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En la medida en que gobierno y prensa entiendan su importancia dentro de una democracia estable y pluralista, habrá mayores posibilidades de evitar que el sistema se deteriore


Un proyecto que nació muerto

El borrador del proyecto de Ley General de Radiodifusión, propuesto por el Micitt, es una iniciativa que cuenta con poco músculo y mucha oposición, no solo por parte de los medios de comunicación, sino de legisladores y la población en general.
La propuesta, que afectaría la libertad de la prensa electrónica, así como a las televisoras y emisoras de radio, promueve sanciones propias de regímenes bolivarianos, castigos que varían según la falta y quedarían a la libre interpretación de personal administrativo de gobierno.
Pese a que es un plan en elaboración y sujeto a cambios, el borrador evidencia una incomodidad del gobierno con el trabajo de la prensa nacional, sumado a sus debilidades para llevar un mensaje de cambio a la población.
La relación entre prensa y gobierno siempre ha estado marcada por tensiones y desacuerdos. La administración Solís Rivera no es la primera en señalar e incentivar un debate de este tipo, que, en lugar de proponer mejoras en el periodismo nacional, pareciera interesada en interpretar, desde su visión oficialista, cuáles son las “buenas costumbres”, qué es una mentira y cuándo un medio “hace un llamado de alarma sin fundamento”.
Sancionar con fuertes multas económicas a la prensa por criterios que, desde su perspectiva de mundo, atentan con la verdad, es poner una mordaza y dar pasos atrás en libertad de prensa.
En la medida en que gobierno y prensa entiendan su importancia dentro de una democracia estable y pluralista, habrá mayores posibilidades de evitar que el sistema se deteriore.
La labor fundamental del periodismo como vigilante de la función pública no puede ser comprometida por un poder ultrasensible a la crítica y a la pluralidad de criterios. Los ejemplos de cierres y sanciones a medios de comunicación en Sudamérica deberían ser advertencia suficiente para poner un freno a cualquier iniciativa de este tipo.
Es cierto que hay mucho por mejorar en el tratamiento de la información y la manera de hacer periodismo en el país. También es evidente que las leyes se añejan con el tiempo y necesitan ajustarse a las realidades de nuestros tiempos.
No obstante, ninguno de estos factores debería poner en tela de duda la independencia y libertad de la prensa para hacer su trabajo.

 

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