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Un tribunal federal de apelaciones rechazó el viernes una solicitud del gobierno de Donald Trump para permitirle seguir adelante con la eliminación de la protección legal temporal de unos 350.000 migrantes venezolanos que quedarían en riesgo de deportación inminente.
El Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de EE.UU., con sede en San Francisco, se negó a suspender la orden del 31 de marzo de un juez de primera instancia que detenía la decisión de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin al estatus temporal concedido a algunos venezolanos.
Un panel de tres jueces del tribunal dijo que la administración Trump no había demostrado que sufriría un daño irreparable si se mantiene el fallo del tribunal inferior mientras se tramita su apelación.
La medida para poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos es parte de la ola de restricciones a la migración impulsada por Trump desde que regresó a la Casa Blanca, y la decisión del viernes marca el último revés legal para su agenda.
En otro caso, un juez dictaminó que los funcionarios podrían enfrentar cargos de desacato penal por violar su orden de detener las deportaciones de presuntos miembros de una banda criminal venezolana.
El TPS está disponible para personas cuyo país de origen ha experimentado un desastre natural, un conflicto armado u otro evento extraordinario.
La decisión del 9º Circuito se produjo en respuesta a una demanda presentada por varios venezolanos que viven en Estados Unidos y la Alianza Nacional TPS, que aboga por los inmigrantes a los que se les ha concedido el estatus de protección temporal.
Los demandantes impugnaron la decisión de Noem del 3 de febrero de poner fin al TPS para unos 348.000 de los aproximadamente 600.000 inmigrantes venezolanos en el programa, cuya vigencia iba hasta el 7 de abril.
Si el TPS hubiera concluido, todos ellos quedarían en riesgo de deportación y de perder sus permisos de trabajo. El resto de los venezolanos en el programa podrían perder su estatus legal y los beneficios asociados en septiembre.
Se han presentado al menos otras cuatro demandas que impugnan la terminación de las protecciones del TPS para venezolanos y haitianos aprobadas durante la presidencia del demócrata Joe Biden.
El gobierno de Biden concedió por primera vez el TPS a los venezolanos en 2021, citando los altos niveles de delincuencia en Venezuela relacionados con la inestabilidad política y económica bajo el presidente Nicolás Maduro.
Días antes de que Biden dejara el cargo en enero, el Departamento de Seguridad Nacional extendió el programa hasta octubre de 2026.
Noem se movió rápidamente para revertir esa decisión después de asumir el cargo.
En un fallo del 31 de marzo, el juez de distrito Edward Chen dijo que la decisión de Noem de poner fin a las protecciones existentes para los migrantes no tenía precedentes en los 35 años del programa TPS.
Dijo que los demandantes habían establecido la probabilidad de tener éxito en su intento de demostrar que Noem carecía de autoridad legal para anular la decisión tomada en la era Biden y había sido motivada por un ánimo inconstitucional contra los venezolanos.
El juez, designado por el presidente demócrata Barack Obama, citó declaraciones públicas de Noem y Trump sobre los titulares de TPS venezolanos en las que insinuaban que eran criminales y representaban una carga económica para Estados Unidos.
"La generalización de la criminalidad asociada la población venezolana de TPS en su conjunto es infundada y huele a racismo basado en estereotipos falsos generalizados", escribió Chen.
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