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Martes 10 Noviembre, 2015

Este encrespamiento popular no es exclusivo de Costa Rica, un malestar recorre el planeta

Un llamado anónimo a la sedición

El anónimo llamado a las calles con el fin de manifestar un enojo parece inofensivo y hasta atractivo, para un sector de la población que se encuentra, con razón, molesta, decepcionada, traicionada por la inoperancia de un Estado anquilosado y anacrónico que arrastra errores, injusticias y abusos y se alimenta de la inexperiencia y la incapacidad para enfrentar los retos de hoy.
Este encrespamiento popular no es exclusivo de Costa Rica, un malestar recorre el planeta; esta indignación social se ha manifestado en Túnez, con la llamada Primavera Árabe; en España con los “Indignados, el Movimiento Occupy, las manifestaciones en Chile y recientemente en Guatemala por mencionar algunos. No hay duda que Costa Rica, por su parte, tiene grandes retos en materia de desigualdad, inequidad y pobreza extrema; enfrentamos enormes desafíos en el campo fiscal, generación de empleo, marginación de grupos vulnerables, exclusión de miles de jóvenes del sistema educativo e infraestructura.


En materia de seguridad, es evidente y preocupante la penetración del narcotráfico y el aumento en la criminalidad que, sin embargo, aún está por debajo de países como Honduras o Guatemala. Esto no significa que debamos conformarnos o confiarnos, por el contrario, la complejidad de los temas que nos afectan demanda que los costarricenses nos unamos para encontrar soluciones, no para propiciar que se violente la institucionalidad.
Arrogarse la representación de un pueblo va en contra de lo dispuesto en el artículo 4 de nuestra Constitución y se considera un acto de sedición, más cuando es claro que existe un intrínseco propósito que va más allá de mostrar un malestar, cual es atentar contra la institucionalidad representada en un Gobierno electo popularmente y legitimado con un amplio respaldo en las urnas al cual se quiere derrocar pues la revocatoria del mandato presidencial no está contemplada en la Carta Magna.
Se puede o no estar de acuerdo con las decisiones que el Ejecutivo ha venido tomando, se puede reclamar falta de capacidad en el manejo político, se pueden señalar discrepancias, errores, hasta ineficiencia, pero lo cierto es que su actuación no justifica, de manera alguna, atentar contra la institucionalidad.
Uno puede comprender la frustración de la ciudadanía que demanda un mayor liderazgo ante un sistema político que parece estar agotado; se puede exigir una revisión, una valoración que muestre claramente las limitaciones, la funcionalidad, los excesos y abusos de los cuales adolece nuestro sistema presidencial y hasta contrastar sus fortalezas vs. un sistema parlamentario; se pueden exigir cambios, reestructuración, pero lo que no se puede o debe aceptar es que esta sea la excusa para transgredir la ley y atentar contra el Estado.
Los reclamos y demandas son válidos, lo que no merece nuestra Democracia Bicentenaria es verse amenazada por grupos que se esconden en el anonimato y manipulan el descontento para satisfacer no sé qué intereses.

Rafael Ángel Calderón Fournier
Ex presidente de la República