Un Poder Judicial enajenado

Esta semana el Poder Judicial, representado por la Corte Plena que integran los 22 magistrados de las cuatro salas, emitió su pronunciamiento sobre el expediente 20.580. Por mayoría, la Corte Plena acordó pronunciarse en contra alegando que la posible ley afectaría su funcionamiento e independencia como Poder de la República, por los siguientes motivos:

1.        Que la regla fiscal afectaría su presupuesto en una eventual situación de crisis (como en la que estamos ahora).

2.        Que los lineamientos del Servicio Civil y de MIDEPLAN para otorgar beneficios salariales afectan y subordinan su independencia.

3.        Que el proyecto restringe y pone ciertos límites en materia salarial y de pluses al Poder Judicial, y esto afectaría su funcionamiento.

En síntesis, no importa qué tan crítica sea la situación presupuestaria del Estado, aún en situaciones de crisis donde lo que recauda el Estado no alcanza, el presupuesto (y con ello, los salarios) del Poder Judicial no se podrán tocar, usando como argumento la independencia de poderes. Esto es terrible.

Estamos totalmente de acuerdo con que la división e independencia de poderes es condición indispensable en una democracia sana, pero lo que está haciendo el Poder Judicial es estirar ese principio para no tener responsabilidad alguna en un escenario en que las finanzas del Estado no aguantan y que otros sean los que tengan que ajustarse. Ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo pretenden someter al Judicial a ninguna clase de subordinación con el proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Lo que se pretende es que el Poder Judicial se conecte a la realidad: si su presupuesto viene de las arcas del Estado y el Estado se está quedando sin ingresos suficientes para el gasto que enfrenta, hay que ajustar no solo los ingresos, sino también el gasto, porque la diferencia es demasiado grande. Es totalmente intransigente que, ante una realidad meramente matemática de insuficiencia presupuestaria, el Poder Judicial aun así exija que su presupuesto y salarios no se toquen, y use su poder como contrapeso para impedir que un proyecto tan necesario se convierta en ley. En otras palabras, que sean otros los que se ajusten, pero ellos no. De acuerdo con su lógica, si el Poder Judicial toma conciencia de la realidad macroeconómica del país, sería someter su independencia.

Ayer escuchamos a varios magistrados que mostraron tener poco conocimiento de lo que implica una crisis financiera y monetaria como la que tenemos encima por nuestro grave desbalance fiscal. Resulta muy peligroso que esos magistrados se rehúsen a escuchar criterios con fundamento y simplemente no estén dispuestos a ceder en nada sobre el tremendo gasto que representa el Poder Judicial para nuestro Estado. Tuvimos incluso que escuchar al Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, con grave cinismo, llamarse a sí mismo como parte de la “clase media” (cuando su ingreso supera en unas 20 veces el ingreso promedio de los hogares justamente en los deciles intermedios de la distribución) y evadir toda responsabilidad sobre la crisis fiscal y la pobreza en el país.

Yo genuinamente creo que todos en esta sociedad tenemos un poco de responsabilidad por los niveles de pobreza y de desbalance económico del país. Aún más esperaría que asumiera algo de responsabilidad y de interés una persona que ha ejercido una magistratura en uno de los tres Poderes de la República por tantos años. Qué grave es tener en esos cargos personas a las que les importa poco la estabilidad económica del país y los niveles de bienestar social, sino que están allí por su elevada remuneración y por su cómodo presupuesto institucional. Los salarios de los magistrados del Poder Judicial oscilan entre los 7 y los 9 millones mensuales, alrededor del doble que el del Presidente de la República o que los de los Diputados. Es completamente injustificable decir que, porque salarios que superen los 5,3 millones sean congelados, la labor de un magistrado se verá comprometida. Lo que se verá comprometido es la velocidad con que el magistrado se estaba enriqueciendo. Porque sí, salarios que exceden los 4 o 5 millones lo que generan son millonarios en el largo plazo: una capacidad de ahorro muy importante que les permite adquirir activos financieros o propiedades que les generarán rentas por el resto de su vida, y con ello, multiplicar su ingreso.

Las jerarquías en el Estado deben estar bien remuneradas, pero esa remuneración no debe ser para enriquecerse, sino para pagar una labor de gran responsabilidad; mucho menos en un contexto en que el Estado está al borde del colapso. Nadie que ejerce un cargo de jerarquía en el Estado debería tener un salario que le permita enriquecerse, mucho menos en una magistratura, la cual por mucho excede los cuatro años. Es injusto e inmoral. Como lo es considerarse de clase media estando en esas condiciones.

Lo cierto es que ni el congelamiento de salarios, ni la limitación presupuestaria en época de crisis (cosa que es hasta de sentido común), ni los lineamientos para otorgar pluses (que los que da MIDEPLAN son recomendaciones, pero el Poder Judicial puede establecer sus propios criterios) limitan, restringen ni dificultan la labor del Poder Judicial. Su trabajo seguirá caminando de la misma forma. Lo que hacen es conectarla con un Estado que sí pueda financiar su gasto. Un gasto razonable y justificado, no las cifras tan elevadas y antojadizas que rigen hoy.

Estamos viviendo algo muy peligroso: como dijo el abogado Diego González, estamos ante un Poder Judicial que se comporta como gremio, que lo que busca es defender sus condiciones laborales, pero que utiliza su rango de Poder de la República para quitarle la posibilidad a la Asamblea Legislativa de hacer lo que le concierne: legislar. Cuando lo que corresponde para el Poder Judicial es autocontenerse y permitir al Poder Legislativo realizar los ajustes que hagan que los ingresos y gastos del Estado tengan coherencia y razonabilidad. Y, sobre todo, los ajustes para evitar caernos por el desfiladero financiero y monetario.