandidatos oficializados por los partidos, responsables de las campañas o cualquier otro personero que reciba contribuciones, donaciones o cualquier otro tipo de aporte valiéndose de una estructura paralela, será castigado con pena de cárcel de dos a seis años
- Donaciones de empresas y de extranjeros están prohibidas
